Luis Martínez Wong

Expediente 439/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
439/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Martínez Wong
  • Juez de Control de Huajuapan, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    PRAL.439/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las I) autoridades responsables y II) agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3.1. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión publica de esta sentencia sea consultable por internet. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.

  2. Incidental

    INC.439/2022 MESA 7 AUDIENCIA INCIDENTAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca siendo las nueve horas con siete minutos del dos de mayo de dos mil veintidós, *** R E S U L T A N D O S: Primero. Radicación. En auto de dieciocho de abril de este año, y en cumplimiento al proveído de esa fecha, dictado en el juicio de amparo principal 439/2022, se formó el incidente de suspensión solicitado por el quejoso *** a quien, en lo subsecuente, se le denominará parte quejosa, contra las autoridades responsables y actos reclamados que se precisaran en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria. Segundo. Medida cautelar provisional. En dicha determinación se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa y se solicitó informe previo a las autoridades responsables. Tercero. Citación para audiencia incidental. En proveído de veinticinco de abril de este año se señaló hora y fecha para la audiencia incidental, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver de la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal; 125 a 169 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), por tratarse de la suspensión de actos reclamados respecto de un juicio de amparo que se tramita en este Juzgado. Segundo. Fijación de la litis incidental. La parte quejosa solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades siguientes: ACTO RECLAMADO AUTORIDADES RESPONSABLES LA ORDEN DE APREHENSIÓN, DETENCION Y/O COMPARECENCIA DICTADA EN SU CONTRA. ORDENADORAS 1. JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA MIXTECA, CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. LA EJECUCIÓN DE DICHA ORDEN. EJECUTORA 2. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables rindieron sus informes previos en los términos siguientes: PROG. AUTORIDAD SENTIDO 1 JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA MIXTECA, CON SEDE EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. NIEGA 2 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. NIEGA Toda vez que la negativa de las autoridades responsables precisadas en el recuadro que antecede no fue desvirtuada con prueba alguna que ofreciera la parte quejosa, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, porque no existe materia sobre la cual recaiga. Se niega la suspensión definitiva. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, por inexistencia de los actos reclamados, se niega la suspensión definitiva solicitada. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil, tomo VI, común, página 286, del epígrafe y contenido siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Cuarto. Archivo del original y duplicado del incidente de suspensión. Toda vez que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20, 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino del original (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, independientemente de la concesión de la suspensión provisional, el original de este expediente será DESTRUIBLE, una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado (destruible). En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se niega al quejoso *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión, detención y/o comparecencia dictada por el 1) juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, así como su ejecución que atribuyó al 2) fiscal General del Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Segundo. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    PRAL 772/2020 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 772/2020; y R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada en la misma fecha a este órgano de control constitucional, Crescencio Regules Contreras, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados siguientes: a) Procedimiento seguido en forma de juicio en el expediente 141/2017, relativo al juicio sumario sobre otorgamiento y firma de escritura pública promovido por Pedro Regules Contreras. b) Consecuencia de hecho y de derecho de este último acto, que se traduce en la privación de su derecho de copropietario. Que atribuye al juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. c) Falta de notificación, traslado y emplazamiento al referido juicio sumario. d) Consecuencias de hecho y de derecho de este último acto, que se traducen en la privación de una defensa adecuada y de su derecho de copropiedad. Lo que reclama del actuario que lleva el trámite del expediente 141/2017 adscrito al citado órgano judicial. 1.2. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite del escrito de demanda. Admisión. Por auto de uno de diciembre de dos mil veinte se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 772/2020, se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Emplazamiento. En proveídos de cuatro de mayo y siete de junio de dos mil veintiuno se ordenó emplazar a este juicio de amparo, en su carácter de terceros interesados a Pedro Regules Contreras y Gilberto Regules Contreras, lo que se realizó el doce de mayo y veinticinco de junio del año próximo pasado. Cuarto. Ampliación de la demanda de amparo. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno se tuvo al quejoso ampliando la promoción inicial constitucional, respecto del acto consistente en la resolución de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 312/2019, lo que combate de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza civil y los actos se reclaman de autoridades residentes en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por el quejoso y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda y del escrito de ampliación de ese ocurso, son: a) Procedimiento seguido en el expediente 141/2017, relativo al juicio sumario sobre otorgamiento y firma de escritura pública promovido por Pedro Regules Contreras. b) Consecuencia de este último acto, que se traduce en la privación de su derecho de copropietario. Que atribuye al juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. c) Falta de notificación, traslado y emplazamiento al referido juicio sumario. d) Consecuencias de esa falta de formalidad, que se traducen en la privación de una defensa adecuada y de su derecho de