LUIS MIGUEL VAZQUEZ RODRíGUEZ
Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- LUIS MIGUEL VAZQUEZ RODRíGUEZ
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, y en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 71/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte tercera interesada ofreció la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones. Se admiten y desahogan dada su especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se indica que la contendiente los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 71/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Vigésimo Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de la citada autoridad, por considerarlo violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza civil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. La resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de cuantificación de honorarios en el juicio oral civil ..., del índice del Juez Vigésimo Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Como corolario al estudio del problema jurídico planteado, se narran los orígenes procesales del acto reclamado. 1. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria del R.C. ... del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, se dictó la sentencia definitiva en el juicio oral civil ..., cuyos resolutivos señalan: "PRIMERO. Ha sido procedente la Vía Oral Civil, en la que la parte actora ... acreditó parcialmente sus pretensiones y la parte demandada demostró parcialmente sus defensas. SEGUNDO. Se condena a ... a pagar a ... la cantidad que resulte por concepto de honorarios profesionales de los servicios que efectivamente prestó personalmente el profesionista, lo que deberá cuantificarse incidentalmente en la fase de ejecución de sentencia, conforme los lineamientos que se contienen en la última parte del considerando IV de este fallo. TERCERO. No ha lugar a condenar al pago de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 007100 (SIC) MONEDA NACIONAL, más Impuesto al Valor Agregado, por concepto de "honorarios profesionales", debiéndose estar al contenido del resolutivo inmediato anterior. CUARTO. Se declara improcedente el pago de los honorarios, estimados a juicio de peritos, debiendo cuantificarse en términos del resolutivo segundo. QUINTO. No ha lugar a hacer especial condena en costas para ninguna de las partes. ." 2. En la parte final del considerando IV, se señaló: ". Sin embargo, ese derecho de la cliente para revocar el mandato antes de concluir el asunto encomendado, aún ante la falta de interés del profesionista, de ninguna manera debe excluir el derecho del profesionista para cobrar el monto de sus honorarios por los servicios efectivamente prestados en representación de la enjuiciada, cuestión que inclusive fue propuesta por la propia enjuiciada en términos del hecho cuatro de su escrito contestatorio (SIC). Consecuentemente, se le deberá condenar a pagar a la parte actora la cantidad que resulte por concepto de honorarios profesionales de los servicios que efectivamente prestó el profesionista, lo que se regulará en la fase de ejecución de sentencia, CONFORME A LO PREVISTO EN LA PRIMER PARTE DEL ARTÍCULO 2607 DEL CÓDIGO CIVIL APLICABLE EN ESTA CIUDAD, EN DONDE DEBERÁN APORTARSE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN: A) LAS COSTUMBRES DEL LUGAR. B) LA IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS PRESTADOS, A LA DEL ASUNTO O CASO EN QUE SE PRESTAREN. C) FACULTADES PECUNIARIAS DEL QUE RECIBE EL SERVICIO Y LA REPUTACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESIONISTA. DEBIÉNDOSE CONSIDERAR LAS ACTUACIONES REFERIDAS, EN DONDE EL PROFESIONISTA EFECTIVAMENTE PRESTÓ SUS SERVICIOS, A SABER: 1. ESTUDIO DEL NEGOCIO Y FORMULACIÓN DE DEMANDA LABORAL. 2. AUDIENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. 3. ESCRITO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, QUE APARECE FIRMADO POR EL ACTOR, MEDIANTE EL CUAL SE OFRECEN PRUEBAS DE SU REPRESENTADA (FOJAS 68 A 74). 4. AUDIENCIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 (FOJA 192). 5. ESCRITO DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2015 (FOJA 193 Y 194). 6. AUDIENCIA DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2015 (FOJA 203). 7. AUDIENCIA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN DONDE SE DESAHOGÓ LA CONFESIONAL DE LA HOY ENJUICIADA (FOJA 274), LO QUE IMPLICA LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL PROVEÍDO DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2015 (FOJA 256). 8. AUDIENCIA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FOJA 276). 9. AUDIENCIA DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015 (FOJA 288). V.