Luis Melgoza Heredia
Expediente 622/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Melgoza Heredia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo promovido por - por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Finalmente, como no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia y por analogía, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, al igual que el DUPLICADO del incidente de suspensión, no así el ORIGINAL de dicho incidente, el cual es DEPURABLE, por haberse concedido la suspensión provisional de los actos en reclamo, ello en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual y en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el oficio 2201, de fecha veintitrés de julio del año en curso, acredita que notificó a la tercero interesada -el proveído de esa data, además la requirió para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, lo que así hizo, como se desprende de la notificación de fecha diez de agosto en curso; por tanto, se tiene a dicha tercero, señalado domicilio en esta ciudad, el ubicado en la calle -
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA VEINTITRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... en consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, respecto del acto que la parte quejosa reclamó a dicha autoridad y otras, que hizo consistir en... se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ..." NOTIFICACION QUE SE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD AL AVISO DEJADO CON FECHA VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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