Luis Miguel Lua Hernández y Otros.
Expediente 227/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/05/2021
Partes del expediente
- Luis Miguel Lua Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. En principio se precisa que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión plenaria de siete de abril del año en curso, determinó la readscripción del titular de este órgano judicial y designó en su lugar al licenciado Guillermo Francisco Urbina Tanús, con efectos a partir del uno de mayo siguiente. Establecido lo anterior, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual se acusó recibo del comunicado por el que se remitió el juicio de amparo 227/2021, asimismo, informa que se aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el numeral 20, inciso a, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, en los seis meses posteriores al dictado de este proveído, por lo que se señala como fecha probable para ello el once de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese, y cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Luis Antonio Hernández Reyes, quien se ostenta como defensor particular de los directos quejosos Jesús Flores Pérez, Luis Miguel Lua Hernández, Juan Aldair Quintana Lucero, Sergio Daniel Gómez García, Israel López Hinojosa, Daniel Pérez Muñoz y Germán Everardo Santiago Elizalde, contra actos del Director del Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos" y otra autoridad; de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 227/2021. Ahora, dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran privados de la libertad personal en el centro penitenciario mencionado, se estima que este órgano de control constitucional carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo. En efecto, las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados -orden de traslado y su ejecución- que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, traten de ejecutarse o se hayan ejecutado los actos reclamados, como acontece en la especie. Por tanto, como se ha puntualizado, si los actos que se reclaman tratan de ejecutarse o se están ejecutando en el lugar donde se encuentran recluidos los justiciables, es indudable que el juez competente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el párrafo primero del numeral 37 de la ley de la materia, lo será aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución el acto reclamado. Bajo ese contexto, si los justiciables se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos", ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, es inconcuso que este juzgado carece de competencia legal para tramitar y resolver este juicio de amparo, por lo que de conformidad con el punto cuarto, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se encuentran internos los quejosos. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 899 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: 'COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.', determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado 'podría' ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que en su oportunidad sea enviado al juzgado que por razón de turno corresponda, a quien se solicita acuse de recibo vía interconexión, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, se sirva comunicar si acepta o no, la competencia declinada. En otro aspecto, notifíquese el presente acuerdo y las subsecuentes determinaciones por medio de lista, ya que no se señaló algún domicilio para tal efecto. Respecto de la petición en el sentido que se permita la "... reproducción a través de medios electrónicos de las constancias y autos que genere la presente demanda...", dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio de amparo, previa cita que para tal efecto se solicite, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. En cuanto al correo electrónico que se proporciona, téngase como medio de contacto para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 22, fracciones I y II, del citado acuerdo. Se instruye a quien corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios que deriven de la sustanciación del presente asunto. Notifíquese.
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