Luis Miguel Bernal López
Expediente 1032/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Miguel Bernal López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y, en términos del mismo se le tiene acusando recibo de los documentos que se le devolvieron mediante oficio ***/2023. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Jueza Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México y, en términos del mismo se le tiene acusando recibo de los documentos que se le devolvieron mediante oficio ****/2023. Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos la razón de cuenta, a través de la cual la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado**, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por los motivos que expone, y como se advierte de autos que no dio cumplimiento a lo solicitado por acuerdo admisorio, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se ordena notificarle por medio de lista la sentencia de referencia y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 27, de la Ley de la Materia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese. SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE DICE: "CIUDAD DE MÉXICO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1032/2022, promovido por ***, por derecho propio; contra los actos reclamados de la autoridad ordenadora Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la autoridad ejecutora Juez Segundo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y,...En el diverso concepto de violación, el quejoso aduce que la interlocutoria reclamada resulta indebida; lo anterior, porque la sala responsable al declarar fundados parcialmente los agravios del recurso de apelación expuestos por la demandada (impetrante), estableció dejar a salvo los derechos de las partes para que presentaran el incidente de liquidación de sentencia controvertido de acuerdo con las bases fijadas en el fallo reclamado. A lo anterior, el impetrante alega que tal determinación es incongruente, esto es, entre las consideraciones que sustentan sus puntos resolutivos y la litis planteada por las partes; debido a que la Ad quem actuó en forma parcial supliendo la deficiencia de la queja en que incurrió la parte actora; pues no obstante que ésta no apeló la interlocutoria primigenia, estableció la forma y términos en que debía tramitarse el incidente de liquidación de intereses debatido; lo cual añade, demuestra la imparcialidad con que actúo la responsable. Los argumentos anteriores son infundados. Lo anterior es así, porque los incidentes de liquidación en ejecución de la sentencia definitiva o de convenio judicial elevado a cosa juzgada, aun cuando tienen por objeto únicamente determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio en términos de tales determinaciones definitivas. La realidad es que tales incidentes de liquidación no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva o en el convenio judicial elevado a cosa juzgada; porque ello sería antijurídico e ilegal; debido a que atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como son (i) la invariabilidad de la litis, (ii) la congruencia y (iii) la cosa juzgada; debido a que en el fallo definitivo o en convenio judicial elevado a cosa juzgada, en el primer caso, se decidió los términos de su ejecución y, en el segundo de ello, se pactaron las prestaciones deducidas por las partes; lo cual no puede ser variado por las partes, ni aun por la autoridad judicial. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/10, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2381, registro digital 171449, que reza: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio". Luego, el incidente de ejecución no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva o en el convenio judicial elevado a cosa juzgada, sino, en su caso, únicamente liquidar lo que fue materia del juicio natural o del convenio judicial. En consecuencia, es facultad de la autoridad judicial establecer en forma oficiosa si la planilla o el incidente de liquidación de sentencia que es presentado judicialmente se ajusta a no (i) a lo decido en la sentencia definitiva o (ii) a lo pactado en el convenido judicial elevado a cosa juzgada; lo aleguen o no las partes en la tramitación del incidente de liquidación correspondiente. Lo anterior, encuentra apoyo legal, por las razones que la sustentan, en la jurisprudencia 1a./J. 35/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 126, registro digital 197383; que es como sigue: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA . Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada". La jurisprudencia que antecede, si bien examino legalmente los alcances jurídicos del artículo 1348 del Código de Comercio, que establece: "Art. 