Luis Nicolas Aguila Solis
Expediente 1091/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Nicolas Aguila Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (fojas 137 a 140), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del uno al veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, sin que lo realizaran. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso Luis Nicolás Águila Solís, mediante el cual se inconforma con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla al fallo protector; en tal virtud y, atento a que el estado procesal que guardan los presentes autos así lo permite, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo fue acatada o no por la indicada autoridad responsable. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 48 a 65), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Luis Nicolás Águila Solís, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el peticionario del amparo, en contra del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitido dentro del proceso penal 380/2016. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero que deberá ser congruente con la materia del recurso planteado y que resuelva integralmente sobre los agravios formulados, precisados en esta sentencia, purgando desde luego de forma fundada y motivada las incoherencias e incongruencias apuntadas en este fallo". Por otro lado, en proveído de quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 79 a 81), se declaró que la referida sentencia, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En tales condiciones, el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante oficio número 02/2019/S-PAR de diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 91 a 94), remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa misma fecha dentro de la causa penal 380/2016 de su índice, con la cual pretendía dar cumplimiento al fallo dictado en este juicio. Sin embargo, mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, se determinó que dicha determinación no siguió a cabalidad los lineamientos dados por esta autoridad Federal, por lo que no se tuvo por cumplida la sentencia y se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector. En ese orden, mediante oficio número 176/2019/S-PAR de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 120 a 124), el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa data dentro de la causa penal 380/2016 de su índice; documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de octubre de dos mil dieciocho, así como la diversa de diecisiete de enero de dos mil diecinueve; y, 2. En su lugar, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, dictó una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, por una parte, declaró fundado uno de los agravios hechos valer por el recurrente -aquí quejoso-, modificando únicamente la fecha del auto impugnado, y por otra, analizando el resto de los agravios formulados, determinó no revocar el acuerdo recurrido. Ahora bien, se afirma que la responsable acató los lineamientos del fallo protector, pues de forma integral, contestó cada uno de los agravios hechos valer por el aquí quejoso, y purgó fundada y motivadamente las incongruencias apuntadas en la sentencia amparadora, del modo siguiente: - En atención al primer agravio hecho valer por el recurrente -aquí quejoso-, la autoridad responsable refirió que no le asistía la razón al promovente, toda vez que él mismo reconoció textualmente en su escrito de veinte de julio del dos mil dieciocho, lo siguiente: ".efectivamente el suscrito licenciado Luis Nicolás Águila Solís no asistí a dicha diligencia..", por lo que era evidente el reconocimiento de su actuar, máxime que tampoco justificó su inasistencia; y, respecto al escrito que presentó el procesado, indicó que éste fue acordado en el sentido de requerirlo para que en el término de cinco días ratificara el mismo, lo que hacía evidente que en el momento del desahogo de la diligencia antes señalada, el recurrente -aquí quejoso- era la única persona que tenía plenamente reconocida su personalidad como defensor del sujeto a proceso. -Respecto al segundo y tercer agravios, la autoridad responsable refirió que, suponiendo sin conceder, que el licenciado Jesús Márquez Téllez, hubiera comparecido a la mencionada diligencia de careos, éste se encontraba imposibilitado jurídicamente para asistir al sujeto a proceso, toda vez que el escrito por el cual se solicitó su designación no se había acordado en ese momento, ya que se encontraba transcurriendo el termino de cinco días concedido a Jorge Osvaldo Priego Neri, para que ratificara el contenido de éste; además que, el profesionista que fuese designado debía tener conocimiento de la causa penal a fin de que se encontrara en aptitud de brindar una adecuada defensa y no dejar en estado de indefensión a la parte encausada. Atinente a la certificación de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable indicó que las manifestaciones vertidas por el recurrente no fueron sustentadas con ningún medio de prueba que acreditara su dicho, y señaló que si el licenciado Jesús Márquez Téllez, efectivamente hubiese asistido ante la secretaria de acuerdos de su adscripción, dado que en ese momento se encontraba presente el sujeto a proceso Jorge Osvaldo Priego Neri, este último pudo ejercer su derecho a señalarlo como su defensor, circunstancia que no aconteció, motivo por el cual no le asiste la razón al recurrente. - En atención al cuarto agravio, la responsable lo declaró fundado, por lo que ordenó la modificación, única y exclusivamente, por lo que hace a la fecha de emisión del acuerdo de 'veintinueve de mayo de dos mil dieciocho', fechándolo el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; pues refirió que efectivamente existió una contradicción e inconsistencia de las fechas de las actuaciones aludidas, sin que tal error de captura invalidara la actuación de que se habla, pues de autos advirtió que la certificación de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, fue firmada por el sujeto a proceso y por la agente del Ministerio Público de su adscripción; además que, según refirió, el acuerdo recurrido también fue firmado por el aquí quejoso, motivo por el cual se estima que tuvo conocimiento de dicha actuación, tan es así, que la impugnó haciendo valer tales inconsistencias Lo anterior, lo apoyó con la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de rubro: "Errores mecanográficos, de captura o informática y omisiones en el acta de audiencia o diligencia respectivas. Las partes no pueden impugnar su validez si la firmaron de conformidad.". En tales condiciones, por las razones expuestas, es evidente que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, atendió de forma congruente a cada uno de los agravios planteados por el recurrente y, con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió lo que estimó procedente. