Luis Miguel Márquez Gamboa
Expediente 243/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Miguel Márquez Gamboa
Actuaciones
- Principal
transcurrió el plazo previsto artículo 98 ley de amparo y no se recurrió proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 356, fracción II del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria numeral 2 ley amparo, se declara ha causado estado determinación que desechó de plano la demanda. se determina no obran documentos originales. se ordena destruir pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. I. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 243/2019-III, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Luis Miguel Márquez Gamboa. III. Autoridad responsable. Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad. IV. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se examina en su integridad, esto es, desde el proemio hasta sus puntos petitorios, de lo que se advierte que la parte quejosa reclama: La audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio 856/2019 sobre cancelación de pensión alimenticia promovido por el quejoso en contra de Nuria Areli Márquez Pérez, en la cual se admitió la prueba documental que en ese momento exhibió la parte demandada, misma que había sido anunciada en el escrito de contestación. En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b) ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "...Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". De la transcripción anterior, se desprende que el amparo procede contra actos emitidos en juicio por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, en donde se destaca que la ley de la materia es la encargada de definir este concepto a cabalidad, para de esa manera determinar la procedencia del juicio indirecto. En esa medida, de acuerdo al contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador federal previó lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I.V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Énfasis añadido Así las cosas, del precepto transcrito puede colegirse que los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que transgreden los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, con base en estas disposiciones se afirma que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos considerados como de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que estos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos puramente sustantivos. Es decir, plasmó que las consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el creador de la norma dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de -los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estos razonamientos jurídicos se desprenden de la jurisprudencia P./J. 37/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Tomo I, página 39, Décima Época, junio de dos mil catorce, número de registro 2006589, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Dentro del esquema general de derechos con rango fundamental, se encuentran el debido proceso, la seguridad jurídica y la legalidad; sin embargo, estos derechos de rango constitucional, sólo pueden ser examinados inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, cuando su violación es directa, y no por mera infracción a normas secundarias procesales, por lo que, cuando el legislador ocupa la categoría conceptual de derecho sustantivo, lo hace para diferenciarlo de las normas adjetivas o procesales, las cuales sin duda conforman esquemas jurídicos que hacen efectiva la tutela judicial efectiva, pero en un grado operativo casuístico, mientras que las normas sustantivas representan expresiones absolutas del derecho, que obligatoriamente debe cumplir el Estado, con independencia de la posición procesal de las partes y rigen su proceder en forma permanente, y por ello, su violación es ipso facto irreparable, procediendo el control constitucional ciudadano, a través del juicio de amparo. Sobre este tema, pueden consultarse los criterios del Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 189 y 175, localizables en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS."; y, "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." En conclusión, los actos de naturaleza procesal, por regla general, no son impugnables en amparo indirecto, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos pueda ser subsanada si éste obtiene resolución favorable a sus intereses, y en caso contrario, tales irregularidades pueden combatirse por conducto del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución que ponga fin al juicio. Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar a los actos aquí reclamados, como de imposible reparación; pues no afectan de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; y menos aún, se afectan de manera material, a grado tal que impidan el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Es así, toda vez que en la especie el acto reclamado a la Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del expediente 856/2019 sobre cancelación de pensión alimenticia promovido por el quejoso en contra de Nuria Areli Márquez Pérez, consiste en la determinación que asumió en la audiencia preliminar de trece de marzo del año en curso, al admitir la prueba documental que en ese momento exhibió la parte demandada, misma que había sido anunciada en el escrito de contestación, se considera que no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino en todo caso derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene una sentencia favorable a sus intereses. Luego, es claro que la determinacion combatida es de naturaleza meramente intraprocesal, pues como ya se vio, en dicho acto sólo se admitió la prueba documental, que incluso ya había sido anunciada por la oferente, circunstancia que de ningún modo produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, pues no se le está impidiendo el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Esto es, independientemente de que la violación procesal pueda o no causar un perjuicio predominante o de grado superior o grave, la Ley de Amparo es clara al señalar que el amparo indirecto procederá únicamente cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por tales actos deberá entenderse, únicamente, "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Lo expuesto encuentra sustento en la tesis de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. III. Domicilio y autorizados.Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Toltecas número 115, colonia Bugambilias, de esta ciudad, al ser el lugar que señaló para tal efecto. Asimismo, téngasele designando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Ignacio Hernández Silva y Verónica Liliana Cordero Bernal, en virtud de que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos restringidos de dicho numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Óscar Francisco Rivas Cordero, por así haberlo solicitado. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Acuerdos Generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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