Luis Miguel Murillo Escobedo

Expediente 644/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 31 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
644/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Luis Miguel Murillo Escobedo
  • Luis Maximiliano Murillo Plascencia
  • Director General de la PolicìA de InvestigaciòN del Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso. No existe recurso pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes para que hicieran manifestaciones respeto del informe de cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En sentencia de treinta de agosto de mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de Federal, para que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, dieran cumplimiento en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar realice lo conducente al inmediato desahogo de la prueba ordenada en proveídos de diecinueve de octubre y tres de noviembre de dos mil veinte, tendientes a conocer las condiciones actuales del domicilio y el entorno en el que viven los contendientes, ********************y ********************, y hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la medida cautelar de guarda y custodia del menor de edad ********************. La protección otorgada se hace extensiva al acto atribuido al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al hacerse derivar del acto de la ordenadora y por el cual se concede..." Resolución que causó ejecutoria por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se procedió a requerir el cumplimiento a la responsable en comento. En atención a lo anterior, por oficio registrado con folio 654, recibido por este juzgado el once de enero de dos mil veintidós, la responsable informó que: Dejó sin efecto legal alguno el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, en la parte referente a que se determinó que es la demandada Elizabeth Plascencia Moreno quien indiciariamente tiene mejor capacidad que el señor Luis Miguel Murillo Escobedo para ejercer el cuidado de su menor hijo, mientras no se demuestre lo contrario, otorgando además la guarda y custodia provisional del niño de iniciales M.M.P. a favor de su madre la señora Elizabeth Plasencia Moreno, auto que además ordenó requerir de manera inmediata al actor señor Miguel Murillo Escobedo para que de manera voluntaria y en el acto de notificar la notificación del contenido del referido auto entregara al menor a su progenitora, así como todas la pertenencias del menor, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se haría en vía de ejecución forzosa por parte de ese juzgado en vía de ejecución forzosa: sin perjuicio de aplicar los medios de apremio que establece la ley. Por otra parte, informó que a la fecha resultaba innecesario el desahogo de las pruebas ordenadas en el referido auto de tres de noviembre de dos mil veinte, sobre todo la pericial en trabajo social consistente en el estudio que realice el personal del centro de Convivencia Familiar de este Municipio, ello en razón que el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, tanto Luis Miguel Murillo Escobedo como Elizabeth Plasencia Moreno, celebraron convenio judicial, mismo que cuenta con la anuencia del represéntate social adscrito al juzgado, y de la tutora del menor, documento que ratificaron ante la presencia judicial las partes materiales y por auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, fue elevado a categoría de cosa juzgada, mismo en el cual quedaron satisfechas las prestaciones. Con lo anterior, se dio vista a las partes por auto de catorce de enero de dos mil veintidós; sin que realizaran manifestación alguna. En ese sentido, es pertinente tener a la vista el contenido del artículo 214 de la Ley de Amparo que establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución. De lo anterior, concluyó el Máximo Tribunal del País que la ley prevé dos figuras diversas que pueden Ilegal a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: La Imposibilidad material o jurídica; y La inexistencia de materia para su ejecución. Que en ese sentido el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no está en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original (artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo). En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada (artículo 214 de la Ley de Amparo). Luego, de las constancias precitadas, remitidas por la responsable consistentes en el convenio realizado entre las partes y elevado a categoría de cosa juzgada, son suficientes para demostrar que, en el caso concreto, no existe materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que por virtud del convenio celebrado, entre el quejoso y la tercero interesada en el juicio de origen, los efectos de la protección constitucional cesaron. Con base en esas precisiones, es que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia. ARCHIVO En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y ASESOR JURIDICO DEL MENOR DE INICIALES L..M.M.P. EL AUTO DE 13 DE JUNIO E 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso. No existe recurso pendiente de resolver. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes para que hicieran manifestaciones respeto del informe de cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la sentencia está cumplida. En sentencia de treinta de agosto de mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de Federal, para que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, dieran cumplimiento en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar realice lo conducente al inmediato desahogo de la prueba ordenada en proveídos de diecinueve de octubre y tres de noviembre de dos mil veinte, tendientes a conocer las condiciones actuales del domicilio y el entorno en el que viven los contendientes, ********************y ********************, y hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la medida cautelar de guarda y custodia del menor de edad ********************. La protección otorgada se hace extensiva al acto atribuido al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al hacerse derivar del acto de la ordenadora y por el cual se concede..." Resolución que causó ejecutoria por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se procedió a requerir el cumplimiento a la responsable en comento. En atención a lo anterior, por oficio registrado con folio 654, recibido por este juzgado el once de enero de dos mil veintidós, la responsable informó que: Dejó sin efecto legal alguno el auto de tres de noviembre de dos mil veinte, en la parte referente a que se determinó que es la demandada Elizabeth Plascencia Moreno quien indiciariamente tiene mejor capacidad que el señor Luis Miguel Murillo Escobedo para ejercer el cuidado de su menor hijo, mientras no se demuestre lo contrario, otorgando además la guarda y custodia provisional del niño de iniciales M.M.P. a favor de su madre la señora Elizabeth Plasencia Moreno, auto que además ordenó requerir de manera inmediata al actor señor Miguel Murillo Escobedo para que de manera voluntaria y en el acto de notificar la notificación del contenido del referido auto entregara al menor a su progenitora, así como todas la pertenencias del menor, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se haría en vía de ejecución forzosa por parte de ese juzgado en vía de ejecución forzosa: sin perjuicio de aplicar los medios de apremio que establece la ley. Por otra parte, informó que a la fecha resultaba innecesario el desahogo de las pruebas ordenadas en el referido auto de tres de noviembre de dos mil veinte, sobre todo la pericial en trabajo social consistente en el estudio que realice el personal del centro de Convivencia Familiar de este Municipio, ello en razón que el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, tanto Luis Miguel Murillo Escobedo como Elizabeth Plasencia Moreno, celebraron convenio judicial, mismo que cuenta con la anuencia del represéntate social adscrito al juzgado, y de la tutora del menor, documento que ratificaron ante la presencia judicial las partes materiales y por auto de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, fue elevado a categoría de cosa juzgada, mismo en el cual quedaron satisfechas las prestaciones. Con lo anterior, se dio vista a las partes por auto de catorce de enero de dos mil veintidós; sin que realizaran manifestación alguna. En ese sentido, es pertinente tener a la vista el contenido del artículo 214 de la Ley de Amparo que establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución. De lo anterior, concluyó el Máximo Tribunal del País que la ley prevé dos figuras diversas que pueden Ilegal a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: La Imposibilidad material o jurídica; y La inexistencia de materia para su ejecución. Que en ese sentido el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no está en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original (artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo). En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada (artículo 214 de la Ley de Amparo). Luego, de las constancias precitadas, remitidas por la responsable consistentes en el convenio realizado entre las partes y elevado a categoría de cosa juzgada, son suficientes para demostrar que, en el caso concreto, no existe materia para la ejecución de la sentencia, toda vez que por virtud del convenio celebrado, entre el quejoso y la tercero interesada en el juicio de origen, los efectos de la protección constitucional cesaron. Con base en esas precisiones, es que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara que dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia. ARCHIVO En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795