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, no se desatienden las manifestaciones vertidas por el quejoso Luis Nicolás Águila Solís en su escrito de cuenta, en torno a que la ejecutoria de amparo no está debidamente cumplida, pues según refiere, la responsable no analizó de forma particular y congruente los agravios que, en su momento, hizo valer; sin embargo, tal y como fue desglosado y explicado previamente, el juez encargado del cumplimiento sí atendió a cada uno de los agravios expuestos de forma congruente; máxime que, contrario a lo que asevera, la autoridad responsable sí declaró fundado uno de los agravios que hizo valer y modificó la parte conducente del acuerdo impugnado. Además, dígase al demandante constitucional que las consideraciones que a su arbitrio tomó en cuenta la autoridad responsable para dictar la resolución de seis de febrero del año en curso, no podrían ser analizadas en este momento, al no haber sido materia de estudio en el fallo protector, pues como ya se dijo, se otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción en su actuación, y fue en uso de esa libertad que sustentó las consideraciones que ahora se combaten; por lo que, este Juzgado Federal está impedido para analizar la legalidad o no de las razones que sustentan dicha determinación, pues en todo caso aquéllas tendrían que ser estudiadas en un diverso juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "QUEJA. IMPROCEDENCIA DE LA, CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO ÉSTA DEVUELVE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PLENA JURISDICCIÓN. Si la ejecutoria de la Justicia Federal devuelve a la autoridad responsable su plena jurisdicción, contra la nueva resolución que ésta dicte en cumplimiento del amparo concedido no procede el recurso de queja sino el juicio constitucional." (...)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso Luis Nicolás Águila Solís, mediante el cual se inconforma con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla al fallo protector; en tal virtud y, atento a que el estado procesal que guardan los presentes autos así lo permite, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo fue acatada o no por la indicada autoridad responsable. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 48 a 65), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Luis Nicolás Águila Solís, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el peticionario del amparo, en contra del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitido dentro del proceso penal 380/2016. b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, emita una nueva resolución que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero que deberá ser congruente con la materia del recurso planteado y que resuelva integralmente sobre los agravios formulados, precisados en esta sentencia, purgando desde luego de forma fundada y motivada las incoherencias e incongruencias apuntadas en este fallo". Por otro lado, en proveído de quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 79 a 81), se declaró que la referida sentencia, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En tales condiciones, el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, mediante oficio número 02/2019/S-PAR de diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 91 a 94), remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa misma fecha dentro de la causa penal 380/2016 de su índice, con la cual pretendía dar cumplimiento al fallo dictado en este juicio. Sin embargo, mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, se determinó que dicha determinación no siguió a cabalidad los lineamientos dados por esta autoridad Federal, por lo que no se tuvo por cumplida la sentencia y se requirió nuevamente el cumplimiento del fallo protector. En ese orden, mediante oficio número 176/2019/S-PAR de seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 120 a 124), el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución pronunciada en esa data dentro de la causa penal 380/2016 de su índice; documental con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se aprecia que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de octubre de dos mil dieciocho, así como la diversa de diecisiete de enero de dos mil diecinueve; y, 2. En su lugar, con la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada, el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, dictó una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, por una parte, declaró fundado uno de los agravios hechos valer por el recurrente -aquí quejoso-, modificando únicamente la fecha del auto impugnado, y por otra, analizando el resto de los agravios formulados, determinó no revocar el acuerdo recurrido. Ahora bien, se afirma que la responsable acató los lineamientos del fallo protector, pues de forma integral, contestó cada uno de los agravios hechos valer por el aquí quejoso, y purgó fundada y motivadamente las incongruencias apuntadas en la sentencia amparadora, del modo siguiente: - En atención al primer agravio hecho valer por el recurrente -aquí quejoso-, la autoridad