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata". La realidad es que dicho dispositivo legal encuentra su correlativo en el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en cuanto disponen: "ARTÍCULO 515. Si la sentencia no contiene cantidad líquida cualquiera de las partes al promover la ejecución presentará su liquidación de la cual se dará vista por tres días a la contraria y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación, en el referido boletín, del auto en que se hubiere citado para dictarse. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata". Ello es así, porque tanto el artículo 1348 del Código de Comercio, como el numeral 514 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, contienen, esencialmente, las mismas hipótesis normativas, en cuanto ambos prevén (i) que con la liquidación de sentencia se dará vista a la contraparte y (ii) que desahogada o no la misma, el juez fallará, esto es, resolverá lo que en derecho corresponda. Por tanto, contrariamente a lo alegado por el impetrante, la sala responsable al resolver el recurso de apelación controvertido, planteado por la parte demandada, sí tenía facultades para analizar oficiosamente los alcances jurídicos de la liquidación de intereses pretendida por el actor, aun cuando éste no haya apelado, esto es, resolver conforme a derecho si ésta se ajusta o no, a lo pactado por las pates en el referido "CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO QUE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA", elevado a cosa juzgada (folios 176 a 184, primer legajo del expediente del juicio natural); por lo que, la autoridad judicial al analizar dicha cuestión jurídica, (i) no emitió un pronunciamiento contrario o contradictorio con la litis planteada por las partes y (ii) menos suplió la deficiencia de la queja en favor de la parte enjuiciante, ni tampoco evidencia la alegada imparcialidad de la autoridad responsable. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la sala responsable, también contrariamente a lo alegado por el impetrante, sí tenía facultades para precisar la forma y términos en que debía tramitarse y resolverse el referido incidente de liquidación controvertido y, por ende, de considerar que éste no se ajustaba, en la especie, a las bases fijadas por las partes en el convenio antes indicado elevado a cosa juzgada; también tenía potestad para dejar a salvo los derechos de las partes para que lo tramitaran en la forma correcta; lo cual no sólo está encaminada a regir la conducta procesal de la parte actora, sino igualmente regula el actuar de la parte demandada en el proceso de ejecución; porque cualquiera de las partes -actor o demandado-, tienen legitimación para presentar el referido incidente de liquidación de intereses con sustento en el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, anteriormente transcrito. En consecuencia, se reitera que la sala responsable al analizar oficiosamente el incidente controvertido, para establecer si éste se ajustaba o no a las bases de liquidación del convenio judicial pactado por las partes elevado a cosa juzgada, (i) no actúo parcialmente en perjuicio del impetrante, (ii) ni tal determinación resulta incongruente entre sus consideraciones y la litis planteada por las partes; por tanto, (iii) menos el impetrante quedó en estado de indefensión jurídica. De ahí lo infundado de los argumentos de que se trata. En otra parte del concepto de violación, el quejoso aduce que la sala responsable indebidamente fijó las bases de la liquidación del referido "CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO QUE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA" celebrado entre las partes; lo anterior, porque estableció que en término de la cláusula segunda, el deudor se obligó a pagar el adeudo reconocido en catorce mensualidades; cuando en su opinión, la realidad es que en dicha cláusula únicamente se pactó el reconocimiento y cuantificación de las cantidades sentencias (adeudo sentenciado y reconocido) y no la forma en que tales pagos debían ser cubiertos. JhlBZ4sArdvgBLtTbgPLBfskQjp8SRL1rBtQQ/7IhfA= Los argumentos anteriores son fundados pero inoperantes. Lo anterior es así, porque ciertamente, como lo alega el impetrante, la cláusula segunda del convenio controvertido no establece la forma y términos en que el demandado (deudor) se comprometió a amortizar en catorce mensualidades el adeudo reconocido. De ahí lo fundado de las alegaciones de que se trata. Sin embargo, tales motivos de queja son inoperantes para resolver en favor del justiciable el presente asunto, porque en realidad la obligación indicada se encuentra pactada por las partes en la cláusula cuarta de dicho convenio, en cuanto establece: Foja seis del convenio: Foja ocho del convenio: Foja diez del convenio: Luego, como se aprecia, la obligación del demandado en cubrir el adeudo controvertido en catorce amortizaciones debidamente precisadas; si bien no se encuentra en la cláusula segunda del convenio controvertido; la realidad es que tal obligación fue pactada por las partes en la diversa cláusula cuarta de dicho acuerdo de voluntades, escaneada. Aunado a lo anterior, debe considerarse que la sala responsable revocó la sentencia interlocutoria en la que