Luis Miguel Siordia Quiñonez
Expediente 1793/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1793/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/10/2018
Partes del expediente
- Luis Miguel Siordia Quiñonez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Sin que sea dable requerir a la parte quejosa para que comparezca a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda, en razón que del análisis del mismo, se advierte que obra en copia simple.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Tesorero Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, en virtud del cual manifiesta que la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecisiete dictada por este Juzgado y la diversa por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en el recurso de revisión 736/2017 causan menoscabo a sus derechos fundamentales, en virtud de que no se le dio audiencia en el juicio y como consecuencia, no se salvaguardaron las formalidades esenciales del procedimiento. Al respecto, dígasele que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la aprobación, decreto y expedición de la "Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, contenida en el Decreto número 26085/LXI/16 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", concretamente en lo que respecta a su artículo 42 que establece las Tasas del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, así como el Decreto 25977/LXI/16 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete y por tratarse de actos legislativos, el Tesorero no intervino en su proceso de creación, por lo que no se le tuvo como autoridad responsable; de ahí que resulte innecesario llamársele a juicio. Lo cierto es, que el cumplimiento de las sentencias de amparo, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que (como sucede en la especie), por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución. Asimismo, sostiene que la concesión del amparo va en detrimento de dicha autoridad y esencialmente controvierte los argumentos por los que se concedió el amparo al quejoso, estimando que el trato diferencial contemplado en las tablas de valor unitarias obedece a la capacidad económica de cada sujeto del impuesto, es decir, no obedece a cuestiones subjetivas sino a la capacidad de cada uno de los sujetos para tributar, concluyendo no compartir la opinión de que queda al arbitrio de la autoridad administrativa establecer los criterios de clasificación respectivos. Al respecto, cabe mencionar que las manifestaciones realizadas por el Tesorero buscan atacar las consideraciones sostenidas por la Superioridad; sin embargo, la sentencia dictada en el recurso de revisión 736/2017 es cosa juzgada, sin que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de estudiar sus consideraciones. En esas condiciones, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con lo siguiente: Calcule el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de forma detallada, en el que se advierta que aplique el monto de menor cuantía por lo que se refiere al rubro de calidad del inmueble gravado previsto en el Decreto 25977/LXI/16 que contiene las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de Puerto Vallarta, Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. De resultar alguna diferencia a favor de la quejosa, provea lo necesario conforme a derecho para su devolución debidamente actualizada, sin que quepa la posibilidad de pagar intereses por ello. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa.
- Principal
POR LAS RAZONES QUE SE EXPONEN, SE COMISIONA AL ACTUARIO JUDICIAL PARA QUE SE CONSTITUYA EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS Y PROCEDA AL EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS SE ORDENA DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY Y EN SU LUGAR SE FIJAN LAS 13:20 HORAS DEL 05 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, PARA QUE TENGA SU VERIFICATIVO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
EL PERITO OFICIAL SEÑALA EL MONTO DE SUS HONORARIOS. SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA QUE CONTINUE EL TRÁMITE A CONSIDERACIÓN EL PAGO DE HONORARIOS DEL MISMO.
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