responsable refirió que no le asistía la razón al promovente, toda vez que él mismo reconoció textualmente en su escrito de veinte de julio del dos mil dieciocho, lo siguiente: ".efectivamente el suscrito licenciado Luis Nicolás Águila Solís no asistí a dicha diligencia..", por lo que era evidente el reconocimiento de su actuar, máxime que tampoco justificó su inasistencia; y, respecto al escrito que presentó el procesado, indicó que éste fue acordado en el sentido de requerirlo para que en el término de cinco días ratificara el mismo, lo que hacía evidente que en el momento del desahogo de la diligencia antes señalada, el recurrente -aquí quejoso- era la única persona que tenía plenamente reconocida su personalidad como defensor del sujeto a proceso. -Respecto al segundo y tercer agravios, la autoridad responsable refirió que, suponiendo sin conceder, que el licenciado Jesús Márquez Téllez, hubiera comparecido a la mencionada diligencia de careos, éste se encontraba imposibilitado jurídicamente para asistir al sujeto a proceso, toda vez que el escrito por el cual se solicitó su designación no se había acordado en ese momento, ya que se encontraba transcurriendo el termino de cinco días concedido a Jorge Osvaldo Priego Neri, para que ratificara el contenido de éste; además que, el profesionista que fuese designado debía tener conocimiento de la causa penal a fin de que se encontrara en aptitud de brindar una adecuada defensa y no dejar en estado de indefensión a la parte encausada. Atinente a la certificación de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable indicó que las manifestaciones vertidas por el recurrente no fueron sustentadas con ningún medio de prueba que acreditara su dicho, y señaló que si el licenciado Jesús Márquez Téllez, efectivamente hubiese asistido ante la secretaria de acuerdos de su adscripción, dado que en ese momento se encontraba presente el sujeto a proceso Jorge Osvaldo Priego Neri, este último pudo ejercer su derecho a señalarlo como su defensor, circunstancia que no aconteció, motivo por el cual no le asiste la razón al recurrente. - En atención al cuarto agravio, la responsable lo declaró fundado, por lo que ordenó la modificación, única y exclusivamente, por lo que hace a la fecha de emisión del acuerdo de 'veintinueve de mayo de dos mil dieciocho', fechándolo el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; pues refirió que efectivamente existió una contradicción e inconsistencia de las fechas de las actuaciones aludidas, sin que tal error de captura invalidara la actuación de que se habla, pues de autos advirtió que la certificación de la diligencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, fue firmada por el sujeto a proceso y por la agente del Ministerio Público de su adscripción; además que, según refirió, el acuerdo recurrido también fue firmado por el aquí quejoso, motivo por el cual se estima que tuvo conocimiento de dicha actuación, tan es así, que la impugnó haciendo valer tales inconsistencias Lo anterior, lo apoyó con la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de rubro: "Errores mecanográficos, de captura o informática y omisiones en el acta de audiencia o diligencia respectivas. Las partes no pueden impugnar su validez si la firmaron de conformidad.". En tales condiciones, por las razones expuestas, es evidente que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, atendió de forma congruente a cada uno de los agravios planteados por el recurrente y, con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió lo que estimó procedente. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, no se desatienden las manifestaciones vertidas por el quejoso Luis Nicolás Águila Solís en su escrito de cuenta, en torno a que la ejecutoria de amparo no está debidamente cumplida, pues según refiere, la responsable no analizó de forma particular y congruente los agravios que, en su momento, hizo valer; sin embargo, tal y como fue desglosado y explicado previamente, el juez encargado del cumplimiento sí atendió a cada uno de los agravios expuestos de forma congruente; máxime que, contrario a lo que asevera, la autoridad responsable sí declaró fundado uno de los agravios que hizo valer y modificó la parte conducente del acuerdo impugnado. Además, dígase al demandante constitucional que las consideraciones que a su arbitrio tomó en cuenta la autoridad responsable para dictar la resolución de seis de febrero del año en curso, no podrían ser analizadas en este momento, al no haber sido materia de estudio en el fallo protector, pues como ya se dijo, se otorgó a la responsable plenitud de jurisdicción en su actuación, y fue en uso de esa libertad que sustentó las consideraciones que ahora se combaten; por lo que, este Juzgado Federal está impedido para analizar la legalidad o no de las razones que sustentan dicha determinación, pues en todo caso aquéllas tendrían que ser estudiadas en un diverso juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "QUEJA. IMPROCEDENCIA DE LA, CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO ÉSTA DEVUELVE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PLENA JURISDICCIÓN. Si la ejecutoria de la Justicia Federal devuelve a la autoridad responsable su plena jurisdicción, contra la nueva resolución que ésta dicte en cumplimiento del amparo concedido no procede el recurso de queja sino el juicio constitucional."
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio signado por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual remite réplica autorizada de la resolución pronunciada en la causa penal 380/2016 de su índice, por la que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo aquí emitida. En tal sentido, con el contenido de la determinación emitida que envía el juez responsable en copia autorizada, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado por el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidos que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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