Luis Miguel Cruz Álvarez
Expediente 862/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luis Miguel Cruz Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación de cuenta y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto emitido el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 46 a 49), mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto, por haberse sobreseído fuera de audiencia. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
(CITATORIO)Toda vez que la parte tercero interesada ALINE TRINIDAD AKE DIAZ, no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintidós de diciembre del mismo año, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Medios probatorios. Asimismo, anexa como medios probatorios copia certificada de las documentales siguientes: Copia certificada del juicio oral de divorcio unilateral 1199/2017, de su estadística. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Sobreseimiento fuera de audiencia. Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora, en el caso en particular, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de los actos que ya no afectan al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable reclamo: La dilación procesal de declarar el estado de rebeldía de la C. ALINE TRINIDAD AKE DÍAZ, y fijar fecha y hora para la Audiencia Inicial en autos del Juicio Oral de Divorcio Incausado radicado con el número 1199/2017, ante la responsable, el cual desde su presentación ante el Juzgado de Origen hasta la presente fecha la responsable ha sido omisa en acordar al respecto." Ahora, de las constancias que la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, anexó al oficio de cuenta se advierte, en lo que aquí interesa, que el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictó el auto en el que señaló fecha para la audiencia de avenencia correspondiente, en los términos siguientes: "JUZGADO FAMILIAR Y CIVIL ORAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-------------------------------VISTO: El estado que guardan los autos del presente expediente, y toda vez que la ciudadana ALINE TRINIDAD AKE DÍAZ, no dio contestación a la vista que se le diera mediante auto de fecha veinte de septiembre del año dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 985 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles del Estado, cítese a los ciudadanos ALINE TRINIDAD AKE DÍAZ y LUIS MIGUEL CRUZ ALVAREZ, así como al Agente del Ministerio Público de la adscripción, para la celebración de la Audiencia de Avenencia, que tendrá verificativo el día VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE HORAS, en la Sala Oral I. Con fundamento en el artículo 982 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado supletoriamente por analogía de razón se le apercibe a la parte actora que de no comparecer a la audiencia sin justa causa, se dejará sin efecto su solicitud de divorcio y se archivará el presente juicio. Asimismo, en caso de comparecer, deberán las partes identificarse con documento oficial idóneo. Además, con fundamento en el artículo 915 del Código antes invocado, se les hace saber a las partes su obligación de asistir a dicha audiencia, apercibidos de las consecuencias previstas en el artículo 917 del Código antes señalado en caso de no comparecer. En razón de que la ciudadana ALINE TRINIDAD AKE DÍAZ, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos de los previsto en el artículo 107 de la Ley Adjetiva Civil, hágasele esta y las subsecuentes notificaciones por Lista Electrónica de este juzgado, aun las que por su carácter deban hacerse de manera personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Asimismo, se tiene por presentado al ciudadano LUIS MIGUEL CRUZ ÁLVAREZ, con su escrito recibido en fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado líneas arriba." De lo anterior, se advierte que el Juez responsable señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia de avenencia, ello con motivo de que la tercero interesada Aline Trinidad Ake Díaz, no dio contestación a la vista que se le diera mediante auto de veinte de septiembre del año en curso, en el expediente 1199/2017, de su índice. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque queda demostrado que el Juez responsable el catorce de diciembre de esta anualidad, fijó fecha para la audiencia de avenencia, con motivo que la demanda no dio contestación a la vista otorgada en auto de veinte de septiembre de esta anualidad, de ahí que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la fecha y hora fijada para la audiencia constitucional. Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del doce de enero de dos mil dieciocho. Anotaciones en el sistema respectivo. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Reserva de entrega de oficio Finalmente, no se desatiende que en el cuaderno de varios de este juzgado, por acuerdo de trece de diciembre del año en curso, se informó que el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, decretó como período vacacional de los trabajadores del Poder Judicial del Estado del veintidós de diciembre del año en curso al ocho de enero de dos mil dieciocho, por lo que se ordena que el oficio girado a la autoridad responsable Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, sea entregado una vez que reinicie sus labores.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Luis Miguel Cruz Álvarez, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable precisada en el considerando tercero de este fallo y por las razones expuestas en el quinto considerativo.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe previo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el mismo para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva.
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