Luis Miguel Perea Angeles
Expediente 765/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Miguel Perea Angeles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, anexas a los Juzgados de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Texcoco, mediante el cual remite un tomo de copias certificadas. Ahora bien, se informa a la promovente que mediante auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se ordenó archivar el presente expediente como asunto concluido; asimismo, del contenido del oficio de cuenta, se desprende que el tomo que anexa se encuentra dirigido al Juez de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México. Por lo anterior, gírese atento oficio y devuélvase el tomo de copias certificadas a la promovente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. *** se declara firme dicho auto. Orden de archivo. Información reservada. Devolución de constancias. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO, Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y TERCERO INTERESADO QUE INTERVINO EN LA CAUSA. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Adriana Ríos Hernández, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Relación de estado procesal de autos. De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de cuatro de enero de dos mil veintidós, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad señalada como responsable dio a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." II. Antecedentes. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se deben tomar en consideración los siguientes antecedentes: Acto reclamado. El auto de vinculación a proceso de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, dictado en mi contra dentro de la causa de control número .../2021 del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, por el delito de uso de documento falso, ilícito previsto por el artículo 173 párrafo primero del Código Penal para el Estado de México, en agravio de la fe pública y la Universidad Autónoma del Estado de México". 2. Sentencia de amparo. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, dictó sentencia en el presente asunto, donde se concedió el amparo al quejoso para que la responsable cumpliera con lo siguiente: 1. Sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso, de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictados en la carpeta administrativa ..../2021 de su índice, y sin que se requiera verificar una nueva audiencia, en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, emita por escrito y de manera íntegra el auto de vinculación a proceso, que decretó oralmente al quejoso, los cuales no podrán exceder los alcances de las ya emitidas oralmente; 2. Al subsanar el mencionado vicio formal, tomando en cuenta que tanto la emisión oral del auto de vinculación a proceso, como los autos escritos, conforman una unidad; sea nuevamente notificado al quejoso, a fin de que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime procedente. 3. Información de cumplimiento. Mediante oficio que se tuvo por recibido el cuatro de enero del año en curso, la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, informó sobre el cumplimento dado a la ejecutoria, remitiendo las constancias respectivas, de las que se advierte que: La Jueza de Control Maestra en derecho Penal MPAM, engrosando a los autos de la casusa de control (expediente electrónico) .../2021 la pieza escrita del auto de vinculación a proceso emitido en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue firmado electrónicamente por dicha juzgadora, ello atento a que dicho tribunal se encuentra bajo el modelo de gestión judicial penal (cero papel) integrándose las causas de control de manera electrónica. Se ha notificado dicha resolución al quejoso, entregándole para tal efecto copia d ela misma, con la finalidad que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime pertinente. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestará lo que su interés legal conviniera, y por lo que la parte quejosa no realizó manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria alguna, por lo que resulta pertinente calificar el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. IV. Consideraciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, o bien, determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse el argumento toral con el que se concedió la protección constitucional, mismo que, en lo que interesa, fue el siguiente: En efecto, se insiste, la adición al artículo 16 constitucional no suprime la primera parte en la que menciona que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad"; pues como se ha analizado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una regla especial, que debe predominar sobre la general, en consecuencia queda claro que no aplica en su literalidad, la parte adicionada en el sentido de que ".en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio." ya que como excepción, el Código Nacional Procesal, prevé una regla especial (sobre la general) en el sentido de que el auto de vinculación a proceso y las de medidas cautelares, decretados oralmente, deben constar por escrito. En tales circunstancias, la deficiencia formal apuntada del acto reclamado, impide pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que tanto la emisión oral de la resolución de vinculación a proceso decretada en audiencia, como su auto escrito, conforman una unidad, como lo prevé el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en el caso, como no existe la resolución escrita, el acto no está debidamente integrado y se impone que sea subsanada tal violación adjetiva, ya que atendiendo al principio de mayor beneficio, una vez que la versión escrita del auto de vinculación a proceso contra Luis Miguel Perea Ángeles, sea emitida, el quejoso podrá hacer valer los medios de defensa que considere pertinentes contra tal determinación. De esta manera, se concluye que la omisión de la autoridad responsable constituye una infracción que, en forma directa, vulnera lo previsto en el artículo 67, fracciones IV y V, párrafo segundo, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del texto del artículo citado se desprende la naturaleza del acto en dos hipótesis. - Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y - Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter positivo, por implicar un hacer de la autoridad responsable; por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado. V. Actos realizados por las autoridades responsables tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. Entonces, del ..../6075/2021 remitido por la autoridad señalada como responsable, al cual se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: La Jueza de Control Maestra en derecho Penal Ma.PAM, engrosando a los autos de la casusa de control (expediente electrónico) .../2021 la pieza escrita del auto de vinculación a proceso emitido en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, mismo que fue firmado electrónicamente por dicha juzgadora, ello atento a que dicho tribunal se encuentra bajo el modelo de gestión judicial penal (cero papel) integrándose las causas de control de manera electrónica. Se ha notificado dicha resolución al quejoso, entregándole para tal efecto copia d ela misma, con la finalidad que se encuentre en aptitud de ejercer su defensa como lo estime pertinente. VI. Pronunciamiento sobre exceso o defecto en el cumplimiento. Ahora bien, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, se estima pertinente mencionar que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la resolución que concedió la protección constitucional; en tanto que, hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Entonces, de la narrativa anterior, se aprecia que la autoridad señalada como responsable atendió los efectos de la sentencia de amparo, pues emitió por escrito y de manera íntegra el auto de vinculación a proceso que decreto oralmente al quejoso. Por lo expuesto en párrafos que anteceden, se aprecia que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional, pues los efectos concesorios del amparo se constreñían en que la autoridad responsable, emitiera de forma escrita el acto de vinculación a proceso dictado al quejoso. Orienta a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por lo expuesto, quien ahora provee considera que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la tesis siguiente: "Décima Época Registro: 2008717 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. CX/2015 (10a.) Página: 1115 SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable, dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en la sentencia de amparo, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. VII. Del archivo del expediente. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TERCERA INTERESADA Y, POR OFICIO, A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ^^
- Principal
Vista la razón actuarial realizada por la licenciada Sandybell Josefina Pérez Martínez, Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, en la cual asienta los motivos por los cuales no le fue posible notificar de forma personal a la parte quejosa el proveído cuatro de enero de dos mil veintidós, atento a lo anterior, se ordena su notificación del acuerdo referido, de este proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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