Luis Murillo Gutiérrez
Expediente 534/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Murillo Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 15 DE JULIO DE 2019, QUE EN SÍNTESIS DICE: "....Vista la certificación secretarial de cuenta, se observa que feneció el plazo de cinco días previsto para recurrir el auto de uno de julio del actual, en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.-Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente:-a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído.-b) Este asunto no se considera de relevancia documental.- c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Por otra parte, en autos obran documentos en copia autógrafa y certificada; requiérase al solicitante de amparo para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado, a recoger dicha documentación, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa...."
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se observa que feneció el plazo de cinco días previsto para recurrir el auto de uno de julio del actual, en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.-Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente:-a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído.-b) Este asunto no se considera de relevancia documental.- c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Por otra parte, en autos obran documentos en copia autógrafa y certificada; requiérase al solicitante de amparo para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado, a recoger dicha documentación, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso Luis Murillo Gutiérrez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por auto de doce de junio del año en curso. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Cabe precisar que el acto reclamado es la ejecución de la sentencia dictada en el juicio sumario civil M165/2018 sobre arrendamiento inmobiliario del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, específicamente la entrega material del inmueble ubicado en calle Tomatlán, número 487, letra A, esquina con Boulevard Mariano J. García, colonia 12 de Diciembre de Irapuato, Guanajuato, así como la admisión del incidente de liquidación. En ese sentido, el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Este dispositivo legal prevé la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: a) Un supuesto general referido a los actos realizados fuera del juicio o después de concluido. b) Supuestos específicos: 1 En primer lugar, actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. 2. Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. El contenido del artículo 107, fracción IV, último párrafo, a diferencia de la ley abrogada precisa lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución y, en el caso de remate, ya no le dio esa calidad a la resolución que lo aprueba o desaprueba, pues ahora la confirió a la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con esto, la intención del legislador ordinario fue la de evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que aquel consideró constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Bajo ese contexto, resulta improcedente el presente juicio, toda vez que en el juicio de origen, todavía no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. De ahí que el juicio de origen del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, que por regla general no debe paralizarse y la procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en la etapa de ejecución, entendiéndose ésta como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. En el caso se ordenó la entrega material del inmueble ubicado en calle Tomatlán, número 487, letra A, esquina con Boulevard Mariano J. García, colonia 12 de Diciembre de Irapuato, Guanajuato, pero la sentencia no se ha declarado cumplida ni se ha declarado la imposibilidad para cumplirla u ordenado su archivo; por tanto, la procedencia de la presente instancia constitucional aún no se colma, pues, se reitera, aún no se da alguna de las hipótesis previstas por el legislador. Cabe destacar que cuando el quejoso se ostente como tercero extraño al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados. Empero, el solicitante del amparo no es tercero extraño a juicio, pues Luis Murillo Gutiérrez tiene reconocido el carácter de demandado en el juicio sumario civil M-165/2018 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad y contestó la demanda instaurada en su contra, por lo que se vinculó a la relación jurídico procesal, como admite el propio quejoso en su demanda de amparo en el capítulo de antecedentes. En cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, sólo puede instarse a ella en dos casos, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional, o cuando, se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracciones IV, párrafos segundo y tercero, y VI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, por tanto, debe actualizarse alguna de estas hipótesis para que pueda procederse a la vía del amparo biinstancial, situación que en el presente asunto, como se dejó dicho no acontece, toda vez que el promovente es parte demandada y fue emplazado en el juicio de origen e intervino en el sumario. Por otra parte, en la contradicción de tesis 215/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo resuelto en el juicio de origen adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En la especie, la desposesión o entrega material del inmueble ubicado en calle Tomatlán, número 487, letra A-B, esquina con Boulevard Mariano J. García, colonia 12 de Diciembre de Irapuato, Guanajuato. (etapa en la cual se encuentra el procedimiento de origen), no genera una violación de los derechos sustantivos consagrados a favor del peticionario en la ley fundamental, que no sea consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, sino que, por el contrario, el primer acto se enmarca en una de las etapas integrantes del procedimiento de ejecución. De igual manera la admisión del incidente de liquidación planteado por la actora, tampoco es un acto de imposible reparación; esto es, que afecte materialmente un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, entiéndase en el caso, independiente de lo ya resuelto en la sentencia emitida en el juicio de origen. Es decir, el quejoso debe esperar a que culmine el procedimiento incidental y, en su caso, reclamar la interlocutoria que lo resuelva, destacando las violaciones procesales que se hubieren cometido y que estimen les causa perjuicio. Apoya a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia P./J. 38/2001 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en Tomo XIII, Abril de 2001 Página: 5 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro: 190037 de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." En tales condiciones, no se actualiza la excepción relativa a que el acto infrinja directamente derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia del Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, de texto y rubro siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Luis Murillo Gutiérrez, en términos del diverso 113 de la ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por Jacobo Salvador García Sandoval, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento de doce de junio del año en curso; sin embargo, no ha lugar a tener satisfecho dicho requerimiento, pues la prevención no fue desahogada por el directamente quejoso. Se explica. El señalamiento de actos reclamados exige que su precisión provenga directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal, pues es el titular de la acción constitucional el único legitimado para decidir cuáles actos son los que, en su concepto, le ocasionan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. El artículo 12 de la Ley de Amparo permite que el quejoso o el tercero interesado autoricen a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, el artículo en comento no legítima a los autorizados para realizar cualquier acto a nombre del quejoso, pues únicamente les confiere autorización para que realicen aquellos que sean necesarios para la defensa del quejoso o del tercero interesado, pero no tratándose de un requisito intrínseco de la acción que sólo corresponde al quejoso, tales como la protesta de decir verdad, señalamiento de autoridades responsables o de acto reclamado. De ahí que el autorizado no pueda realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación debe ser congruente con las demás reglas que rigen el juicio de amparo, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. Entonces, la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, el cumplimiento de una prevención que versa sobre la precisión de actos reclamados también debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, en tanto que en virtud de ello se determina cual es el acto reclamado en el juicio de amparo. Por tanto, el cumplimiento de prevención que nos ocupa, no fue promovida por la persona directamente agraviada (quejoso o su representante legal), es evidente que es improcedente. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1ª./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 68, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". Así como la jurisprudencia 1ª./J. 50/2014 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2007285, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por último, hágase del conocimiento del quejoso que aún no fenece el término concedido en auto de doce de junio del año en curso, pues dicho auto le fue notificado de manera personal el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, y al haber atendido al requerimiento el veinte de junio del actual, quedan vigentes cuatro días, que se computarán a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Asimismo, se precisa que para cumplir tal prevención deberá exhibir el original y seis copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, las que se distribuirán de la siguiente forma: una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación, una para cada autoridad responsable, que en el caso son dos y dos para el incidente de suspensión que solicita.
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