- No obsta a lo anterior el contenido del hecho 13 del escrito de demanda, en donde la parte actora alegó que desde el momento de su contratación se pactó que el momento de sus honorarios profesionales se pagarían a razón del 30% de la cantidad que fuera condenada en el laudo laboral respectivo (más Impuesto al Valor Agregado), cuantificando la cantidad que reclamó por concepto de suerte principal ante esta instancia judicial, pues semejante afirmación no quedó fehacientemente acreditada de su parte, máxime que en el desahogo de la confesional ofrecida de su contraparte, la parte demandada negó haber pactado un porcentaje por concepto de honorario reclamado, sin que la accionante haya rendido medio de prueba diverso tendiente a demostrar el monto de los honorarios que dijo haber pactado expresamente al momento de su contratación, ni mucho menos acreditó que se hubiera pactado Impuesto al Valor Agregado alguno (pues ni siquiera formuló pregunta sobre el particular), tal como tenía la carga de efectuar en términos del artículo 281 y 284 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, contrario a lo pretendido por el accionante, no resulta procedente el cobro de honorarios litigiosos estimado a juicio de peritos conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues ya ha quedado establecido que no habiendo sido acreditado el monto de los honorarios, debe decirse que conforme la PRIMERA PARTE del artículo 2607 del Código Civil para la Ciudad de México, por lo que en todo caso, los honorario litigiosos deberán cuantificarse en la fase de ejecución de sentencia, en los términos referidos y conforme las actuaciones efectivamente prestadas según las constancias del juicio laboral valorado en ésta resolución." (énfasis añadido) 3. En etapa de ejecución, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, el actor promovió incidente de cuantificación de honorarios, donde ofreció como pruebas de su parte, diversas documentales y la pericial en materia de determinación de honorarios profesionales. 4. Por auto de seis de mayo posterior se admitió a trámite dicha incidencia, dándose vista a la demandada para que se manifestara al respecto. 5. Desahogada que fue la vista, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se dictó auto admisorio de pruebas, donde se admitieron las documentales del actor, por lo que se giró oficio al Instituto ..., a fin de que informara el número de juicios y controversias laborales donde tiene registrado al accionante como apoderado de la actora desde el dos mil diez a la fecha; mientras que, se desechó la pericial ofrecida. 6. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se recibió el informe solicitado, con lo que se dio vista a las partes y el veinticinco de noviembre posterior, se citó a las partes a oír la interlocutoria respectiva. 7. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró infundado en incidente de mérito. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa esencialmente aduce lo siguiente. a) Se transgrede el principio de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que la autoridad responsable desechó de manera indebida la prueba pericial, impidiendo que aportara elementos necesarios para la estimación de los honorarios que le son adeudados. El hecho de que en la sentencia definitiva se estableciera que los honorarios debían estimarse atendiendo a las costumbres del lugar, la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso, así como las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y la reputación del profesionista, no es impedimento para la intervención de peritos, pues dicha probanza no está prohibida por la ley, ni es contraria a la moral, resultando idónea y pertinente, debido a que los parámetros pueden ser considerados y realizados por los expertos. b) Se transgreden sus garantías constitucionales, así como los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica al declararse improcedente el incidente de cuantificación de honorarios, en razón de que se desestimó el valor de las pruebas aportadas, como son: sus cédulas profesionales que lo acreditan como licenciado, maestro y doctor en derecho, las copias certificadas donde se advierten las actuaciones procesales en las que intervino, el oficio enviado por el Instituto Mexicano del Petróleo donde se especificó su experiencia en asuntos similares. La autoridad responsable se abstuvo de pronunciarse sobre el valor de lo anterior y generar con tales una cuantificación de honorarios, omitiendo pronunciarse del incidente. Los motivos de inconformidad son inoperantes, atento a lo que a continuación se expondrá. Con relación a los marcados en el inciso a), debe decirse que en términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Uno de esos casos de inoperancia se presenta cuando los conceptos de violación tienden a cuestionar un aspecto firme