Luis Miguel Sanchez Maldonado
Expediente 938/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Miguel Sanchez Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del auto de dieciocho de mayo del año en curso; asimismo, solicita las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, en virtud de que auto de veintiuno del mes y año en curso, se proveyó lo respectivo a su solicitud. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada Christian López Ávila en cuanto asesor jurídico de la víctima de iniciales G. S. S.. por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 27 de abril de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 938/2020, promovido por Christian Abraham Anguiano Magaña, en cuanto defensor particular del imputado Luis Miguel Sánchez Maldonado; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Christian Abraham Anguiano Magaña, en cuanto defensor particular del imputado Luis Miguel Sánchez Maldonado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 938/2020 y se admitió mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y la constancia que acredite que el promovente del amparo tiene carácter de defensor privado del quejoso directo; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Luego, el dieciocho de diciembre de dos mil veinte se emitió la Circular CAP/3/2020, a través de la cual se informó que en sesión de la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; razón por la cual durante ese periodo -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno- se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se decretó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades de los asuntos que calificaran como urgentes. Atendiendo a esa circunstancia, en auto de doce de enero de dos mil veintiuno se continuó con el procedimiento del juicio y en esa fecha, se tuvo por recibido el informe justificado y la certificación del magistrado responsable en el sentido de que dentro del toca penal de origen, Christian Abraham Anguiano Magaña, tiene el carácter reconocido como defensor privado del imputado; asimismo, reconoció el carácter de tercero interesado a Gustavo Sánchez Sánchez, en cuanto víctima indirecta dentro de la causa penal de origen, así como a la Agente del Ministerio Público adscrita a la sala responsable. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: La resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca de apelación 47/2020, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Zamora, dentro de la causa penal 828/2020. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original del toca penal 47/2020, así como un disco que contiene los registros de la carpeta digital relativa a la causa penal 828/2020, y dos discos que contienen las audiencia orales del juez de control y de aclaración de agravios. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal federal, relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye la resolución que confirmó el auto de vinculación dictado contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio en razón del parentesco, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Luego, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Previo al análisis de los conceptos de violación, es necesario precisar que, al consistir el acto reclamado en la resolución que confirma el auto de vinculación dictado contra el quejoso, el parámetro de este juzgador será verificar que la técnica de la apelación haya sido cumplida por el Magistrado responsable, acorde a lo que establece el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado, cuando existan violaciones a los derechos humanos. Establecido lo anterior, procede ahora entrar al estudio de los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa en el capítulo de conceptos de violación, en la parte que expresó lo siguiente: Que en la resolución reclamada se violentaron los principios de congruencia, fundamentación, motivación, presunción de inocencia y progresividad, porque la responsable no se ocupó de las precisiones que la defensa realizó en la audiencia de aclaración de alegatos el doce de noviembre de dos mil veinte, ya que en la misma no se realizó ningún planteamiento nuevo sino que se hizo una aclaración de los agravios ya expresados por escrito, por lo que es violatorio del derecho de defensa que goza el imputado al no permitírsele el acceso a la justicia y sean escuchados los alegatos orales y defensivos que se expresaron. El anterior argumento resulta inoperante, porque no obstante que el quejoso aduce que no realizó planteamientos nuevos o diversos a los ya expresados en sus agravios al interponer la apelación, por otro lado manifiesta que el magistrado responsable no se ocupó de las precisiones que hizo en la audiencia de aclaración de alegatos y que no se escucharon sus alegatos defensivos, sin que al efecto precise a qué se refieren dichos alegatos que no fueron escuchados, por lo que en ese sentido, este juzgador no está en condiciones de realizar el estudio