el Juez de instancia había declarado parcialmente procedente el incidente cuantificación de intereses ordinarios y moratorios, por lo que en este momento resultan intrascendentes los argumentos de la responsable al fijar las bases de liquidación pues al haber dejado a salvo los derechos del actor para promover el incidente respectivo, será hasta que este se promueva que el juez natural proceda al análisis de las bases de la ejecución. De ahí lo inoperante de las alegaciones de que se trata. A lo anterior, cabe destacar que incluso, el justiciable con los motivos de queja antes relatados, que van al fondo de asunto, no combate las consideraciones en que se sustente la interlocutoria reclamada, en cuanto en ésta se estableció: A) Que en el juicio natura se dictó sentencia definitiva el once de diciembre de dos mil ocho; sin embargo, las partes el veintidós de abril de dos mil nueve, celebraron el "CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO QUE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA", en el que, en la cláusula segunda del mismo, regularon las cantidades condenadas en la sentencia definitiva y pactaron la forma y términos en que debía realizarse el pago y en la cláusula octava, convinieron el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento del obligado, para regularse el pago en remate judicial. B) Que en la actualidad el referido convenio regula la relación jurídica de pago entre las partes, por lo que, la sentencia definitiva al respecto quedó sustituida; por tanto, los intereses moratorios al tres de abril de dos mil ocho, ya estaban incluidos en dicho convenio; de ahí que, al respecto, la interlocutoria reclamada es incongruente; porque no era dable realizar una condena apoyándose en la sentencia definitiva de once de diciembre de ese año. C) Que en la interlocutoria apelada se condenó a intereses distintos a los solicitados por el actor incidentista; lo anterior, porque lo pretendido por el enjuiciante fue el cobro de los intereses del periodo de primero de junio de dos mil diez al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; en tanto, que el juez natural condenó a un periodo distinto, esto es, del cuatro de abril de dos mil ocho al treinta y uno de agostos de dos mil veintiuno, apoyándose en el dictamen rendido por el perito tercero en discordia, que partió de una base incorrecta de cuantificación, al regular su estudio en la sentencia definitiva; cuando ésta, respecto de la cuantificación de intereses fue sustituida por el convenio indicado. D) Que conforme a las fechas de pago pactadas por las partes, el primer incumplimiento del obligado ocurrió el veinticuatro de julio de dos mil nueve, siendo esa data en que el obligado incurrió en mora. Luego, de la confrontación que realiza este juzgado federal entre las consideraciones indicadas en que se sustenta la interlocutoria reclamada, que ven al fondo de la obligación controvertida, con los argumentos del concepto de violación anteriormente relatados; llega a la convicción plena que el quejoso no debatió debidamente tales determinaciones legales. Lo anterior es así, porque el impetrante no alega por qué contrariamente a lo establecido en la referida interlocutoria reclamada, la forma y términos de regular los interese convenidos, no se encuentra en las bases pactadas por las partes en el referido "CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO QUE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA", sino en la sentencia definitiva; ni indica por qué no incurrió en mora el veinticuatro de julio de dos mil nueve; pues no basta para ello alegar que el cuatro de septiembre de dos mil veintidós, se tupo por aprobado judicialmente el pago total del adeudo. Al respecto, cabe indicar que el justiciable refiere una fecha muy posterior a la que se estimó en la interlocutoria reclamada como momento de mora y tampoco debate las consideraciones establecidas en la interlocutoria reclamada, en cuanto determinó que en el toca 685/2020 se resolvió que el derecho a cobrar los intereses controvertidos se encontraba intacto. Por tanto, tales pronunciamientos jurídicos en que se apoya la interlocutoria reclamada y que resultan suficientes para sustentar el sentido de la recurrida se encuentra incólumes, esto es firmes y deben continuar rigiendo el sentido jurídico. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 40, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Apéndice 1917 a 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 32, registro digital 917574; que es como sigue: "AMPARO CONTRA SENTENCIA.