dentro del proceso o bien que pudiera considerarse cosa juzgada. Ello obedece a que la autoridad de esta institución jurídica radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones que son sometidas a juicio; de modo que es una cualidad especial de los efectos de la sentencia, pues estos últimos se vuelven definitivos, incuestionables e inatacables, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. Así, la cosa juzgada representa seguridad jurídica para las partes vinculadas a proceso, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente inmutables; de tal suerte que los conceptos de violación serán inoperantes cuando estén dirigidos a cuestionar o debatir puntos litigiosos que han adquirido firmeza, y que no pueden estar a discusión ni mucho menos reexaminarse, pues ello equivaldría a vulnerar y burlar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia cuya observancia es de orden público. En el caso, los conceptos de violación que pretenden cuestionar la inadmisión de la prueba pericial son inoperantes, dado que ello ya fue objeto de un pronunciamiento previo, en la sentencia definitiva y por ende, constituye cosa juzgada. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: ..., Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657, que señala: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." En efecto, se aprecia en la sentencia definitiva de la Alzada, se estableció que: ".Asimismo, contrario a lo pretendido por el accionante, no resulta procedente el cobro de honorarios litigiosos estimado a juicio de peritos conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues ya ha quedado establecido que no habiendo sido acreditado el monto de los honorarios, debe decirse que conforme la PRIMERA PARTE del artículo 2607 del Código Civil para la Ciudad de México, por lo que en todo caso, los honorarios litigiosos deberán cuantificarse en la fase de ejecución de sentencia, en los términos referidos y conforme las actuaciones efectivamente prestadas según las constancias del juicio laboral valorado en ésta resolución." Lo anterior implica que en tal resolución se establecieron las bases de la cuantificación y desde ese momento se desestimó la pretensión del impetrante del desahogo de la pericial respectiva; y por ello, ahora los conceptos de violación que se enderezan para cuestionar lo atinado de esa posición son inoperantes, pues de examinar su viabilidad, se abriría la posibilidad de alterar el criterio que ya sostuvo previamente la autoridad en una sentencia diversa. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de Febrero de 2008, página 1919, en materia común cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." De otro lado, los conceptos de violación marcados en el inciso b) devienen inoperantes porque no combaten las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, esto es, no están orientados a desvirtuar las consideraciones torales en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado. De ahí que resulten inoperantes, pues aunque llegaran a ser fundados aquéllos serían insuficientes para obtener la protección constitucional solicitada, por subsistir la resolución reclamada con base en aquellas consideraciones que no se hubieren impugnado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 2a. XCIII/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Novena Época, que dice: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE FUNDA EN DIVERSOS ARTÍCULOS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PUEDE SOSTENER SU VALIDEZ, DEBEN IMPUGNARSE TODOS, PORQUE DE NO SER ASÍ, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES. Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución fiscal controvertida en el juicio de nulidad con fundamento en los preceptos no impugnados." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo 139-144, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya." También, sirve de apoyo, la tesis sustentada por la propia Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, del Tomo 109-114, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando estos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la queja, en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho." Lo anterior es así, ya que la parte quejosa solo se concretó a manifestar que incorrectamente se desestimaron sus pruebas consistentes en sus cédulas profesionales que lo acreditan como licenciado, maestro y doctor en derecho, las copias certificadas donde se advierten las actuaciones procesales en las que intervino, el oficio enviado por el Instituto Mexicano del Petróleo donde se especificó su experiencia en asuntos similares, y por otro lado, refiere que la autoridad responsable se abstuvo de pronunciarse sobre el valor de lo anterior. Cuando, en el