respectivo. Máxime que, si únicamente realizó precisiones respecto de sus agravios, es evidente que dichos aspectos fueron atendidos por la autoridad responsable al dar respuesta a los agravios formulados al interponer el recurso, pues al respecto no señala que se hubiere desatendido alguno de sus planteamientos. Por otro lado, también argumenta el quejoso: Que la responsable violentó el debido análisis de los agravios planteados respecto de la correcta incorporación del arma de fuego relacionada con la causa, cuyo único argumento del juez natural fue que dicha incorporación del arma se realizó con fundamento y apego al numeral 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que resulta incongruente la determinación del resolutor porque desde la emisión del auto de vinculación se excluyó la manifestación de Elidia Maldonado Jiménez, madre del imputado, en el sentido de que el autor del homicidio había sido el imputado, porque al no haber estado dicho imputado asistido de defensor no era válida su declaración; sin embargo, de manera infundada e inmotivada se tiene por aceptada la incorporación del arma de fuego afecta, cuando dicha prueba debería surtir los mismos efectos que la anterior. Dichos motivos de inconformidad son inoperantes por repetitivos, pues se advierte que los mismos fueron contestados por el magistrado responsable al estudiar los agravios hechos valer por el quejoso en la apelación, de modo que no procede que este juzgador de amparo realice pronunciamiento alguno al respecto. Es así, porque en relación con la incorporación del arma de fuego relacionada con la causa, el magistrado responsable primeramente dijo que respecto de las entrevistas de los testigos Martha Angélica y Rogelio de apellidos Sánchez Sánchez y de Elidia Maldonado Jiménez, contrastados esos argumentos con la decisión del juez primigenio, se advierte que al ocuparse de ellos se ciñó a las directrices de las máximas de la experiencia jurídica, pues partió de los hechos que cada uno de ellos informaron y conocieron directamente, ponderando su vinculación con otros datos que le fueron referenciados y derivaron de la prueba científica; de lo que se desprende -dijo la responsable- que la idoneidad y suficiencia dependen no sólo de la narración de un hecho, sino de la experiencia vivencial por la que una persona vio y escuchó, misma que fue apreciada por el juez con sentido crítico. Sin embargo, -puntualizó la autoridad- el ejercicio de la ponderación del dato de prueba corresponde al juez de control, por lo que el tribunal de alzada únicamente verifica la legalidad del acto impugnado, no del dato de prueba en sí, en cuanto a destacar con cuáles se acredita la probabilidad de que el imputado haya intervenido en el hecho con apariencia de delito, de ahí que no procedía estudiar de manera directa esos datos como lo pidió el inconforme. Luego, destacó la autoridad responsable que el punto de partida del juez natural, fue precisamente analizar -a fin de establecer si debía extraer algún dato de prueba- la forma en que fue incorporada el arma de fuego tipo escuadra, calibre .38 súper, auto, cachas negras, matrícula 70L26129, misma que la fiscalía le refirió fue entregada por Rogelio Sánchez Sánchez, quien le indicó que vio al imputado en poder del arma y las circunstancias en cómo éste se la entregó y el testigo la dejó a disposición del órgano investigador, lo que adminiculó a que Martha Angélica también vio al imputado armado. Por tanto, -sostuvo el magistrado- la decisión del juez de establecer su licitud, deriva de las máximas de la experiencia, las cuales tienen su origen en el deber de todas las personas de informar a la autoridad de hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la investigación, que es lo que se conoce como el deber de testificar y en ese tenor, se tienen identificados los mecanismos en cómo se incorporó a la investigación y las acciones realizadas por la fiscalía para establecer la correspondencia con los vestigios recolectados. En esa virtud, destacó la responsable, no son inverosímiles los datos que extrajo el resolutor de la entrevista de Elidia Maldonado Jiménez, en lo relativo a establecer el parentesco que había entre el imputado y la víctima, dado que el juez decidió excluir el resto de la información generada por ella en torno a los hechos que el imputado le confesó. Por tanto, el tribunal de alzada consideró infundado lo argumentado por la defensa en torno al tratamiento que el juzgador dio a los datos de prueba, porque al realizar el análisis de los registros de audio y video, infirió que aquél hizo una ponderación para fijar la razonabilidad e idoneidad de esa información y que a través de una inferencia lógica y las máximas de la experiencia, estableció que fue suficiente -en la etapa procesal en la que nos encontramos- para establecer la probabilidad de que Luis Miguel Sánchez Maldonado fue la persona que accionó el arma sobre su padre, causándole la muerte, a partir de las entrevistas de Martha