Luis Miguel Ramírez Villasana

Expediente 917/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
917/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Miguel Ramírez Villasana

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el escrito signado por el quejoso Luis Miguel Ramírez Villasana, por medio del cual, solicita se gire oficio a la Oficialía de Partes Común de la Ciudad de México, a fin de que informe sobre el cumplimiento a la incompetencia planteada por éste juzgado federal. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el juicio de amparo 917/2022-V, del índice de éste juzgado federal, fue ingresado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México, y turnado al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, informó que asumió la competencia planteada por este juzgado. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria del Juzgado Décimo de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió el juicio de amparo 917/2022-V; asimismo, hace del conocimiento que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para seguir conociendo de la demanda que promovió Luis Miguel Ramírez Villasana, por propio derecho. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, el juzgado de distrito de mérito aceptó la competencia que le fue declinada, para seguir conociendo del juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otro lado, de la certificación a que alude la cuenta se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Juan Carlos Velázquez Morales, secretario que firma y da fe. Joss

  3. Principal

    S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************** presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución. Notifíquese; por lista a la quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve Luis Miguel Ramírez Villasana, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo Chilpancingo, Guerrero y otra autoridad, que los hace consistir en lo siguiente; El auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 22/2022-I, y el oficio 700/2022 de catorce de julio de año en curso, en donde se ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional, en su carácter patrón del quejoso, le descontara el 40% de su sueldo y demás prestaciones que recibe en forma mensual, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores Leudy y Luís Miguel de apellidos Ramirez Soto; y por pensión alimenticia retroactiva a partir del dieciocho de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. La ejecución del auto y oficio antes señalados. Fórmese expediente impreso y electrónico, bajo el número 917/2022-V. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. INCOMPETENCIA Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para arribar a esta determinación debe partirse de lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, constitucional; y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro; entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material. Lo cual, se traduce en una competencia por territorio, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Así, para determinar la competencia del caso, hay que atender estos aspectos: Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, el lugar donde se haya presentado la demanda. Ahora bien, en la especie, los actos reclamados por la parte quejosa los hace consistir en: El auto de dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 22/2022-I, y el oficio 700/2022 de catorce de julio de año en curso, en donde se ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional, en su carácter patrón del quejoso, le descontara el 40% de su sueldo y demás prestaciones que recibe en forma mensual, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los menores Leudy y Luís Miguel de apellidos Ramirez Soto; y por pensión alimenticia retroactiva a partir del dieciocho de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. La ejecución del auto y oficio antes señalados. En ese orden de ideas, de los hechos que bajo protesta de decir verdad manifiesta la parte quejosa, existen datos o elementos que permiten advertir que el acto reclamado se ejecutará en la Ciudad de México, pues es ahí, donde tiene su residencia la autoridad que el quejoso señala como autoridad ejecutora (Subjefe de la Unidad Ejecutora de Pago de las Oficinas Superiores, de la Secretaría de la Defensa Nacional); por tanto, debe aplicarse la regla de competencia prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por ello, de conformidad con lo que dispone el primer párrafo del numeral en cita, es competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando evidente que el Juez competente para conocer de la presente demanda de garantías lo es uno de Distrito en la Ciudad de México, dado que los actos que combate la parte quejosa, se ejecutaran en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro textualmente dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Así las cosas y no existiendo acto de ejecución material en esta jurisdicción, que daría competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer de la controversia constitucional que se le plantea, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase la demanda de amparo y anexos al Juzgado de Distrito en materia Civil de la Ciudad de México, en turno, para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados. NOTIFICACIÓN Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICA Ahora, toda vez que el quejoso solicita la consulta y la notificación vía electrónica del expediente en que se actúa, a través del usuario "Jose Luis Barrios Nava". En tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, vía electrónica. En el entendido que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye a la analista jurídico sise para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el usuario que proporciona el promovente, para el efecto de puede realizar la consulta del expediente electrónico. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las demás partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZADOS PARA OÍR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: electrónicamente al quejoso; y por oficio al Juzgado de Distrito en materia Civil de la Ciudad de México.

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