caso, debió controvertir las razones expuestas por la autoridad responsable, quién esencialmente precisó: ". En cuanto a las "costumbres del lugar", la parte actora no rindió medio probatorio alguno tendente a acreditar cuales son las costumbres del lugar para el cálculo de honorarios profesionales en el foro, obtenido por litigantes en materia laboral. Por lo que respecta a la "importancia de los trabajos" prestados a la del asunto o caso en que se prestaren, la prueba consistente en la copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral, misma que fe(sic) objetada por la demandada en cuanto a su alcance y calor probatorio, no acredita el extremos(sic) de estudio, ya que únicamente demuestran que el actor prestó sus servicios a la demandada, tal como quedó demostrado en la sentencia definitiva dictada por el suscrito (ya que el actor no actúo en todo el juicio laboral). En cuanto las "facultades pecuniarias del que recibe el servicio" se observa que, el actor se limitó únicamente a señalar en el hecho 10 de su escrito incidental, la profesión, puesto y supuesto salario de la parte demandada, así como su situación de pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, así como su domicilio, sin que haya constancia de que ... haya recibido tales emolumentos. Así mismo, no existe constancia con la que se acredite el importe de la pensión con que actual y cotidianamente vive la enjuiciada, sin que pase por desapercibido que el legajo de constancias del juicio laboral exhibido por la actora, si bien se advierte la resolución dictada el doce de julio de dos mil diecinueve, que en su punto resolutivo TERCERO condena al Instituto Mexicano del Petróleo, a otorgar a favor de la hoy demandada el beneficio de la pensión por retiro en su movilidad de pago único; también es cierto que la autoridad laboral advirtió no contar con los elementos necesarios para su debido cálculo ordenado(sic) abrir incidente de liquidación. Finalmente, en cuanto a la "reputación profesional del profesionista", esta no se prueba con las documentales consistentes en las cédulas profesionales a nombre del actor, pues únicamente acreditan que el actor es abogado, y que cuenta con un grado de estudios de doctorado; así mismo(sic), por lo que respecta al informe rendido por la unidad de asuntos jurídicos del Instituto Mexicano del Petróleo, consistente en el oficio recibido por este juzgado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, únicamente señala que el actor ... aparece como apoderado legal de diversas(sic) actores, en noventa y tres ocasiones, sin embargo, no es un informe adecuado para demostrar la reputación profesional del profesionista, pues de acuerdo con el Directorio de la Real Academia Española, la reputación es la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo, así como el prestigio o estima que se tenga por alguien, y el informe o las cédulas profesionales presentadas en actuaciones, no son las pruebas ideales para demostrar la opinión o consideración así como el prestigio o estima que alguien tenga por el actor ... . ." Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De ahí lo inoperante del concepto de violación. Máxime que el impetrante no emite razonamiento jurídico alguno tendente a demostrar que las pruebas que aportó evidencian los extremos desvirtuados por la autoridad responsable, ni atacó las consideraciones en las cuales se fundó la desestimación, o bien, con qué pruebas acreditaría los extremos de su acción incidental. Es aplicable la Tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 240698, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Cuarta Parte, página 121, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Independientemente de que las consideraciones de la Sala responsable sean correctas o no, y de que se haya omitido el estudio de las pruebas ofrecidas en ambas instancias, si los argumentos esgrimidos por el quejoso no precisan con qué pruebas se pretende demostrar la acción ejercitada ni se indica cuáles dejaron de analizarse en la sentencia combatida, tales argumentos resultan inoperantes, al no constituir técnicamente lo que es un concepto de violación en los términos en que lo precisa la jurisprudencia número 121, publicada en la página 357 de la Cuarta Parte del Apéndice de 1917-1975." En las relatadas condiciones, al ser inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado por ... . Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Vigésimo Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando último. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ... Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL VEINTICINCO DE AGOSTO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 71/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Vigésimo Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos de la citada autoridad, por considerarlo violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Este juzgado admitió la acción de amparo, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, señaló parte tercera interesada, así como hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que la autoridad responsable rindió su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza civil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. La resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de cuantificación de honorarios en el juicio oral civil ..., del índice del Juez Vigésimo Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido en sentido afirmativo por la autoridad responsable. Certeza corroborada con las constancias del juicio y toca de origen, las cuales gozan de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Como corolario al estudio del problema jurídico planteado, se narran los orígenes procesales del acto reclamado. 1. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria del R.C. ... del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, se dictó la sentencia definitiva en el juicio oral civil ..., cuyos resolutivos señalan: "PRIMERO. Ha sido procedente la Vía Oral Civil, en la que la parte actora ... acreditó parcialmente sus pretensiones y la parte demandada demostró parcialmente sus defensas. SEGUNDO. Se condena a ... a pagar a ... la cantidad que resulte por concepto de honorarios profesionales de los servicios que efectivamente prestó personalmente el profesionista, lo que deberá cuantificarse incidentalmente en la fase de ejecución de sentencia, conforme los lineamientos que se contienen en la última parte del considerando IV de este fallo. TERCERO. No ha lugar a condenar al pago de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 007100 (SIC) MONEDA NACIONAL, más Impuesto al Valor Agregado, por concepto de "honorarios profesionales", debiéndose estar al contenido del resolutivo inmediato anterior. CUARTO. Se declara improcedente el pago de los honorarios, estimados a juicio de peritos, debiendo cuantificarse en términos del resolutivo segundo. QUINTO. No ha lugar a hacer especial condena en costas para ninguna de las partes. ." 2. En la parte final del considerando IV, se señaló: ". Sin embargo, ese derecho de la cliente para revocar el mandato antes de concluir el asunto encomendado, aún ante la falta de interés del profesionista, de ninguna manera debe excluir el derecho del profesionista para cobrar el monto de sus honorarios por los servicios efectivamente prestados en representación de la enjuiciada, cuestión que inclusive fue propuesta por la propia enjuiciada en términos del hecho cuatro de su escrito contestatorio (SIC). Consecuentemente, se le deberá condenar a pagar a la parte actora la cantidad que resulte por concepto de honorarios profesionales de los servicios que efectivamente prestó el profesionista, lo que se regulará en la fase de ejecución de sentencia, CONFORME A LO PREVISTO EN LA PRIMER PARTE DEL ARTÍCULO 2607 DEL CÓDIGO CIVIL APLICABLE EN ESTA CIUDAD, EN DONDE DEBERÁN APORTARSE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN: A) LAS COSTUMBRES DEL LUGAR. B) LA IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS PRESTADOS, A LA DEL ASUNTO O CASO EN QUE SE PRESTAREN. C) FACULTADES PECUNIARIAS DEL QUE RECIBE EL SERVICIO Y LA REPUTACIÓN PROFESIONAL DEL PROFESIONISTA. DEBIÉNDOSE CONSIDERAR LAS ACTUACIONES REFERIDAS, EN DONDE EL PROFESIONISTA EFECTIVAMENTE PRESTÓ SUS SERVICIOS, A SABER: 1. ESTUDIO DEL NEGOCIO Y FORMULACIÓN DE DEMANDA LABORAL. 2. AUDIENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2014, AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES. 3. ESCRITO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014, QUE APARECE FIRMADO POR EL ACTOR, MEDIANTE EL CUAL SE OFRECEN PRUEBAS DE SU REPRESENTADA (FOJAS 68 A 74). 4. AUDIENCIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 (FOJA 192). 5. ESCRITO DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2015 (FOJA 193 Y 194). 6. AUDIENCIA DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2015 (FOJA 203). 7. AUDIENCIA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN DONDE SE DESAHOGÓ LA CONFESIONAL DE LA HOY ENJUICIADA (FOJA 274), LO QUE IMPLICA LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL PROVEÍDO DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2015 (FOJA 256). 8. AUDIENCIA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (FOJA 276). 9. AUDIENCIA DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015 (FOJA 288). V.