- Cuando hay considerandos esenciales que rigen los puntos resolutivos del fallo reclamado, que no se atacan en los conceptos de violación, es ocioso el estudio de los alegados en la demanda de garantías, porque aun cuando sean fundados, resultan inoperantes, dado que no bastan para determinar el otorgamiento del amparo". En otra parte del concepto de violación, el quejoso también aduce que la sala responsable declaró inoperante el agravio en que alegó la indebida actuación del perito tercero en discordia; cuando en realidad el motivo de queja que expuso estuvo encaminado a demostrar que en la interlocutoria apelada no se analizaron las periciales rendidas por los peritos nombrados por las partes actora y demandada; porque en su opinión, la Ad quem se limitó a resolver únicamente con lo establecido en el dictamen rendido por el perito tercero en discordia. Los argumentos anteriores son inoperantes. Lo anterior es así, porque tales motivos de queja están encaminados a demostrar que la inoperancia decretada al respecto por la sala responsable es indebida; pues en su opinión para resolver el asunto la Ad quem debió analizados todos los dictámenes periciales rendidos en autos. Sin embargo, tales alegaciones al ir al fondo del asunto, no debaten la inoperancia decretada al respecto por la sala responsable. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/62, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 63, Marzo de 1993, página 53, registro digital 216788, que es como sigue: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante". De ahí tal inoperancia. Aunado a lo anterior, al haber establecido la Ad quem que el procedimiento incidental de origen se tramitó indebidamente, dejando a salvo el derecho de las partes para su legal tramitación; con ello la responsable no se encuentra ya en aptitud legal de analizar en conjunto las periciales contables rendidas en autos; pues igualmente tales dictamen quedaron insubsistente al igual que el procedimiento incidental en que fueron emitidos. De ahí también la inoperancia de que se trata. Finalmente, en dicho concepto de violación, el quejoso adecue que la interlocutoria reclamada no se encuentra debidamente fundada ni motivada; porque se apoya en la aplicación incorrecta de normas jurídicas que no precisa y sin realizar una verdadera motivación que debió sustentarse en las constancias procesales. Los argumentos anteriores son infundados. Lo anterior es así, porque la sala responsable para sustentar la interlocutoria reclamada se apoyó jurídicamente en los artículos 81, 327, fracción VIII 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; en tanto, razonó jurídicamente que el incidente controvertido indebidamente fue tramitado y resuelto en términos de lo establecido en la sentencia definitiva, cuando éste debió regularse conforme a lo pactado por las partes en el "CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO QUE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA", con lo cual, la Ad quem revocó la interlocutoria apelada y dejó a salvo los derechos de las partes para la debida tramitación del mismo. Luego, dicha interlocutoria contrariamente a lo alegado por el impetrante, sí encuentra fundada y motivada, cuyas consideraciones no quedaron desvirtuadas en los argumentos expresados por el justiciable en el concepto de violación antes analizado. A lo anterior, cabe indicar que si bien la sala no estableció el fundamento en que se sustentó para analizar oficiosamente el procedimiento incidental controvertido y dejar a salvo los derechos de las partes para que lo tramitaran en la forma y términos legales; la realidad es que, como se ha indicado, éste encuentra sustento legal en el artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en cundo establece que tratándose de incidentes en ejecución de sentencia la autoridad judicial debe resolver lo que en derecho proceda, desahoguen o no las partes la vista que al respecto se les dé en dicho procedimiento; porque el mismo (incidente) no debe modificar o revocar las bases de la sentencia definitiva o convenio judicial que constituya cosa juzgada; lo que legalmente permite al juzgador el estudio oficios de las constancias procesales y determinar si dicho incidente se ajusta o no a las bases legales de liquidación. Por tanto, tal determinación jurídica en que se sustenta la interlocutoria reclamada debe tenerse por debidamente fundada e incluso motivada, un en forma tácita, en términos del referido artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. De ahí lo infundado de los argumentos de que se trata. En consecuencia, los actos reclamados al no ser violatorios de los derechos humanos y las garantías consistentes en la debida tutela jurisdiccional efectiva, ni los sub principios de audiencia, legalidad y debido proceso judicial otorgadas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede negar el amparo respecto de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad ejecutora Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por derecho propio; contra los actos reclamados de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la interlocutoria de segunda instancia de siete de septiembre de dos mil veintidós emitida en el toca 1097/2022, ni contra los actos de ejecución atribuidos al Juez Segundo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Notifíquese y personalmente a las partes."
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