Luis Miguel Aguilar Pérez

Expediente 600/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
600/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/02/2018

Partes del expediente

  • Luis Miguel Aguilar Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que suscribe la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 6429/2018, de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho e informa que ese Tribunal asumió el conocimiento del juicio de amparo promovida por Luis Miguel Aguilar Pérez, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito de Zacatecas capital. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por ***************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito de Zacatecas capital, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 600/2018-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, lo que reclama el promovente, es el auto que sobresee el juicio oral de convivencia, en el expediente 287/2016, promovido por el quejoso, que fue dictado por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito de Zacatecas capital, el quince de noviembre de dos mil diecisiete. Entonces, contra dicha determinación es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la Protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas; por lo que, en el presente asunto, el auto que sobresee el juicio oral de convivencia en el expediente número 287/2016, es una determinación que pone fin al referido juicio; y, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pudiera ser modificada o revocada, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el precepto constitucional ya mencionado y el 170, de la Ley de Amparo, procede contra ella el juicio de amparo directo. Lo anterior tiene sustento en la tesis jurisprudencial PC.XXX. J/8 K (10a.), de los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 854, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, con registro 2006612, de texto y rubro que se lee: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA."" En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado es una determinación que pone fin al juicio de origen, por lo que se declara incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por Luis ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito de Zacatecas capital y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes. Se tiene por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cuatro, número ciento nueve (109) Altos, fraccionamiento Bulevares, en esta ciudad; y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados *********************.

  3. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la LXLL Legislatura del Estado, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó por lista el veintinueve de noviembre de esta anualidad (foja 147); por tanto, para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil dieciocho, para su verificativo, la que se fija atendiendo a la carga da la agenda que se lleva en este juzgado. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." En otro aspecto, infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo."

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