  3. Principal

    El catorce de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 654 y anexos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez, de García Salinas, Zacatecas, por el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y adjunta las constancias con las que lo acredita. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y anexo; para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computados manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese.

  4. Principal

    El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado, CERTIFICA: Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso; Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del ocho al veinticuatro de septiembre, para la tercera interesada Elizabeth Placencia Moreno del siete al veintitrés de septiembre, para el licenciado José Alberto Zárate Juárez, asesor jurídico federal, adscrito a la Delegación Zacatecas del Instituto Federal de Defensoría Pública, representante especial de la menor de edad de iniciales L.M.M.P., del tres al veintiuno de septiembre, para las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, Actuario Notificador adscrito a dicho Juzgado y para el Director de Seguridad Pública, todas de Jerez de García Salinas, Zacatecas, del trece al veintinueve de septiembre y para el Director General de la Policía de Investigación del estado de Zacatecas, del dos al veinte de septiembre, para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado del uno al diecisiete de septiembre, todos del año en curso sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado, dentro del juicio de amparo número 644/2020; asimismo, que hasta esta fecha se pasa acuerdo por causa imputables al secretario en resguardo del expediente. De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión por separado, sin que en el caso se haya exhibido billete de depósito o alguna otra garantía que amerite proveer sobre su destino; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Por otra parte, vista la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado en la que por una parte se sobreseyó en el presente asunto y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de tres días, acaten en sus términos el fallo protector de que se trata, debiendo realizar lo siguiente: ".SEPTIMO. Efectos del fallo protector. Para que el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar realice lo conducente al inmediato desahogo de la prueba ordenada en proveídos de diecinueve de octubre y tres de noviembre de dos mil veinte, tendientes a conocer las condiciones actuales del domicilio y el entorno en el que viven los contendientes, LUIS MIGUEL MURILLO ESCOBEDO y ELIZABETH PLACENCIA MORENO, y hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la medida cautelar de guarda y custodia del menor de edad Luis Maximiliano Murillo Placencia. La protección otorgada se hace extensiva al acto atribuido al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Jerez de García Salinas, Zacatecas, al hacerse derivar del acto de la ordenadora y por el cual se concede.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y consignación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es DEPURABLE el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se concedió la suspensión provisional y la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

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