Luis Miguel Nava Almazán

Expediente 2/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Luis Miguel Nava Almazán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    XI... Agréguese sin mayor proveído el oficio suscrito por la Secretaria de acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto librado con la finalidad de notificar al quejoso el auto de cuatro de enero pasado por el que se previno su demanda, lo anterior, toda vez que como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos el trece de enero del año en curso se le notificó dicho auto.

  2. Principal

    XI... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el solicitante de amparo no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto por el cual se desechó de plano la demanda ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción.

  3. Principal

    XI... Agréguese el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa, en atención su contenido, se tiene desahogada la prevención formulada en auto de cuatro de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Luis Miguel ..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México y otra autoridad. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados: El acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, en los autos del expediente 36/2016, en el que inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del diverso proveído de siete de diciembre del citado año. El proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable determinó otorgar como medida provisional la pensión alimenticia a favor de los menores hijos, a cargo del quejoso la cantidad que resulte de un salario y medio mínimo diario y la cantidad que resulte multiplicado por los días que tiene cada mes. Al respecto, se considera que respecto de los actos antes precisados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo -respectivamente-; en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se analizará la improcedencia del juicio de control constitucional con relación al acto reclamado precisado en el inciso a), al materializarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo.. En efecto, del citado precepto se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, en el caso concreto, no se cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o anulado; esto, a través de un recurso ordinario establecido en la norma secundaria, como lo es el recurso de queja, prevista en los artículos 1.360, 1.361 y 1.393, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establecen: "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: Revocación Apelación Queja Artículo 1.361 Los recursos no son renunciables. Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: No admite una demanda Deniega una apelación." Así, tomando en consideración que el acto reclamado que se analiza consiste en el auto mediante el cual el juez responsable determinó inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso; es inconcuso que el ahora titular de la acción constitucional estaba obligado a interponer contra dicha determinación el recurso previsto en la ley como queja, previo a solicitar la protección de la justicia de la unión, medio de defensa que en el supuesto de ser declarado fundado, se ordenaría admitir la apelación. De ahí que, sea claro que el quejoso antes de acudir a esta instancia constitucional debió impugnar el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, a través del recurso de queja, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; lo anterior, tomando en consideración que para la legislación aplicable los recursos no son renunciables. Por otra parte, respecto al acto reclamado indicado en el inciso b), se actualiza la antes citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeto a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, la revocación, esto conforme al artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Del enunciado normativo trascrito, se advierte que en contra de los autos dictados en un juicio civil en los cuales no proceda el recurso de apelación, procede el de revocación. Lo anterior, porque la parte quejosa reclama del juez responsable el proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable determinó otorgar como medida provisional de pensión alimenticia a favor de los menores hijos, a cargo del quejoso la cantidad que resulte de un salario y medio mínimo diario y la cantidad que resulte multiplicado por los días que tiene cada mes; por tanto, si en contra de ese auto no procede apelación, ni se encuentra dentro de los establecidos para la procedencia de la queja, en consecuencia, debe promoverse revocación ante el propio juez que dictó el acto reclamado. Por lo que, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dichos actos resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.11/2018, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo uno, página ocho, con el rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, al no agotarse el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de dicho acto resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que es naturaleza extraordinaria, lo que implica que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse. No es óbice a lo anterior, que el quejoso refiera que se le causa un daño de imposible reparación dentro de juicio; sin embargo, conforme al artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no la excluye del agotamiento de la definitividad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo I, julio de dos mil doce, página 729, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En la misma línea de argumento, la jurisprudencia trascrita, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotada, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo Idóneo Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo; lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame y; el plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En la especie, los recursos de queja y revocación -antes analizados- reúnen dichos requisitos, pues son efectivos, en razón que se encuentran previstos en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte recurrente, en el que exprese sus agravios; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la actuación procesal que se impugne -autos que deniegan un apelación y los que no se encuentran comprendidos el supuestos expresamente establecidos-, son de plazo razonable, ya que una vez que se presenta el escrito respectivo se dará vista a la parte contraria por el término de tres días y transcurridos, el juez resolverá dentro del tercer día, en ambos casos. Luego, si en el caso el quejoso no interpuso los medios ordinarios de defensa previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en contra de los autos reclamados, evidentemente, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII en relación con el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Luis Miguel Nava Almazán, por propio derecho. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.

  4. Principal

    XI... Visto el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se le tiene acusando recibo del exhorto 408/2019 (consecutivo 408/2022-XI), que se libró con el fin de notificar a la parte quejosa el auto de cuatro de enero actual, por el que se previno su demanda de amparo; asimismo, informa que procedió a diligenciarlo.

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