Luis Meléndez Saldaña
Expediente 2248/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2248/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/02/2018
Partes del expediente
- Luis Meléndez Saldaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre la sentencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 47 a 51). De la sentencia que concedió el amparo, se advierte que el efecto de la concesión se otorgó para que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: ". Emita la resolución interlocutoria en el Incidente de Liquidación de laudo dentro del expediente 1937/2013, del índice de la junta responsable." (foja 50 vuelta). Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 61 y 62). Mediante oficio 462/2018/AI de veintiséis de enero de dos mil dieciocho recibido por este Juzgado Federal el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 72), en el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres, adjuntó copia certificada de la resolución de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, por la cual la autoridad responsable emitió la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de laudo, dentro del expediente laboral 1937/2013 de su índice (fojas 73 a 77) Por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con las constancias referidas (foja 78), sin embargo, la autoridad responsable realizo manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante oficio 516/2018/AI de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, recibido por este Juzgado Federal el uno de febrero de la presente anualidad, por la cual la autoridad responsable anexo constancias de notificación de la resolución interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 1937/2013 de su índice (fojas79 y 80). En las relatadas condiciones, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres, al haber dictado la resolución incidental de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, correspondiente al incidente de liquidación de laudo dentro del expediente laboral 1937/2013; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, SECCIÓN UNO, PUEBLA, POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE, EL ACUERDO DE FECHA DIECI´SÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre la sentencia de siete de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 47 a 51). De la sentencia que concedió el amparo, se advierte que el efecto de la concesión se otorgó para que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: ". Emita la resolución interlocutoria en el Incidente de Liquidación de laudo dentro del expediente 1937/2013, del índice de la junta responsable." (foja 50 vuelta). Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 61 y 62). Mediante oficio 462/2018/AI de veintiséis de enero de dos mil dieciocho recibido por este Juzgado Federal el veintinueve de enero de dos mil dieciocho (foja 72), en el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres, adjuntó copia certificada de la resolución de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, por la cual la autoridad responsable emitió la resolución interlocutoria del incidente de liquidación de laudo, dentro del expediente laboral 1937/2013 de su índice (fojas 73 a 77) Por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con las constancias referidas (foja 78), sin embargo, la autoridad responsable realizo manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante oficio 516/2018/AI de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, recibido por este Juzgado Federal el uno de febrero de la presente anualidad, por la cual la autoridad responsable anexo constancias de notificación de la resolución interlocutoria de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 1937/2013 de su índice (fojas79 y 80). En las relatadas condiciones, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres, al haber dictado la resolución incidental de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, correspondiente al incidente de liquidación de laudo dentro del expediente laboral 1937/2013; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo general. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido, se provee: Téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, realizando manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin hacer mayor pronunciamiento, dado que por auto de treinta y uno de enero del año en curso se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que la autoridad responsable dio a la ejecutoria de amparo. .
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. - - -Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así es, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado; este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia constitucional. Lo anterior, obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Es aplicable la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37 visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así, los elementos que integran la causa de improcedencia del juicio de amparo en estudio, son los siguientes: a). Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b). Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Asimismo, prevé como supuestos de excepción: 1. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. 4. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. 5. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; supuesto en el cual, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en el caso la quejosa reclama la determinación de diez de julio de dos mil catorce, emitida por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en los autos del procedimiento familiar privilegiado registrado con el número **** promovido por ***** relativo a los medios preparatorios a juicio de divorcio necesario en contra de *** en la cual se ordenó la diligencia de separación de la aquí quejosa del domicilio conyugal ubicado en ***** y la reincorporación del accionante, la cual se llevó a cabo el once siguiente (fojas 10 a 17 del cuaderno auxiliar), determinación que es susceptible de revocarse o modificarse mediante el recurso de apelación en términos del artículo 687, en relación con el diverso 376 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, tal y como se demostrará a continuación. A fin de evidenciar lo anterior, es dable destacar el contenido de los siguientes numerales del código procedimental en cita: "Artículo 376.