Luis Montes Cabrera
Expediente 318/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Luis Montes Cabrera
- Luis Montes Cabrera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días, que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de revisión contra el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer. En consecuencia, con apoyo en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado el auto de referencia para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA)Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Escuela primaria federal José María Morelos y Pavón, con residencia en Cacahoatán, Chiapas, por medio del cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de septiembre de la presente anualidad, informa que en ningún momento les fue negada la inscripción de los niños menores con iniciales los menores de iniciales L.R.M.N., M.I.M.N, y L.M.M.N., a la citada escuela, al ciclo escolar correspondiente al 2021-2022, adjuntando copias de inscripción y boletas de calificaciones, recibidas a por parte del tutor correspondiente. Al respecto, se toma nota de lo informado y se deja sin efectos el apercibimiento con que se conminó a la autoridad en citada fecha. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del estado de autos, se desprende que el acto reclamado en esta instancia promovido por Luis Montes Cabrera, en representación de sus menores hijos identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N, se hace consistir en: La negativa de permitir la inscripción al nuevo ciclo escolar a sus menores hijos identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N. Acto que se lo atribuye a las siguientes autoridades responsables: 1. Director de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón con residencia en Cacahoatán, Chiapas y;2. Secretaría de Educación, Subsecretaria de Educación Federalizada, Dirección de Educación Primaria a través de la Supervisión Escolar 012, con residencia en Cacahoatán, Chiapas. Ahora, en el caso, este juzgador estima que, en relación a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados, disposición la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ... En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso en particular, la parte peticionaria de amparo reclama como acto sustancial la negativa de permitir la inscripción al nuevo ciclo escolar a sus menores hijos identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N. En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por el Director de la Escuela "José María Morelos Y Pavón", Con Residencia en Cacahoatán, Chiapas, mediante oficio de esta propia fecha, se advierte que los menores identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N, se encuentran ya inscritos en el presente ciclo escolar 2021-2022; que en escrito de fecha dos de septiembre de este año, el tutor Luis Montes Cabrera, recibió la entrega de las cartillas originales de evaluación del ciclo escolar 2020- 2021 de sus menores hijos y; se remitieron las boletas de evaluación de los menores que anteceden, así como sus respectivas calificaciones. Asimismo, en el informe de cuenta, la autoridad responsable anexa a este órgano de control el Reporte de Inscripciones y Reinscripciones para el ciclo escolar 2021- 2022, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual, los menores de iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N, se encuentran en sexto grado grupo A; quinto grado grupo A y; primer grado grupo A, todos en turno matutino, respectivamente. De lo que se advierte que la inscripción de los menores fue posterior a la presentación de la demanda, que fue el veintiséis de julio del año en curso. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del indicado acto, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues con esta propia fecha, la autoridad responsable Director de la Escuela "José María Morelos Y Pavón", Con Residencia En Cacahoatán, Chiapas, informó que los quejosos se encuentran inscritos y que en ningún momento les fue negada la inscripción a dicha escuela, como lo acredita con el registro oficial de sistema educativo de Chiapas, en donde ya están capturados administrativamente y, por ende, inscritos oficialmente en la escuela. De ahí que si los quejosos ya se encuentran inscritos en el ciclo escolar 2021-2022, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues es evidente que han quedado destruidos los efectos de los actos violatorios de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que es evidente que, como quedó apuntado en párrafos que anteceden han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene1 : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80Jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011. de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente 2: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son 3: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61Jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210. 3Tesis de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71. 4Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que, conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Ahora, si bien es cierto que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no tiene verificativo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, ello no irroga perjuicio alguno al quejoso, toda vez que no es privado del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de causas notorias, manifiestas e indudables, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aun con la celebración de la audiencia constitucional podrían desvirtuarse la causa de improcedencia de que se viene hablando; de ahí que resulte innecesario y, en todo caso, contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a resolver el presente juicio de amparo, hasta el momento en que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son5 : "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en 5Jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, noviembre de 2006, página 991. cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, nueve horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.veintiuno, asistido del secretario que autoriza, Roberto Santacruz Morales, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de la Escuela primaria federal José María Morelos y Pavón, con residencia en Cacahoatán, Chiapas, por medio del cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de septiembre de la presente anualidad, informa que en ningún momento les fue negada la inscripción de los niños menores con iniciales los menores de iniciales L.R.M.N., M.I.M.N, y L.M.M.N., a la citada escuela, al ciclo escolar correspondiente al 2021-2022, adjuntando copias de inscripción y boletas de calificaciones, recibidas a por parte del tutor correspondiente. Al respecto, se toma nota de lo informado y se deja sin efectos el apercibimiento con que se conminó a la autoridad en citada fecha. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del estado de autos, se desprende que el acto reclamado en esta instancia promovido por Luis Montes Cabrera, en representación de sus menores hijos identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N, se hace consistir en: La negativa de permitir la inscripción al nuevo ciclo escolar a sus menores hijos identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N. Acto que se lo atribuye a las siguientes autoridades responsables: 1. Director de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón con residencia en Cacahoatán, Chiapas y; 2. Secretaría de Educación, Subsecretaria de Educación Federalizada, Dirección de Educación Primaria a través de la Supervisión Escolar 012, con residencia en Cacahoatán, Chiapas. Ahora, en el caso, este juzgador estima que, en relación a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados, disposición la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ... En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso en particular, la parte peticionaria de amparo reclama como acto sustancial la negativa de permitir la inscripción al nuevo ciclo escolar a sus menores hijos identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N. En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por el Director de la Escuela "José María Morelos Y Pavón", Con Residencia en Cacahoatán, Chiapas, mediante oficio de esta propia fecha, se advierte que los menores identificados con las iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N, se encuentran ya inscritos en el presente ciclo escolar 2021-2022; que en escrito de fecha dos de septiembre de este año, el tutor Luis Montes Cabrera, recibió la entrega de las cartillas originales de evaluación del ciclo escolar 2020- 2021 de sus menores hijos y; se remitieron las boletas de evaluación de los menores que anteceden, así como sus respectivas calificaciones. Asimismo, en el informe de cuenta, la autoridad responsable anexa a este órgano de control el Reporte de Inscripciones y Reinscripciones para el ciclo escolar 2021- 2022, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual, los menores de iniciales L.R.M.N., M.I.M.N., y L.M.M.N, se encuentran en sexto grado grupo A; quinto grado grupo A y; primer grado grupo A, todos en turno matutino, respectivamente. De lo que se advierte que la inscripción de los menores fue posterior a la presentación de la demanda, que fue el veintiséis de julio del año en curso. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del indicado acto, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues con esta propia fecha, la autoridad responsable Director de la Escuela "José María Morelos Y Pavón", Con Residencia En Cacahoatán, Chiapas, informó que los quejosos se encuentran inscritos y que en ningún momento les fue negada la inscripción a dicha escuela, como lo acredita con el registro oficial de sistema educativo de Chiapas, en donde ya están capturados administrativamente y, por ende, inscritos oficialmente en la escuela. De ahí que si los quejosos ya se encuentran inscritos en el ciclo escolar 2021-2022, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado, pues es evidente que han quedado destruidos los efectos de los actos violatorios de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que es evidente que, como quedó apuntado en párrafos que anteceden han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene1 : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 Jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011. de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente 2: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son 3: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61 Jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210. 3 Tesis de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71. 4 Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que, conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Ahora, si bien es cierto que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no tiene verificativo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, ello no irroga perjuicio alguno al quejoso, toda vez que no es privado del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de causas notorias, manifiestas e indudables, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aun con la celebración de la audiencia constitucional podrían desvirtuarse la causa de improcedencia de que se viene hablando; de ahí que resulte innecesario y, en todo caso, contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a resolver el presente juicio de amparo, hasta el momento en que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son5 : "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en 5 Jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, noviembre de 2006, página 991. cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, esto es, nueve horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.veintiuno, asistido del secretario que autoriza, Roberto Santacruz Morales, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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