Angélica y Rogelio de apellidos Sánchez Sánchez, y la prueba científica consistente en el dictamen de balística, donde se estableció la correspondencia entre el arma de fuego tipo escuadra, matrícula 70L26129 y los casquillos encontrados en el lugar donde falleció Salvador Sánchez Sánchez, lo que el juez natural relacionó con las inspecciones y los informes practicados en el citado lugar. De esa manera, -concluyó el magistrado- esa razonabilidad soporta por ahora la imputación que se formula, frente a la cual la defensa no sostuvo hipótesis diversa, por ende, no encontró violación a los principios que rigen el sistema acusatorio porque cuando el juez se pronunció sobre la razonabilidad de esos datos de prueba, partió de que los entrevistados expusieron hechos que percibieron a través de los sentidos el día de los hechos y durante el velorio de la víctima, sin que hasta este momento procesal en la causa penal se tenga otra alternativa sobre esa teoría del caso. Argumentos los anteriores con los cuales el quejoso no se inconformó ni controvirtió en modo alguno en esta instancia constitucional, por ende, los mismos deben seguir rigiendo la resolución reclamada. Continuando con el análisis de los conceptos de violación, en otro apartado el quejoso sostiene: Que en el supuesto de que el imputado hubiese entregado el arma afecta a la causa era necesaria la presencia de un defensor para que esa autoincriminación que lo relacionara directamente con el homicidio estuviera respaldada con la asesoría de un perito en derecho, dados los alcances legales de ese actuar. Que se pasó por alto lo establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que se debió detener al portador del arma [Rogelio Sánchez Sánchez] hasta en tanto se investigara dicha entrega, pues de lo contrario cualquier persona con el argumento de ser testigo puede acudir ante la Representación Social y entregar cualquier objeto de delito y decir que se lo entregó el autor del hecho sin respetar las reglas esenciales de investigación y cadena de custodia, y por ello se debieron aplicar los criterios que invoca relativos a las pruebas ilícitas y su exclusión en materia penal. Al respecto, quien esto resuelve considera necesario precisar que los anteriores planteamientos en los que el quejoso aduce violación a derechos humanos no los formuló en sus agravios al interponer la apelación; sin embargo, a efecto de no incurrir en la falacia de petición de principio, este tribunal de amparo procederá al estudio de esos argumentos con la finalidad de verificar si al dictarse la resolución reclamada hubo violación a derechos humanos. Lo anterior no implica que este juzgador de amparo cambie las reglas de la apelación, conforme a las cuales el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Es decir, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión, sino solo en positivo; es decir, cuando advierten violaciones a derechos humanos, momento en el cual deben repararlos oficiosamente. Sin embargo, como el quejoso vía conceptos de violación hizo valer violaciones a derechos humanos, al tratarse el juicio de amparo de un instrumento revisor y controlador para que ello no ocurra, se procederá a su estudio. Como sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 17/2019 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Penal, registro 2019737, del epígrafe y texto siguientes: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Asimismo, no se desconoce que el Juez de Control para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. Sin embargo, ello no implica que los Jueces de Distrito no podamos revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 28/2020 emitida también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 260, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2022178, del rubro y texto siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Precisado lo anterior, conviene traer a contexto lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1034/2019, en sesión virtual de quince de julio de dos mil veinte, en el que, entre otros, analizó el tema de autoincriminación o el derecho a guardar silencio. De la lectura de la ejecutoria en comento, se advierte que en el recurso de revisión el quejoso sostuvo que el artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era inconstitucional al atentar contra sus derechos fundamentales a ser tratado con dignidad, a la integridad, a no ser torturado, al principio de proporcionalidad y razonabilidad. Luego, con relación al tema involucrado en el presente juicio -autoincriminación- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en el referido amparo en revisión lo siguiente: I. Que este derecho está contemplado en el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal, por cuanto señala que dentro de los derechos de toda persona imputada está el declarar o guardar silencio. A su vez, el numeral 8.2, inciso g, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contempla como garantía judicial de