Luis Miguel Vieyra Calderón

Expediente 680/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
680/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Luis Miguel Vieyra Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del proveído de tres de julio de dos mil diecinueve en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Notifíquese....

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos los presentes autos de los que se advierte que el Tesorero Municipal de La Piedad, Michoacán, hizo manifestaciones en relación a que la representante legal de la parte quejosa, no ha acudido a las oficinas de esa Tesorería a retirar el cheque número 13979, de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, valioso por la cantidad de $44,214.80 (cuarenta y cuatro mil doscientos catorce Pesos 80/100 M.N.), que se dejaron a su disposición por concepto de las cantidades erogadas en el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por concepto de derecho a alumbrado público. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante oficio número 8448, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en los autos de la revisión administrativa 136/2018, en el cual revocó la sentencia dictada por este juzgado federal el tres de agosto de dos mil dieciocho, resolviendo lo siguiente: "... PRIMERO. Queda firma el sobreseimiento a que se refiere el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Hielo y Paletas La Esperancita, sociedad anónima de capital variable, contra el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de La Piedad, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho. El amparo se concede para los efectos que se puntualizan en el considerando décimo de la presente ejecutoria...". Así, los efectos de dicho fallo fueron para lo siguiente: ".1. Dejen sin efecto el cobro que por concepto de derecho de alumbrado público se incluyó en los avisos-recibo relatados en el considerando anterior de la presente ejecutoria, sin posibilidad de aplicar en los subsecuente el precepto impugnados mientras esté vigente y, por tanto, no deber exigir el pago del derecho por servicio de alumbrado público en términos de ese dispositivo legal. 2. La concesión de amparo-se aclara- en los términos y para los efectos precisados en el punto que antecede, no exime a la peticionaria de amparo de continuar efectuando oportunamente el pago que se le cobre por concepto del uso de energía eléctrica. 3. en el entendido de que la quejosa tiene expedito su derecho para solicitar la devolución ante la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, de las cantidades que demuestre haber pagado con apoyo en el artículo 18 de la Ley de ingresos ya referida, vigente para dos mil dieciocho." 2) En cumplimiento a lo anterior, en acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, así como al Presidente y Tesorero del mismo. 3) Las autoridades responsables requeridas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizaron lo siguiente: Por oficios sin números, presentados ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, informaron que no tenían inconveniente en que el quejoso acudiera a las oficinas de la tesorería del citado Ayuntamiento para que le fueran devueltas las cantidades erogadas por concepto de derecho de alumbrado público, pagados en el ejercicio fiscal 2018 (fojas 335 y 336). Asimismo, por medio del oficio 5139/2019, presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de marzo del presente año, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, informó que el Síndico municipal giró instrucciones al Tesorero municipal, para que procediera a cuantificar los recibos exhibidos por la parte quejosa, a fin de que le fueran devueltas las cantidades erogadas por concepto de alumbrado público (fojas 350 a 351). De igual manera, por diverso comunicado número 137/05/2019, presentado el dieciséis de mayo pasado, ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el Tesorero Municipal de La Piedad, Michoacán, informó bajo protesta de decir verdad, que la representante legal de la parte quejosa, no ha acudido a las oficinas de esa Tesorería a retirar el cheque número 13979, de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, valioso por la cantidad de $44,214.80 (cuarenta y cuatro mil doscientos catorce Pesos 80/100 M.N.), por lo que en auto de diecisiete de mayo pasado, se requirió a la parte quejosa para que se presentara ante la Tesorería de dicho municipio a recibir el cheque en comento (fojas 363 a 364). 4) Finalmente, en auto de treinta de mayo del año en curso, nuevamente se requirió a la quejosa para que se presentara ante la autoridad responsable a recoger el cheque referido, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se acordaría lo que en derecho correspondiera. De lo aquí expuesto, se desprende que el Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de La Piedad, Michoacán, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó a disposición del representante legal de la moral quejosa Hielo y Paletas la Esperancita, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cheque número 13979, de la institución bancaria denominada BBVA Bancomer, valioso por la cantidad de $44,214.80 (cuarenta y cuatro mil doscientos catorce Pesos 80/100 M.N.); por concepto de derecho de alumbrado público, pagados en el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, asimismo, manifestaron que el cobro para el ejercicio referido ya había expirado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, como corresponde a este órgano jurisdiccional el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, en el caso, resultaba necesario que la solicitante