Luis Miguel Quintero Cisnero y Otros.
Expediente 797/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/09/2019
Partes del expediente
- Luis Miguel Quintero Cisnero y Otros.
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe concerniente a la suspensión de plano decretada en este asunto, rendido por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Ahora bien, en virtud de que mediante comunicado 57754/2019, allegado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, hizo del conocimiento a este órgano de control constitucional que aceptó la competencia planteada, se ordena remitir la informativa de cuenta a la citada autoridad, previa copia certificada que se deje en el cuaderno en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 57754/2019 signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, por medio del cual hace del conocimiento que aceptó la competencia que se le planteó mediante proveído de cinco de septiembre del año actual, aquí dictado, el que registró bajo el número de juicio de amparo 840/2019-II; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Conforme a lo anterior, es de sostenerse que este asunto se encuentra debidamente integrado, ya que no existe mandato alguno por cumplimentar; en consecuencia con fundamento en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese como concluido, el cual, no se considera de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario. Dado que este asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto Primero, inciso XX, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido a partir del trece de marzo de dos mil veinte. Finalmente, remítase a la autoridad de cuenta el telegrama mediante el cual diversas autoridades responsables rindieron su informe relativo a la suspensión de plano decretada en este asunto, a afecto de que provea lo que estime correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, once de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe relativo a la suspensión de plano decretada en este asunto, rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número dos "Occidente" en El Salto, Jalisco; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, y una vez que se tenga noticia sobre la incompetencia planteada dentro de este asunto, remítase a la autoridad correspondiente. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 48523/2019 signado por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a través del cual remite diligenciado nuestro exhorto 448/2019-I (orden 523/2019), pues notificó a los quejosos el auto de cinco del mes y año actuales; con fundamento en el artículo 221 del citado código procedimental, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; dése de baja la comunicación oficial recibida de la estadística de este Tribunal. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda signado por 1Luis Miguel Quintero Cisnero, 2 Raúl Junior Hernández Gonzáles, 3Pablo Hernández Morales, 4Óscar Huerta Vázquez, 5Óscar Javier Llamas Orta, 6Omar Llamas Orta y 7Fernando Alan Ríos Bustos, quienes se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en el municipio de El Salto, Jalisco; regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 797/2019-I, y fórmese el expediente correspondiente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta e inadecuada atención médica en agravio de los quejosos 1Luis Miguel Quintero Cisnero, 2 Raúl Junior Hernández Gonzáles, 3Pablo Hernández Morales, 4Óscar Huerta Vázquez, 5Óscar Javier Llamas Orta, 6Omar Llamas Orta y 7Fernando Alan Ríos Bustos, respecto de los padecimientos que presentan, esto es, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente" con sede en El Salto, Jalisco, en su calidad de autoridad responsable, deberá en forma inmediata prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello a fin de preservar su derecho humano a la salud. La autoridad responsable deberá informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que haya dado a la presente suspensión, apercibida que de no acatar lo anterior se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos) moneda nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro Hómine. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por el quejoso, para delimitar cual de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así, los promoventes señalan como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias en donde se encuentran recluidos. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la falta de atención médica de las responsables, tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentran privados de su libertad los quejosos 1Luis Miguel Quintero Cisnero, 2 Raúl Junior Hernández Gonzáles, 3Pablo Hernández Morales, 4Óscar Huerta Vázquez, 5Óscar Javier Llamas Orta, 6Omar Llamas Orta y 7Fernando Alan Ríos Bustos (Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco), por lo que es obvio que se están llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión de los agraviados. Sirve de apoyo, la tesis de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 2093, del mes de julio de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, residente en Zapopan, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente" con residencia en aquella localidad, en el que se encuentran recluidos los peticionarios de garantías. Se cita como sustento a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." También es aplicable el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, residente en Zapopan, a fin de que se avoque al conocimiento del juicio, dada la competencia que se le plantea, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, y fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, residente en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tome las medidas conducentes a fin de que se notifique el presente proveído a los agraviados 1Luis Miguel Quintero Cisnero, 2 Raúl Junior Hernández Gonzáles, 3Pablo Hernández Morales, 4Óscar Huerta Vázquez, 5Óscar Javier Llamas Orta, 6Omar Llamas Orta y 7Fernando Alan Ríos Bustos, en el lugar en que están internados, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente"; se faculta al titular del órgano jurisdiccional que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones; asimismo, para que ordene a quien corresponda notifique a la autoridad responsable la suspensión de plano aquí decretada, para lo cual deberá remitirse el oficio correspondiente. Notifíquese personalmente por exhorto a los quejosos. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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