toda persona el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable. II. Asimismo, señaló que, conforme a las disposiciones citadas, para que se materialice el derecho a guardar silencio, tiene que mediar coerción, debe tener potencial autoincriminatorio y debe versar sobre un acto de carácter testimonial, por lo que el primer elemento no representa mayor problema, pues el artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales claramente se refiere a la toma de muestras corporales cuando la persona se niega a proporcionarlas, por lo que es innegable que el elemento coercitivo está presente. A su vez, que el segundo elemento relativo al carácter autoincriminatorio de la prueba es contingente, pues el artículo en análisis aplica no sólo para obtener muestras corporales de una persona inculpada sino también de terceros relacionados con la investigación. Entonces, este elemento estará presente únicamente en la medida que tenga potencial para generar inferencias inculpatorias en contra de la persona de quien se buscan obtener las muestras, ya sea porque tiene el carácter de indiciada, inculpada, imputada, acusada, o cualquier otro análogo, o porque desde su propia perspectiva estima que la medida podría colocarla en tal posición, para lo cual basta con la pura manifestación en ese sentido. Que en el caso en estudio, el recurrente fue vinculado a proceso, por lo que tiene el carácter de imputado, y se opone a la prueba por su preocupación de ser usada en su contra, por lo que es claro que tiene potencial incriminatorio. Y que el tercer elemento es más complejo, pues si bien el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Constitución, y el numeral 8.2, inciso g, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se refieren explícitamente al derecho a declarar o guardar silencio, al resolver el amparo directo en revisión 5236/2014, esa Primera Sala sostuvo que el concepto "no declarar" incluye la posibilidad de reservarse cualquier expresión, incluso no verbal, en relación con la acusación formulada. Por tanto, si bien el derecho a la no autoincriminación no se limita a expresiones verbales, sí se refiere exclusivamente a aquellas de carácter testimonial. III. Asimismo, -sostuvo la Primera Sala- que el derecho a la no autoincriminación funciona como regla probatoria de rango constitucional, que otorga a los inculpados la facultad de limitar el flujo de información testimonial para su uso en los procedimientos penales. IV. También sostuvo que, a diferencia de otros tipos de prueba, el conocimiento que obtiene la juzgadora de una testimonial se produce en virtud de la confianza que obtiene en que la intención del hablante es informarle de manera veraz del contenido de una proposición fáctica. Por esta razón, si advierte que la intención del hablante es otra-como protegerse a sí misma, dañar a otra persona u obtener un beneficio personal- las razones que tendrá la juzgadora para tomar dichas aseveraciones como razones para creer en la verdad de la proposición necesariamente se verán menoscabadas, y en algunos casos se eliminarán por completo. En contraste, una prueba material genera razones para creer en una proposición fáctica con independencia de las intenciones del inculpado. V. Y en segundo lugar, porque el testimonio ofrece a las juzgadoras una justificación epistémica única, que no le ofrecen otras fuentes de conocimiento. Esto es así dado que el conocimiento testimonial se obtiene con base en la autoridad epistémica del hablante, por lo que la juzgadora puede relevar la justificación de la credibilidad de la proposición a quien la emite, una vez que agota sus propios recursos justificativos. Es decir, si se exige a la juzgadora que explique el sustento de su creencia en cierta proposición, habrá de remitir al testigo para proporcionar su justificación epistémica. Expuesto el anterior panorama, resultan infundados los conceptos de violación en la parte que el quejoso señala que se debió excluir del caudal probatorio el arma de fuego relacionada con la causa, porque en el supuesto de que el imputado hubiera entregado el arma de fuego ello debía ser ante la presencia de un defensor para que esa autoincriminación estuviese respaldada con su asesoría, además de que debió detenerse a la persona que entregó el citado artefacto, para investigar tal entrega conforme a las reglas de investigación y no permitir su incorporación ilícita. Se afirma lo anterior, porque trasladado al caso en estudio lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la no autoincriminación, las técnicas desarrolladas respecto de las pruebas no tienen naturaleza cognitiva ni dependen de la autoridad epistemológica de la persona a quien se practica, por lo que no se encuentran protegidas por su derecho a no declarar. Luego, no obstante que una persona distinta al imputado hubiere entregado el arma de fuego relacionada con la causa, ese hecho por sí no vuelve ilícito tal objeto o cualquier otra técnica de investigación que sobre él se