del amparo acudiera ante las oficinas de dicha Tesorería a recibir el numerario en comento, o bien, manifestara ante este juzgado lo que a su interés legal conviniera en relación a ello, lo cual como se ha visto, no ha sido realizado por la parte quejosa, no obstante los requerimientos efectuados para tal fin, es decir, la quejosa no ha comparecido ante dicha Tesorería a recibir las cantidades puestas a su disposición. Por tanto, con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, pues basta que se haya dejado a su disposición el reintegro del pago que le realizó por concepto del derecho de alumbrado público. Sin embargo, ante el desinterés mostrado por la moral quejosa, al no comparecer hasta la fecha a recoger el referido cheque, se estima que existe una imposibilidad material para tener por totalmente cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos, debido a esa circunstancia, respecto de lo que la autoridad responsable ni el suscrito juzgador pueden hacer requerimientos o apercibimientos distintos a los ya realizados. Por otra parte, tampoco ha lugar a enviar este juicio al Tribunal de Colegiado correspondiente, pues si bien es cierto que no está cumplido totalmente el fallo protector, lo cierto es que ello se debe al desinterés implícito de la moral quejosa y no por la actuación de la autoridad responsable; de ahí que, en el caso, existe una imposibilidad material para el cabal cumplimiento de la ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa la tesis número 2a. CXXXVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, aplicada por identidad de razón, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA SI LA RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, PONE A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO, LA COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE Y ÉSTE SE NIEGA INJUSTIFICADAMENTE A RECIBIRLA. En los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de una ejecutoria implica restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pero si el bien que debe de restituirse deja de existir durante la sustanciación del juicio de garantías, las autoridades responsables están obligadas a compensar al quejoso con un bien equivalente al desaparecido o mediante indemnización económica, por lo que, si el quejoso, se niega a recibirlo sin causa justificada, debe tenerse como cumplida la ejecutoria correspondiente". Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por... por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo, por el acto que hace consistir en: ".ACTO RECLAMADO.- El acto de autoridad que se reclama consiste en la OMISIÓN para dictar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PRUEBAS Y ALEGATOS correspondiente dentro del Juicio Ordinario Laboral registrado bajo el número 301/2019, toda vez que desde el día 19 Diecinueve del mes de Marzo del año 2019 Dos mil Diecinueve fue la fecha en que presenté de manera formal demanda laboral en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, luego entonces la citada Responsable HA OMITIDO darle continuidad al proceso y procedimiento ordinario laboral del referido juicio.". Regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número V-680/2019. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar en copia certificada legible y completa, en su caso de las constancias en que se haya basado para emitir el acto en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acredite; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuviera conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Por otro lado, atento a que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de la peticionaria de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables (incluso tratándose de asuntos en materia penal, pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que las autoridades responsables no existan con la denominación que indica en su demanda, o aquélla sea imprecisa sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá el juicio únicamente con las existentes, salvo prueba en contrario o que el quejoso o la propia autoridad corrijan la denominación de las autoridades responsables, hasta antes de la audiencia respectiva, toda vez que corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; lo anterior a efecto de hacer garante el derecho del quejoso a una administración de justicia pronta y expedita tutelado en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.6o.P.14 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2608, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación". Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a la Ayuntamiento Constitucional de Morelia, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de la materia, deberá ser emplazada al presente juicio de amparo, mediante oficio al que se anexe copia simple de la demanda, al tener la calidad de autoridad y resultarle el carácter de tercero interesado en este juicio. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Iretiticateme, número 306, colonia Félix Ireta, de esta ciudad y autorizando únicamente para recibirlas a Alejandra García Sánchez, Jesús Fernando Navarro Higareda, Pedro Iván Martínez González, Daniela Caballero Hinojosa y Adilene Gutiérrez Moreno, toda vez solamente los autorizó para ese efecto. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente harán del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se nieguen a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso le revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desea rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.

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