Luis Miguel Solano Verduzco

Expediente 803/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
803/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Miguel Solano Verduzco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Colima, Colima, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución dictada en el recurso de revisión ******, estableciendo lo siguiente: "Consecuentemente, por las razones expuestas, aunque por un motivo de improcedencia diverso al analizado por el juez de Distrito, lo que procede es confirmar la sentencia recurrida. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el Juicio de amparo por las razones expuestas en esta ejecutoria" Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes, que se formó con motivo del recurso, el oficio y testimonio de la ejecutoria. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En consecuencia, una vez transcurridos tres años a partir de que se dictó la sentencia correspondiente, se ordena la transferencia la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, del juicio principal previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente principal en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo, en atención a lo establecido en el numeral 35, del citado acuerdo general. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, acusa recibo del oficio por el cual se remitió el recurso de revisión interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 114/2021 e informe que se admitió; por tanto, este juzgador queda enterado de dicha circunstancia para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra integrado el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; por tanto, remítanse al Tribunal Colegiado, por separado el original y la copia del escrito de agravios de la revisión, y el original del expediente en que se actúa. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 803/2020-VII, promovido por el quejoso * * por propio derecho contra los actos reclamados al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1º y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, remitió la demanda presentada por Luis Miguel Solano Verduzco por su propio derecho (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada) solicitó el amparo y la protección de la justicia de la Unión, contra la autoridad y acto siguiente: ". III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- A) Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, y B) Director General del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. IV. ACTO RECLAMADO. Al consejo Directivo le reclamo la omisión de sesionar ordinariamente, al menos una vez al mes. Al Director General le reclamo, la omisión de presentar al consejo, el informe de préstamos a otorgar, para que, quien suscribe goce de préstamo." SEGUNDO. Admisión y trámite la demanda. Una vez cumplida la prevención, por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 803/2020-VII; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados y seguidos los trámites legales, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 de la Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, visible en la página 255, registro IUS 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de sesionar ordinariamente y de presentar al Consejo Directivo el informe de préstamos a otorgar. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la Litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Análisis respecto a la existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentaron las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: El Director General y representante legal del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, manifestó que son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. En consecuencia, ante la aceptación de que es cierto el acto que se les reclama; es que debe tenerse este como plenamente probado. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." La autoridad responsable, invoca la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, el suscrito juzgador también advierte, que en la presente instancia constitucional, se actualiza la citada causa de inejercicio prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el peticionario de garantías no acreditó que el acto que reclama, afecte un derecho consagrado a su favor por la ley, en virtud de que no demostró de manera fehaciente que el hecho de que no se lleven a cabo las sesiones ordinarias por el Consejo del Instituto de pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Para demostrarlo, en primer orden, es dable citar el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El análisis minucioso y armónico del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo solamente se solicita por la parte que dice ha sido agraviada en su derecho subjetivo o de un interés legítimo individual por el acto de autoridad o por una ley o norma general, como lo dispone el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Entonces, no es suficiente que quien ejerce la acción de amparo acredite la existencia de alguna situación abstracta que pueda estimarse violatoria de garantías, para poder concluir, que se afecta su esfera jurídica: sino que es necesario que pruebe fehacientemente ser el titular del bien o derecho que defiende para poder estimar que el acto reclamado le ocasiona el agravio personal y directo que surte la procedencia del juicio de garantías. Fortalece lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se localiza en la página 412, que dice: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Luego, es necesario establecer que para promover un juicio de garantías, al atender a la naturaleza del acto que se reclama; es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte, el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. Así se aprecia de la jurisprudencia 854, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que, dice, fue infringido en su perjuicio por las autoridades que omitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten los derechos humanos o derechos sustantivos otorgados por la Constitución Federal que han sido infringidos, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número I. 1o. A. J/17, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Además, es menester que la parte agraviada demuestre indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, amén que la demostración debe ser en forma plena, indubitable y fehaciente; no inferida de simples presunciones. Sobre el particular surte aplicación la tesis de jurisprudencia número XX. J/14, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." Asimismo, cobra aplicación el criterio número IV.2o.1 K, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." En abono a lo expuesto, el interés jurídico al que nos venimos refiriendo, se vincula con uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Del numeral que se trasunta, artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere con claridad que uno de los principios que se erige como base del juicio de garantías, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, concepto de perjuicio que para los efectos del amparo tiene una connotación más profunda y difiere del previsto a las leyes civiles, entendido como privación de la ganancia lícita que pudiese haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa a los derechos de una persona, pues el interés no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. Ahora bien, el quejoso se duele de que el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, no realizan las sesiones ordinarias que establece la ley, y por ende no se presenta el informe relativo a los préstamos que dicha dependencia debe otorgar, a sus agremiados, de conformidad con los artículos 38 y 41, 1, fracción XXI de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. De ahí que, como se adelantó, el quejoso no acreditó ser afiliado a ese instituto por revestirle el carácter de servidor público que preste sus servicios en virtud de nombramiento expedido por autoridad competente o por figurar en la nómina de pago de alguna de las entidades patronales, que se encuentre dado de alta en ese instituto, como se establece en el artículo 4 de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. En otras palabras, a fin de que se actualice la hipótesis normativa reclamada requiere que el quejoso tenga carácter de afiliado al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. Y en el caso, la parte quejosa para acreditar su interés, esto es, que el hecho de que no se lleven a cabo las sesiones ordinarias y se entregue el informe relativo a los préstamos que deben otorgarse, le causa agravio a su esfera jurídica, lo son la pre-solicitud de préstamo personal, la cual carece de firma, sello, no se advierte que cargo tiene, ni en qué oficina se desempeña, copia simple de diversos escritos presentados ante la dependencia, así como un escrito que le dirigió el instituto en respuesta a un solicitud que él presentó; pues dichos documentos al carecer de la certificación del funcionario público competente para hacerlos, merecer valor probatorio de un indicio, de conformidad con los artículos 133, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo mismo, no hacen prueba plena de lo que ahí se plasma, por ende, no crea convicción fehaciente en este juzgador sobre su contenido, pues al ser copias simples y no estar adminiculadas con otros medios de convicción y dada la facilidad con que pueden ser confeccionadas, merecen el valor de mero indicio, sin generar prueba plena de que efectivamente se encuentra en el supuesto establecido de que sea servidor público del Estado. Fortalece lo expuesto, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J,21/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, Tomo VII, Abril de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe aportar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." De ahí que sea insuficiente para acreditar que el quejoso es un empleado con nombramiento emitido por autoridad competente o por figurar en la nómina de pago de alguna de las entidades patronales, que se encuentre dadas de alta del Instituto de Pensiones en el Estado de Colima, las documentales que exhibió en copia. En tales condiciones, con base en todo lo expuesto, lo que procede es sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. De igual forma, este juzgador considera que, también se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)." En efecto, se afirma se actualiza la causal de improcedencia referida, debido a que el acto reclamado lo constituyó la omisión de llevar a cabo las sesiones ordinarias por el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, así como presentar al consejo el informe de préstamos a otorgar. Luego, de las constancias que la autoridad responsable remitió en alcance a su informe justificado, se advierte se llevó acabo la séptima sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, a partir de las diez horas del trece de enero de dos mil veintiuno, lo que se corrobora de las constancias que obran en la plataforma digital del canal oficial de YouTube del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, (http://www.youtube.com/watch?v=mtSN2oC2llE primera parte y http://www.youtube.com/watch?v=oybJlxyj19w segunda parte), la cual se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al constituir un hecho notorio para este resolutor, al tratarse de una página pública que se encuentra a disposición general. Con vista a lo anterior, al haberse llevado a cabo la séptima sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones en las que se discutieron sobre la aprobación de balance de las cuentas institucionales, devolución de fondos, presentación del presupuesto anual de ingresos y egresos del instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2021. En consecuencia, si el quejoso reclamaba la omisión de sesionar ordinariamente al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, y el trece de enero de dos mil veintiuno, se llevó acabo la séptima sesión ordinaria de esa dependencia en cumplimiento a la ley, es claro, que la omisión dejo de existir, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, es que no se estudien los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues al actualizarse la causa de improcedencia es que se impide entrar al estudio del fondo del asunto. Ilustra lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. Si se sobresee en el juicio, es claro que no debe entrarse al estudio de los conceptos de violación relativos a cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento no juzga sobre la existencia o inexistencia de esos conceptos de violación, sino sólo sobre la improcedencia del amparo, por lo que en el caso, al omitir, su examen el inferior, no infringió el artículo 79 de la Ley de Amparo." SEXTO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la Secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa * * , contra los actos reclamados al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima; en los términos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando décimo, de esta sentencia. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y se ordena a la secretaria supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.

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