Luis Michel Trenado López

Expediente 385/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
385/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Luis Michel Trenado López

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, quince de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de uno de agosto de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso ***, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al citado quejoso, publicada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de: 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 2. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio. 3. Titular de la Notaría Pública Número Uno. 4. Titular de la Notaría Pública Número Dos. 5. Titular de la Notaría Pública Número Tres. 6. Titular de la Notaría Pública Número Cuatro. 7. Titular de la Notaría Pública Número Cinco. 8. Titular de la Notaría Pública Número Siete. Todas con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 385/2018-I-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar sí el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: "La dilación o retardo del emplazamiento dentro .del juicio ejecutivo mercantil bajo número de expediente 730/2018 del índice del juzgado cuarto de primera instancia civil especializado en materia mercantil del partido judicial de Ensenada B.C., y las consecuencias legales directas por dicha dilación." Así, en relación al acto reclamado señalado con anterioridad se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del segundo precepto transcrito se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos y garantías individuales y en los tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. De los ordenamientos antes citados, es dable concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Luego, en el caso, la dilación procesal de que se duele el impetrante de amparo acaecida en el juicio ejecutivo mercantil 730/2018, en caso de existir, constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dichos actos no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tienen el carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. En el presente asunto, el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo del quejoso, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición autónomo, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, lo que evidencia que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia , cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De esta forma, las violaciones reclamadas por el impetrante revisten un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso y el derecho de acción, por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, las violaciones por omisión no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir los agravios alegados, no transciende a los derechos sustantivos de la parte quejosa. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación, si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni dejan sin defensa al impetrante, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que es factible que la parte quejosa obtenga resolución definitiva favorable, lo que conlleva a determinar que dicho acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del promovente, pues en el caso de serle favorable, no afectará en su esfera jurídica. Las anteriores consideraciones se encuentran sustentadas en la jurisprudencia , siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". No pasa inadvertido para esta juzgadora, que el eventual retardo en la administración de justicia, que pudieran entrañar el acto reclamado, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan al promovente un perjuicio irreparable. En ese sentido, no se advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó el propio impetrante en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, fue la fecha en la que se presentó el escrito de demanda, y el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, admitió la demanda, ordenando el emplazamiento del demandado ***. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, en virtud de que desde que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada - veintisiete de junio de dos mil dieciocho - y la fecha de presentación de la demanda de amparo- veintiséis de julio de dos mil dieciocho - solo han transcurrido veinte días hábiles. Sobre este particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 12/95, ha establecido que el plazo de duración de un juicio de amparo directo no debe ser necesariamente de seis meses, sino que se debe fincar atendiendo a diversos aspectos, entre ellos la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de las partes interesadas, el monto del salario probado, el lugar donde se decreta la suspensión y, en general, las cargas de trabajo. De esta manera, el plazo de cuatro meses puede considerarse como un referente para estimar aquellos supuestos en que existe una abierta dilación al procedimiento laboral, vinculando dicha temporalidad con el promedio de resolución de los amparos indirectos en el Circuito, ya que si la violación a los plazos y términos previstos en la legislación laboral no exceden de esos cuatro meses, sería difícil cumplimentar una posible concesión de amparo, puesto que al quedar firme la sentencia, una vez tramitadas ambas instancias, pudiera darse el caso de que ya se hubiere señalado fecha para la audiencia de ley. Entonces, si el acto reclamado consiste en dilación o retardo del emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 730/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, en el que únicamente han transcurrido veinte días hábiles, entre la fecha en que el tribunal señalado como responsable estuvo en aptitud de realizar dicho emplazamiento; en este sentido, al no exceder dicha fecha de cuatro meses, a la presentación de la demanda de amparo, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento mercantil, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, a contrario sentido y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Luis Michel Trenado López. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que señalada a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta de julio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Michel Trenado López, contra actos de: 1. Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. 2. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio. 3. Titular de la Notaría Pública Número Uno. 4. Titular de la Notaría Pública Número Dos. 5. Titular de la Notaría Pública Número Tres. 6. Titular de la Notaría Pública Número Cuatro. 7. Titular de la Notaría Pública Número Cinco. 8. Titular de la Notaría Pública Número Siete. Todas con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 385/2018-I-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar sí el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: "La dilación o retardo del emplazamiento dentro .del juicio ejecutivo mercantil bajo número de expediente 730/2018 del índice del juzgado cuarto de primera instancia civil especializado en materia mercantil del partido judicial de Ensenada B.C., y las consecuencias legales directas por dicha dilación." Así, en relación al acto reclamado señalado con anterioridad se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del segundo precepto transcrito se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos y garantías individuales y en los tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. De los ordenamientos antes citados, es dable concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Luego, en el caso, la dilación procesal de que se duele el impetrante de amparo acaecida en el juicio ejecutivo mercantil 730/2018, en caso de existir, constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dichos actos no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tienen el carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. En el presente asunto, el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de imposible reparación, en virtud de que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo del quejoso, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición autónomo, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, lo que evidencia que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De esta forma, las violaciones reclamadas por el impetrante revisten un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso y el derecho de acción, por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, las violaciones por omisión no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir los agravios alegados, no transciende a los derechos sustantivos de la parte quejosa. De lo expuesto con anterioridad, se advierte que no se surte el supuesto de que el acto reclamado resulte de imposible reparación, si se tiene en cuenta que dicho acto reclamado sólo tiene efectos adjetivos, pues no tiene fuerza definitiva ni dejan sin defensa al impetrante, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que es factible que la parte quejosa obtenga resolución definitiva favorable, lo que conlleva a determinar que dicho acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del promovente, pues en el caso de serle favorable, no afectará en su esfera jurídica. Las anteriores consideraciones se encuentran sustentadas en la jurisprudencia, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". No pasa inadvertido para esta juzgadora, que el eventual retardo en la administración de justicia, que pudieran entrañar el acto reclamado, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia de esta vía, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan al promovente un perjuicio irreparable. En ese sentido, no se advierte del contenido de la demanda de amparo una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, para lo cual se justifique su procedencia, ya que como lo manifestó el propio impetrante en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, que el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, fue la fecha en la que se presentó el escrito de demanda, y el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, admitió la demanda, ordenando el emplazamiento del demandado Crhystian Damián Trenado López. Sin embargo, aun cuando se está en presencia de un acto contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto, en virtud de que desde que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada - veintisiete de junio de dos mil dieciocho - y la fecha de presentación de la demanda de amparo- veintiséis de julio de dos mil dieciocho - solo han transcurrido veinte días hábiles. Sobre este particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 12/95, ha establecido que el plazo de duración de un juicio de amparo directo no debe ser necesariamente de seis meses, sino que se debe fincar atendiendo a diversos aspectos, entre ellos la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de las partes interesadas, el monto del salario probado, el lugar donde se decreta la suspensión y, en general, las cargas de trabajo. De esta manera, el plazo de cuatro meses puede considerarse como un referente para estimar aquellos supuestos en que existe una abierta dilación al procedimiento laboral, vinculando dicha temporalidad con el promedio de resolución de los amparos indirectos en el Circuito, ya que si la violación a los plazos y términos previstos en la legislación laboral no exceden de esos cuatro meses, sería difícil cumplimentar una posible concesión de amparo, puesto que al quedar firme la sentencia, una vez tramitadas ambas instancias, pudiera darse el caso de que ya se hubiere señalado fecha para la audiencia de ley. Entonces, si el acto reclamado consiste en dilación o retardo del emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 730/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil Especializado en Materia Mercantil, en el que únicamente han transcurrido veinte días hábiles, entre la fecha en que el tribunal señalado como responsable estuvo en aptitud de realizar dicho emplazamiento; en este sentido, al no exceder dicha fecha de cuatro meses, a la presentación de la demanda de amparo, no es factible considerar una abierta dilación al procedimiento mercantil, y por ello resulta improcedente el juicio de amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, a contrario sentido y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Luis Michel Trenado López. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que señalada a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente al quejoso.Así lo firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de la Secretaria que autoriza y da fe María Dora Espinoza Ahumada, quien certifica que la promoción que generó el presente acuerdo y éste se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/MDEA/jpct

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