Luis Miguel Farfan García
Expediente 76/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2016
Partes del expediente
- Luis Miguel Farfan García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de México, acusa recibo de la 8663 y anexo; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, téngase por satisfecho el requerimiento formulado y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó a la oficiante en el acuerdo que cumplimenta.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran diversa constancia de notificación, en obvio de mayores dilaciones procesales, solicítese al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas legalmente, remita copia certificada del acuse de recibo del oficio, por el que se hizo de su conocimiento la resolución dictada el treinta de octubre de dos mil quince, vía fax al teléfono 017222360500 extensión 3257 o bien al correo electrónico 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; apercibido que de no hacerlo o informar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá a cada uno, multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia, por cada requerimiento hecho y no cumplido a satisfacción de este órgano federal.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por el cual acusa recibo de la copia certificada del expediente laboral J.3/20/2011. Circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintidós de enero del año en curso, e informa que el veinticinco de noviembre de dos mil quince dentro del expediente laboral J.3/20/2011, se emitió el laudo correspondiente. De igual modo, remite copias certificadas del juicio laboral citado en el párrafo anterior, constante de un tomo. Así, de la revisión constitucional del presente juicio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, se advierte que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (por revocación), se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto (por sustitución), se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho constitucional violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en: "El incumplimiento de la junta responsable, a observar los términos para la tramitación del juicio laboral ante ella tramitado, especialmente para la emisión del laudo respectivo en el expediente J.3/20/2011." En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación de efectos del acto reclamado, ante la determinación que la responsable emitió en el laudo de veinticinco de noviembre de dos mil quince, dictado en autos del expediente laboral J.3/20/2011, adjuntando copia certificada de dicha actuación, la cual se notificó a las partes el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, es decir, con data posterior a la presentación de su escrito inicial de demanda. De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, como en el caso que nos ocupa. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales circunstancias y al encontrarse plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio constitucional con apoyo en la fracción III, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya dado vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia aludida, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 64 de la ley de la materia, pues dicha obligación sólo impera para los Tribunales revisores; es decir, cuando se agoten los recursos que procedan contra las determinaciones emitidas en esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, cuyo rubro es del contenido siguiente. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para el verificativo de la audiencia constitucional, a saber las once horas con veinticinco minutos del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, dada la naturaleza de las constancias remitidas por la oficiante, fórmense los anexos correspondientes debidamente identificados, y una vez que cause estado el presente proveído devuélvanse a su lugar de origen.
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