realice, con el fin exclusivo de constatar o revelar hechos que sirven de fuente o medio de prueba en un proceso judicial, las cuales se sobreponen a la voluntad del individuo cuando se efectúan mediante autorización judicial, porque su finalidad es comprobar o descartar hechos materia de investigación por parte del Ministerio Público, o bien de carga probatoria. Por tanto, en tratándose del objeto material del delito aquí analizado (arma de fuego), el inculpado no funge como autoridad epistémica para determinar su clasificación, si tiene correspondencia con el artefacto que privó de la vida a la víctima o relación con los casquillos encontrados en el lugar de los hechos, de modo que en estos casos, los juzgadores al motivar su resolución, no se ven en la necesidad de aludir a la credibilidad del inculpado para determinar el nivel de certeza sobre cualquiera de estas proposiciones. Esto es, en dicho supuesto la autoridad epistémica es otra persona (como por ejemplo un perito) o el propio juzgador, quien puede percibir las características de la prueba directamente, pero no el inculpado y por ende, contrario a lo que argumenta el amparista, no es necesaria la presencia de un defensor. Más porque, según se advierte del sumario, mediante una prueba científica consistente en un dictamen de balística, se estableció la correspondencia del arma de fuego tipo escuadra, calibre .38 súper, auto, matrícula 70L26129 y los casquillos encontrados en el lugar donde falleció la víctima S.S.S., misma que el juez natural relacionó con las inspecciones y los informes periciales que se practicaron en el propio lugar de los hechos y en esa virtud, como ya se dijo, la entrega de ese artefacto bélico por parte del testigo R.S.S., no vuelve ilícita la prueba y por lo mismo, es correcto que el juez natural no la excluyera del caudal probatorio. De tal suerte, el propósito de las cuestiones analizadas en tanto se tratan de actos de investigación, es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y, como fin último, que los daños causados por el delito se reparen, los cuales constituyen bienes jurídico promovidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su ordinal 20, apartado A, fracción I. En esa virtud, quien esto resuelve estima cumplida la legalidad de la ponderación que hizo el juez natural, ya que se ajustó a los principios que rigen el debido proceso legal, además, no advierte infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia y por tanto resulta legal la incorporación del artefacto bélico en análisis, máxime que, como quedó precisado en párrafos precedentes, se excluyó del acervo probatorio la declaración de la progenitora del imputado, en lo relativo a la confesión que adujo éste le realizó acerca de ser el autor del delito. Lo anterior, con independencia de que se hubiere detenido o no a la persona que realizó la entrega física del arma de fuego a efecto de realizar las investigaciones correspondientes, como refiere el amparista, pues en todo caso corresponde al agente del Ministerio Público, acorde con sus facultades, determinar la forma y términos en que ello proceda. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Miguel Sánchez Maldonado, por conducto de su defensor particular Christian Abraham Anguiano Magaña, contra el acto reclamado al Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.****************************************Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por se tiene a Christian López Ávila asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas y representante del tercero interesado Gustavo Sánchez Sánchez, y atento a su contenido, téngasele apersonándose dentro del presente juicio. ****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos de la parte tercera interesada.****************************************Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva.****************************************Por tanto, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, en virtud de lo acordado en el párrafo anterior. ****************************************En tal virtud, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas con diez minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno. ****************************************Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente:****************************************"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."****************************************Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio.****************************************Notifíquese por lista.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Luis Mata Espinoza894/2023
- Luis Melgoza Heredia625/2018
- Luis Melgoza Heredia339/2016
- Luis Mena León1086/2021
- Luis Merlos González535/2018
- Luis Miguel Ferrel Gomez1261/2023
- Luis Patricio Peña Guillén960/2021
- Luis Raúl Calderón Santos82/2020
- Luis Raul Nuñez Pérez1213/2019
- Luis Roberto Curiel Medina1324/2023
- Luis Roberto Martinez Izquierdo1208/2023
- Luis Rodriguez Caravantes625/2020