Luis Miguel García Gómez

Expediente 338/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
338/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Miguel García Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguense al presente asunto los oficios remitidos por el coordinador de Zona de la Policía Investigadora Ministerial del Estado Titular de la Coordinación Regional Zona Norte con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero y el responsable del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía Ministerial del Estado, a través de los cuales rinden sus respectivos informes de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio. Atento a lo anterior, dese vista a las partes con los informes de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos la papeleta remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, con el número de registro *********, de la que se advierte que se realizó el turno del presente asunto; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena agregar a los autos la comparecencia de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que el directo quejoso ****, compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar la demanda de amparo presentada por ***. Desechamiento de la demanda Atento a lo anterior, y toda vez que los actos reclamados consisten en la orden de detención y/o privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable deimprocedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Precisión del acto reclamado Ahora, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que la parte quejosa reclama la orden de detención y/o privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. En ese orden, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El dispositivo legal y fracción invocados, previenen que la improcedencia del juicio de garantías se actualiza por motivo al cambio de situación jurídica, entendida ésta, como aquella que se produce cuando: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora, en el presente caso la parte quejosa se duele de la orden de detención y/o privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. En ese orden, si en el presente juicio la parte quejosa indicó que al haber sufrido un accidente automovilístico fue trasladado al Hospital General "Dr. Jorge Soberon Acevedo", y que en dicho lugar acudió un representante de la autoridad responsable, en el que le informó que debía pagar los daños de la patrulla y que debía informar a sus familiares para que cubrieran los daños, ya que de lo contrario al darse de alta médica se iría detenido; asimismo, la responsable le reiteró que desde ese momento se encontraba en calidad de detenido ante dicha negativa de pagar. Por lo tanto, si el acto reclamado únicamente lo constituye la orden de detención y/o privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, es incuestionable que este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para analizar la legalidad del acto reclamado, por existir un cambio de situación jurídica, esto, al no encontrarse privado de su libertad, en virtud de que el mismo compareció a la ratificación de la demanda el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; por lo que es evidente que el mismo no se encuentra en el supuesto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Lo anterior es así, ya que el término "situación jurídica", es entendido como el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de un derecho, cada una de ellas excluye a las otras y por lo mismo, desaparecen sus efectos jurídicos, lo cual hace improcedente el juicio de amparo contra ese status jurídico anterior por considerarse consumados irreparablemente las violaciones reclamadas. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada "cambio de situación jurídica", consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico De ahí, que claramente se advierta que existe un cambio de situación jurídica por cuanto hace a la orden de detención y/o privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, reclamada por el quejoso en el presente juicio de amparo, puesto que se encuentra en libertad; lo que imposibilita el examen constitucional del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 1a./J. 95/2007, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), emitida por la Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En razón de lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, pues como se ha expuesto, el amparo contra actos emitidos dentro de juicio, únicamente se pedirá ante el juez de distrito, contra aquéllos que afecten materialmente y de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no ocurre. En consecuencia, se impone desechar de plano la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 113 de la Ley de Amparo. Autorizados Además, se autoriza en términos amplios a ****, *** y ****, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y únicamente para oír y recibir notificaciones a **** por no contar con dicho requisito. Domicilio De igual forma, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ******, Iguala de la Independencia, Guerrero. Por último, se tiene por recibida la razón de imposibilidad firmada electrónicamente por el actuario judicial adscrito de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para localizar al directo quejoso ****por los motivos que expone; de lo que se toma conocimiento, en ese sentido, no se emite mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, el directo quejoso compareció ante este órgano jurisdiccional, a fin de ratificar la demanda promovida por **** y en líneas precedentes se acordó lo conducente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe de la responsable Secretario de Seguridad Pública Municipal, de esta ciudad, en relación con la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa en proveído de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes. Vista En tales condiciones, con el contenido de dicho informe dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Notifíquese por lista a las partes.

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