- No obsta a lo anterior el contenido del hecho 13 del escrito de demanda, en donde la parte actora alegó que desde el momento de su contratación se pactó que el momento de sus honorarios profesionales se pagarían a razón del 30% de la cantidad que fuera condenada en el laudo laboral respectivo (más Impuesto al Valor Agregado), cuantificando la cantidad que reclamó por concepto de suerte principal ante esta instancia judicial, pues semejante afirmación no quedó fehacientemente acreditada de su parte, máxime que en el desahogo de la confesional ofrecida de su contraparte, la parte demandada negó haber pactado un porcentaje por concepto de honorario reclamado, sin que la accionante haya rendido medio de prueba diverso tendiente a demostrar el monto de los honorarios que dijo haber pactado expresamente al momento de su contratación, ni mucho menos acreditó que se hubiera pactado Impuesto al Valor Agregado alguno (pues ni siquiera formuló pregunta sobre el particular), tal como tenía la carga de efectuar en términos del artículo 281 y 284 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, contrario a lo pretendido por el accionante, no resulta procedente el cobro de honorarios litigiosos estimado a juicio de peritos conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues ya ha quedado establecido que no habiendo sido acreditado el monto de los honorarios, debe decirse que conforme la PRIMERA PARTE del artículo 2607 del Código Civil para la Ciudad de México, por lo que en todo caso, los honorario litigiosos deberán cuantificarse en la fase de ejecución de sentencia, en los términos referidos y conforme las actuaciones efectivamente prestadas según las constancias del juicio laboral valorado en ésta resolución." (énfasis añadido) 3. En etapa de ejecución, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, el actor promovió incidente de cuantificación de honorarios, donde ofreció como pruebas de su parte, diversas documentales y la pericial en materia de determinación de honorarios profesionales. 4. Por auto de seis de mayo posterior se admitió a trámite dicha incidencia, dándose vista a la demandada para que se manifestara al respecto. 5. Desahogada que fue la vista, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se dictó auto admisorio de pruebas, donde se admitieron las documentales del actor, por lo que se giró oficio al Instituto ..., a fin de que informara el número de juicios y controversias laborales donde tiene registrado al accionante como apoderado de la actora desde el dos mil diez a la fecha; mientras que, se desechó la pericial ofrecida. 6. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se recibió el informe solicitado, con lo que se dio vista a las partes y el veinticinco de noviembre posterior, se citó a las partes a oír la interlocutoria respectiva. 7. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró infundado en incidente de mérito. Determinación que constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa esencialmente aduce lo siguiente. a) Se transgrede el principio de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que la autoridad responsable desechó de manera indebida la prueba pericial, impidiendo que aportara elementos necesarios para la estimación de los honorarios que le son adeudados. El hecho de que en la sentencia definitiva se estableciera que los honorarios debían estimarse atendiendo a las costumbres del lugar, la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso, así como las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y la reputación del profesionista, no es impedimento para la intervención de peritos, pues dicha probanza no está prohibida por la ley, ni es contraria a la moral, resultando idónea y pertinente, debido a que los parámetros pueden ser considerados y realizados por los expertos. b) Se transgreden sus garantías constitucionales, así como los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica al declararse improcedente el incidente de cuantificación de honorarios, en razón de que se desestimó el valor de las pruebas aportadas, como son: sus cédulas profesionales que lo acreditan como licenciado, maestro y doctor en derecho, las copias certificadas donde se advierten las actuaciones procesales en las que intervino, el oficio enviado por el Instituto Mexicano del Petróleo donde se especificó su experiencia en asuntos similares. La autoridad responsable se abstuvo de pronunciarse sobre el valor de lo anterior y generar con tales una cuantificación de honorarios, omitiendo pronunciarse del incidente. Los motivos de inconformidad son inoperantes, atento a lo que a continuación se expondrá. Con relación a los marcados en el inciso a), debe decirse que en términos generales, los conceptos de violación son inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." Uno de esos casos de inoperancia se presenta cuando los conceptos de violación tienden a cuestionar un aspecto firme dentro del proceso o bien