Luis Miguel Barraza Avila
Expediente 929/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Luis Miguel Barraza Avila
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA Y SE REMITE EXPEDIENTE AL ARCHIVO...
- Principal
se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Miguel Barraza Ávila.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO C, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO LUIS MIGUEL BARRAZA AVILA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DE LA MORAL CONSTRUCTORA MORVES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EL SIGUIENTE: Auto. Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintidós. Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Luis Miguel Barraza Avila, quien se ostenta como representante de la moral Constructora Morves, sociedad anónima de capital variable, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y actuario de su adscripción. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 929/2022 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Prevención: Ahora bien, a efecto de proveer respecto de su admisión, resulta oportuno precisar que los artículos 108, y 114 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Esto es, en el primer numeral se establecen los requisitos esenciales que indefectiblemente deberá contener la demanda de amparo, y en el segundo de los numerales, entre otras hipótesis, que habrá lugar a prevenir se aclare la demanda, ante la falta de alguno de dichos requisitos. Ahora bien, el análisis de los preceptos en comento y la revisión de la demanda de amparo, permite determinar que en el caso se advierten irregularidades que ameritan formular prevención a la parte quejosa para que perfeccione su escrito inicial de demanda de conformidad con los artículos 114, fracciones II y III, en relación con el 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo. En ese sentido, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contabilizado legalmente, realice lo siguiente: Exhiba documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J.124/2016 (10a.), con número de registro 2012992, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, página 1449, de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa. No pasa desapercibido que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Amparo, quien comparezca al juicio en nombre de la parte quejosa y afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida en el amparo; sin embargo, para que ello sea así, debe comprobar tal circunstancia con las constancias respectivas, las que, además, para que tengan validez deberán estar certificadas por funcionario revestido de fe pública. Toda vez que tales aspectos no se colman con el escrito de demanda y es un requisito necesario para dar trámite a la demanda en cuestión; lo que es obligación para este órgano jurisdiccional constatar para proveer lo conducente respecto a la procedencia de la demanda que se promueve, en caso contrario, de no contar con tales datos y acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, se incurriría a una violación a las reglas que rigen el procedimiento en materia de amparo. Bajo apercibimiento que de ser omiso en acatar la prevención que se le realiza en el presente proveído, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Se hace del conocimiento al promovente de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en bulevar Miguel Hidalgo, número 302, entre Oasis y Atardecer de la colonia Palmar del Sol, en esta ciudad. Ahora, se tiene a Andrés Arenas Esquer, José Elías Mercado Contreras, Cynthia Zarina Quintero Andrade y Luis Rodolfo Huerta Figueroa, por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid191, se les tiene señalando el correo electrónico andres.arenas.esquer@gmail.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.
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