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revoque o modifique la resolución impugnada." "Artículo 679.- Los procedimientos familiares, son ordinarios, especiales o privilegiados, pudiendo tramitarse en la vía oral sumarísima, conforme lo establecido en el capítulo respectivo." "Artículo 683.- Se tramitarán en procedimiento privilegiado: (.) V.- La autorización judicial para la separación del domicilio familiar de los cónyuges o los concubinos en los casos especiales que autorice la Ley;" "Artículo 684.- El procedimiento privilegiado se substanciará conforme a las disposiciones siguientes: I.- Se formulará solicitud, expresando la causa que origina la necesidad de la intervención judicial; II.- Se señalará con toda precisión el nombre y domicilio de las personas que tengan interés, en el caso de que deban ser oídas.---Si se desconoce el nombre, domicilio o ambos de a quien corresponde la tutela o el ejercicio de la patria potestad en los casos de designación de tutor o de pérdida de patria potestad referido en la fracción X del artículo 683, se convocará a las personas que tengan interés mediante un edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado y otro en un diario de mayor circulación, para que comparezcan en el plazo de quince días. III.- Se ofrecerán con la solicitud cuando así se requiera, las pruebas que sustenten la pretensión; IV.- Si la diligencia es de aquellas en que no debe darse intervención a terceros, el Juez de encontrar fundada la pretensión, decretará de plano la medida; V.- Si conforme a la pretensión debe darse intervención a terceros, se les correrá traslado, para que en el término de tres días, contesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas conducentes al caso; VI.- El Juez señalará día y hora para la celebración de una audiencia en la que tratará de avenir a las partes, de no lograrlo, se desahogarán las pruebas que así lo requieran, se escuchará a quien desee alegar y enseguida se pronunciará la resolución, y VII.- La decisión no reunirá mayor formalidad que la de estar fundada y motivada." "Artículo 685.- En el procedimiento privilegiado, es obligación del Juez, adoptar todas las medidas, que conforme al Código Civil correspondan a cada caso en particular, procurando mantener la estabilidad de la familia y evitar la afectación emocional de sus integrantes." "Artículo 686. Las medidas provisionales o urgentes que hubiere decretado el Juez, podrán ser modificadas o revocadas, si las causas que las motivaron, variaren o desaparecieren." "Artículo 687.- Contra las resoluciones definitivas que se dicten en estos procedimientos, procede el recurso de apelación. Contra las resoluciones de trámite no procede recurso alguno." Disposiciones legales de las cuales se obtiene que los procedimientos en materia familiar son ordinarios, especiales y privilegiados; que dentro de estos últimos se encuentra la autorización judicial de separación del domicilio familiar de los cónyuges o los concubinos en los casos especiales que autorice la ley; que la sustanciación del procedimiento privilegiado puede ser entre otra, mediante la presentación de una solicitud en la cual se exprese la necesidad que origina la intervención del Juez, así como los nombres y domicilios de quienes tengan interés en el caso, se ofrecerán las pruebas que sustenten la pretensión, para que de no requerirse la intervención de terceros, el Juez, de encontrar fundada la pretensión decretará de plano la medida, o, en su caso, la negará. Tal determinación constituye la resolución definitiva del procedimiento privilegiado, la que sólo debe reunir la formalidad de estar fundada y motivada, contra la que incluso procede apelación, que tiene por objeto revocar o modificar la resolución impugnada. En atención a lo considerado, es innegable que en contra de la determinación reclamada de diez de julio de dos mil catorce, la cual se llevó a cabo el once siguiente, y en la cual se concedió la solicitud de separación del domicilio familiar de ***** solicitada por ******, al tratarse de la resolución definitiva del procedimiento privilegiado, es procedente el recurso de apelación, previsto en el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, mismo que de resultar fundado, tendría el efecto de revocar o modificar la determinación reclamada. Lo anterior es así, pues si se toma en consideración que a través del acto reclamado se decretó de plano la separación del domicilio conyugal de la aquí quejosa; es evidente que dicha medida se dictó en términos de la fracción IV del citado precepto 684, que indica "que si la diligencia es de aquéllas en que no debe darse intervención a terceros, el Juez de encontrar fundada la pretensión, decretará de plano la medida." Luego, el mencionado acuerdo constituye la resolución definitiva con la que concluye el procedimiento privilegiado de separación del domicilio conyugal, porque en dicho proveído se decreta de plano esa medida, la que sólo puede modificase en términos del artículo 686 antes transcrito y, por ende, el referido acuerdo es impugnable a través del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 687 del Código Adjetivo para el Estado, y debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo, pues la ley reglamentaria impide el estudio de cuestiones que carezcan de definitividad. De ahí que es inconcuso que se actualizan los elementos destacados que exige la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla), respecto del cual la ley aplicable prevé un medio de defensa, dentro del procedimiento del cual emane el acto de autoridad (recurso de apelación), mismo que de resultar fundado se podría obtener en su caso la revocación o modificación de los actos reclamados. Al respecto es aplicable la tesis VI.2o.C.31 C (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2137, del Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "SEPARACIÓN DEL DOMICILIO CONYUGAL. NO ES FACTIBLE ESTIMAR DICHA MEDIDA COMO DE CARÁCTER PROVISIONAL SI SE DECRETA EN UN JUICIO TRAMITADO DE MANERA PRIVILEGIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).