que pudiera considerarse cosa juzgada. Ello obedece a que la autoridad de esta institución jurídica radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones que son sometidas a juicio; de modo que es una cualidad especial de los efectos de la sentencia, pues estos últimos se vuelven definitivos, incuestionables e inatacables, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. Así, la cosa juzgada representa seguridad jurídica para las partes vinculadas a proceso, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente inmutables; de tal suerte que los conceptos de violación serán inoperantes cuando estén dirigidos a cuestionar o debatir puntos litigiosos que han adquirido firmeza, y que no pueden estar a discusión ni mucho menos reexaminarse, pues ello equivaldría a vulnerar y burlar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia cuya observancia es de orden público. En el caso, los conceptos de violación que pretenden cuestionar la inadmisión de la prueba pericial son inoperantes, dado que ello ya fue objeto de un pronunciamiento previo, en la sentencia definitiva y por ende, constituye cosa juzgada. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: ..., Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657, que señala: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." En efecto, se aprecia en la sentencia definitiva de la Alzada, se estableció que: ".Asimismo, contrario a lo pretendido por el accionante, no resulta procedente el cobro de honorarios litigiosos estimado a juicio de peritos conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, pues ya ha quedado establecido que no habiendo sido acreditado el monto de los honorarios, debe decirse que conforme la PRIMERA PARTE del artículo 2607 del Código Civil para la Ciudad de México, por lo que en todo caso, los honorarios litigiosos deberán cuantificarse en la fase de ejecución de sentencia, en los términos referidos y conforme las actuaciones efectivamente prestadas según las constancias del juicio laboral valorado en ésta resolución." Lo anterior implica que en tal resolución se establecieron las bases de la cuantificación y desde ese momento se desestimó la pretensión del impetrante del desahogo de la pericial respectiva; y por ello, ahora los conceptos de violación que se enderezan para cuestionar lo atinado de esa posición son inoperantes, pues de examinar su viabilidad, se abriría la posibilidad de alterar el criterio que ya sostuvo previamente la autoridad en una sentencia diversa. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/58, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de Febrero de 2008, página 1919, en materia común cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." De otro lado, los conceptos de violación marcados en el inciso b) devienen inoperantes porque no combaten las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, esto es, no están orientados a desvirtuar las consideraciones torales en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado. De ahí que resulten inoperantes, pues aunque llegaran a ser fundados aquéllos serían insuficientes para obtener la protección constitucional solicitada, por subsistir la resolución reclamada con base en aquellas consideraciones que no se hubieren impugnado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis 2a. XCIII/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Novena Época, que dice: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE FUNDA EN DIVERSOS ARTÍCULOS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PUEDE SOSTENER SU VALIDEZ, DEBEN IMPUGNARSE TODOS, PORQUE DE NO SER ASÍ, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES. Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución fiscal controvertida en el juicio de nulidad con fundamento en los preceptos no impugnados." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo 139-144, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya." También, sirve de apoyo, la tesis sustentada por la propia Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, del Tomo 109-114, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando estos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la queja, en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho." Lo anterior es así, ya que la parte quejosa solo se concretó a manifestar que incorrectamente se desestimaron sus pruebas consistentes en sus cédulas profesionales que lo acreditan como licenciado, maestro y doctor en derecho, las copias certificadas donde se advierten las actuaciones procesales en las que intervino, el oficio enviado por el Instituto Mexicano del Petróleo donde se especificó su experiencia en asuntos similares, y por otro lado, refiere que la autoridad responsable se abstuvo de pronunciarse sobre el