Luis Miguel Ferrer Rojas

Expediente 1190/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1190/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Miguel Ferrer Rojas
  • Dorian Hassiel Contreras Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Luis Miguel Ferrer Rojas y Dorian Hassiel Contreras Rangel, hubieren interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Luis Miguel Ferrer Rojas y Dorian Hassiel Contreras Rangel, por propio derecho; contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, en su carácter de Juez de Control con sede en Ciudad Judicial Apizaco, Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1190/2023-III. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados en: La resolución de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 44/2023, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, en su carácter de Juez de Control con sede en Ciudad Judicial Apizaco, Tlaxcala, respecto de la revisión de medida cautelar, en cumplimiento a la ejecutoria 33/2023, del índice del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Octavo Circuito. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado relativo a la resolución de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 44/2023, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, en su carácter de Juez de Control con sede en Ciudad Judicial Apizaco, Tlaxcala, respecto de la revisión de medida cautelar, en cumplimiento a la ejecutoria 33/2023, del índice del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Octavo Circuito; se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia consistente en el consentimiento tácito del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En efecto, de los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, se advierte que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, debe computarse con base en las reglas -excluyentes entre sí-, siguientes: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que la que se actualice en primer lugar -cronológicamente-, será la aplicable para realizar el cómputo respectivo. Corrobora lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segundas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el catorce de julio de dos mil veintitrés, puesto que así lo manifestaron expresamente en su escrito inicial de demanda, en el apartado de acto reclamado, y surtió efectos al día siguiente -en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, por lo que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo empezó a correr a partir del día hábil siguiente. Por tanto, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de julio al siete de agosto de dos mil veintitrés, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio, cinco y seis de agosto del presente año; por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de julio al siete de agosto de dos mil veintitrés y la parte quejosa la presentó hasta el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, tal como lo revela el sello que consta en el escrito en comento, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo respecto de dicho acto; pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama, como se esquematiza en el siguiente cuadro: JULIO 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 14 Notificación 15 Día inhábil 16 Día inhábil 17 Surte efectos 18 Día 1 19 Día 2 20 Día 3 21 Día 4 22 Día inhábil 23 Día inhábil 24 Día 5 25 Día 6 26 Día 7 27 Día 8 28 Día 9 29 Día inhábil 30 31 Día 10 AGOSTO 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 Día 11 2 Día 12 3 Día 13 4 Día 14 5 Día inhábil 6 Día inhábil Día inhábil 7 Día 15 En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la materia. Por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan para tal efecto en su demanda de amparo, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala; por así manifestarlo expresamente. Asimismo, se ordena notificar a los autorizados de la parte quejosa mediante estrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. Autorizados. En otro aspecto, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Bernardo López Carmona y Raúl Sánchez Carballo, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y las restantes personas únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que no tienen registrada su cédula en el referido sistema. Comunicación no procesal. En otro aspecto, con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que refiere, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Representante común En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la materia, se tiene como representante común a Luis Miguel Ferrer Rojas, sin perjuicio de que posteriormente pueda ser sustituido.  Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Transparencia Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el lugar en que se encuentran recluidos. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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