- Si se toma en consideración que conforme a los artículos 679, 682 a 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, los procedimientos en materia familiar son ordinarios, especiales y privilegiados; que dentro de estos últimos se encuentra la autorización judicial de separación del domicilio familiar de los cónyuges o los concubinos en los casos especiales que autorice la ley; que la sustanciación del procedimiento privilegiado puede ser de dos formas: Una, presentada la solicitud en que se exprese la necesidad que origina la intervención del Juez, así como los nombres y domicilios de quienes tengan interés en el caso, se ofrecerán las pruebas que sustenten la pretensión, para que de no requerirse la intervención de terceros, el Juez, de encontrar fundada la pretensión decretará de plano la medida; y otra, presentada la solicitud, proporcionados los nombres, domicilios de los terceros interesados, así como las pruebas, pero sea menester dar intervención a esos terceros, se les correrá traslado para que, en el término de tres días, contesten lo que a su interés convenga, así como para que ofrezcan pruebas. Posteriormente, el Juez señalará día y hora para la celebración de una audiencia en la que se tratará de avenir a las partes, de no lograrse se desahogarán las pruebas, se escuchará a quien desee alegar para enseguida pronunciar la resolución respectiva. De lo anterior se concluye que tanto la determinación decretada de plano (primer supuesto) como la que se emite después de haber dado intervención a terceros, desahogada la audiencia de avenencia, las pruebas y rendidos los alegatos (segundo supuesto) constituyen la resolución definitiva del procedimiento privilegiado, la que sólo debe reunir la formalidad de estar fundada y motivada, contra las que incluso procede apelación. Por lo que la determinación de plano de separar del domicilio conyugal a un consorte no tiene el carácter de medida provisional. Y si bien de la ley se advierte que dentro de dichos procedimientos existen medidas provisionales o urgentes que el Juez puede decretar, ello en absoluto implica que tal resolución tenga ese carácter, en tanto que ese tipo de determinaciones surgen porque se da el supuesto de que formulada la solicitud no deba darse intervención a terceros y con base en los elementos existentes hasta ese momento el Juez puede decretarla de plano o, en su caso, negarla." Aunado a que en la especie no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para el principio de definitividad estudiado, en razón que el acto reclamado en análisis no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aun de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resoluciones que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se trata de un auto de vinculación a proceso. En ese contexto, la aquí quejosa ****, no tiene el carácter de tercero extraña, en virtud que de autos se desprende que es la persona a quien se separó del domicilio familiar, y le asiste el carácter de parte procesal en el procedimiento, por ende estaba facultado para intentar el recurso de apelación. Aunado a que si bien en el procedimiento privilegiado del que emanan los actos reclamados se encuentran involucrados dos menores, lo cierto es que dicha circunstancia no es una excepción, por sí misma, al principio de definitividad, pues el interés superior del menor no constituye una justificación para que no se agoten los medios de defensa con los que puede obtener la modificación o revocación del acto reclamado. Al respecto se cita la jurisprudencia 113/2013(10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 265/2013, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Finalmente, como se evidenció, la procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, no se sujeta a interpretación adicional, así como tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Por tanto, al no haber hecho valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, el medio de defensa idóneo, es evidente que inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en mención no puede estimarse definitivo para los efectos del juicio de amparo, y por ello, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de la materia. Lo anteriormente señalado fue corroborado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el recurso de revisión ****, promovido dentro del juicio de amparo*****del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la cual fue consultada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en el cual ****, en representación de sus menores hijos, también reclamó el auto de diez de julio de dos mi catorce emitida por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en los autos del procedimiento familiar privilegiado registrado con el número ****** el cual se tiene a la vista como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto se cita la tesis I.10o.C.2 K (10a.) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2187, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, del mismo ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se deja sin efectos las diez horas del uno de febrero de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional, y una vez que cause estado el presente proveído, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
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