valor de lo anterior. Cuando, en el caso, debió controvertir las razones expuestas por la autoridad responsable, quién esencialmente precisó: ". En cuanto a las "costumbres del lugar", la parte actora no rindió medio probatorio alguno tendente a acreditar cuales son las costumbres del lugar para el cálculo de honorarios profesionales en el foro, obtenido por litigantes en materia laboral. Por lo que respecta a la "importancia de los trabajos" prestados a la del asunto o caso en que se prestaren, la prueba consistente en la copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral, misma que fe(sic) objetada por la demandada en cuanto a su alcance y calor probatorio, no acredita el extremos(sic) de estudio, ya que únicamente demuestran que el actor prestó sus servicios a la demandada, tal como quedó demostrado en la sentencia definitiva dictada por el suscrito (ya que el actor no actúo en todo el juicio laboral). En cuanto las "facultades pecuniarias del que recibe el servicio" se observa que, el actor se limitó únicamente a señalar en el hecho 10 de su escrito incidental, la profesión, puesto y supuesto salario de la parte demandada, así como su situación de pensionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, así como su domicilio, sin que haya constancia de que ... haya recibido tales emolumentos. Así mismo, no existe constancia con la que se acredite el importe de la pensión con que actual y cotidianamente vive la enjuiciada, sin que pase por desapercibido que el legajo de constancias del juicio laboral exhibido por la actora, si bien se advierte la resolución dictada el doce de julio de dos mil diecinueve, que en su punto resolutivo TERCERO condena al Instituto Mexicano del Petróleo, a otorgar a favor de la hoy demandada el beneficio de la pensión por retiro en su movilidad de pago único; también es cierto que la autoridad laboral advirtió no contar con los elementos necesarios para su debido cálculo ordenado(sic) abrir incidente de liquidación. Finalmente, en cuanto a la "reputación profesional del profesionista", esta no se prueba con las documentales consistentes en las cédulas profesionales a nombre del actor, pues únicamente acreditan que el actor es abogado, y que cuenta con un grado de estudios de doctorado; así mismo(sic), por lo que respecta al informe rendido por la unidad de asuntos jurídicos del Instituto Mexicano del Petróleo, consistente en el oficio recibido por este juzgado el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, únicamente señala que el actor ... aparece como apoderado legal de diversas(sic) actores, en noventa y tres ocasiones, sin embargo, no es un informe adecuado para demostrar la reputación profesional del profesionista, pues de acuerdo con el Directorio de la Real Academia Española, la reputación es la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo, así como el prestigio o estima que se tenga por alguien, y el informe o las cédulas profesionales presentadas en actuaciones, no son las pruebas ideales para demostrar la opinión o consideración así como el prestigio o estima que alguien tenga por el actor ... . ." Por lo anterior, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De ahí lo inoperante del concepto de violación. Máxime que el impetrante no emite razonamiento jurídico alguno tendente a demostrar que las pruebas que aportó evidencian los extremos desvirtuados por la autoridad responsable, ni atacó las consideraciones en las cuales se fundó la desestimación, o bien, con qué pruebas acreditaría los extremos de su acción incidental. Es aplicable la Tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 240698, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Cuarta Parte, página 121, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Independientemente de que las consideraciones de la Sala responsable sean correctas o no, y de que se haya omitido el estudio de las pruebas ofrecidas en ambas instancias, si los argumentos esgrimidos por el quejoso no precisan con qué pruebas se pretende demostrar la acción ejercitada ni se indica cuáles dejaron de analizarse en la sentencia combatida, tales argumentos resultan inoperantes, al no constituir técnicamente lo que es un concepto de violación en los términos en que lo precisa la jurisprudencia número 121, publicada en la página 357 de la Cuarta Parte del Apéndice de 1917-1975." En las relatadas condiciones, al ser inoperantes los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado por ... . Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Vigésimo Primero Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el considerando último. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ... Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".
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