copropiedad. Lo que reclama de la actuaria que lleva el trámite del expediente 141/2017 adscrito al citado órgano judicial. e) Resolución de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 312/2019. Que combate de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado a) el juez Segundo de lo Civil de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca aceptó la existencia de los actos reclamados. Al respecto, en lo sustancial, manifestó que: - En proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 141/2017 se tuvo a Pedro Regules Contreras demandando en la vía sumaria civil a Crescencio Regules Contreras y Gilberto Regules Contreras, el otorgamiento y firma de una escritura pública y ordenó el emplazamiento de estos últimos. - Por auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho se tuvo por precluido el derecho del aquí quejoso Crescencio Regules Contreras para contestar la demanda y se le tuvo por confeso de los hechos señalados en ese ocurso; además, en dicho acuerdo se ordenó abrir el juicio a prueba por el plazo de veinte días. - Previo los trámites, el trece de agosto de dos mil diecinueve se dictó la sentencia en el citado expediente, absolviéndose a los demandados de las prestaciones reclamadas por la parte actora; y, - El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve se tuvo a Pedro Regules Contreras interponiendo recurso de apelación contra esa resolución. Como justificación de su informe remitió copia certificada de constancias deducidas del expediente 141/2017, que obra en el tomo I por separado. La diversa autoridad responsable b) Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a través de su magistrado presidente, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto que se le atribuye, dado que, señaló, mediante resolución de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 312/2019, resolvió el recurso de apelación interpuesto por Pedro Regules Contreras y Gilberto Regules Contreras (apelante adhesivo) contra la sentencia de trece de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada en el expediente civil 141/2017, por el juez Segundo de lo Civil de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; determinación en la que revocó la sentencia apelada. Para corroborar su aseveración envió el toca civil 312/2019, de su índice, con el que se ordenó formar el tomo II por separado. Por último, la responsable c) actuaria que lleva el trámite del expediente 141/2017 adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca fue omisa en rendir el informe justificado que le fue solicitado en proveído de uno de diciembre de dos mil veinte, aun cuando quedó notificada de esa petición el nueve del mismo mes y año; razón por la que, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman. Cuarto. Causal de improcedencia. Previamente, procede analizar si existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Como las partes no hicieron valer causales de improcedencia y, de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. Quinto. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . El quejoso, en esencia, reclama: La I) la falta de emplazamiento al juicio sumario civil 141/2017, en su carácter de demandado, II) todo lo actuado con posterioridad a dicha diligencia, III) las consecuencias de los dos actos anteriores, que se traducen en la privación de una defensa adecuada y de su derecho de copropiedad, así como IV) la resolución de diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 312/2019, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de trece de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el referido juicio natural. Contra esos actos esgrimió diversos conceptos de violación, pues, señala, se vulnera su derecho fundamental contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, en virtud que: a) La ejecutora del Juzgado Segundo Civil de Tuxtepec, Oaxaca se hizo presente en la cabecera municipal de San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca, y no así en el bien conocido en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca, que fue el domicilio señalado para efectos del emplazamiento en la demanda que dio origen al juicio sumario 141/2017, así como en el auto de inicio dictado en dicho expediente el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que, refiere, esa formalidad se llevó a cabo en un domicilio diverso al que fue autorizado en autos. b) No se hizo constar el domicilio exacto en que fue efectuado el emplazamiento. c) No lo emplazaron en el domicilio correcto, toda vez que, refiere, la fecha en que se desahogó esa formalidad procesal no se encontraba en su domicilio ni en el pueblo del que es originario, pues se localizaba en el Estado de Sonora realizando trabajos de campo en la zafra de espárragos. d) El juez responsable, previo a tramitar el juicio, no se cercioró de su falta de notificación o notificación defectuosa, como lo dispone el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, con lo que, señala, se le dejó en estado de indefensión. Son infundados los conceptos de violación que formula el quejoso, sin que se advierta motivo alguno por el cual suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. 5.1. Antecedentes de los actos reclamados. Previo al estudio de los conceptos de violación, por cuestión de método, en párrafos siguientes se hará una breve síntesis de los antecedentes del juicio sumario civil 141/2017 y toca civil 312/2019 de donde derivan los actos reclamados, los que se obtienen de las constancias que remitió el juez Segundo de lo Civil de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, como justificación a su respectivo informe, con valor probatorio pleno en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales, acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Juicio civil 141/2017. I. Mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, entre diversas cuestiones, se: a) Admitió a trámite en la vía sumaria civil, la demanda promovida por Pedro Regules Contreras contra Crescencio Regules Contreras y Gilberto Regules Contreras, relativa al otorgamiento y firma en escritura pública de un contrato de donación gratuita de un bien inmueble, quedando registrada con el número de expediente 141/2017. b) Ordenó al ejecutor adscrito a dicho órgano judicial, para que, con las formalidades previstas en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, se hiciera presente en el domicilio de los demandados, entre ellos del aquí quejoso, ubicado en el bien conocido en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca y cerciorado de ser el domicilio correcto y donde habitan estos últimos 1) les notificara el contenido de ese auto y c) con las copias simples de la demanda y sus anexos les corriera traslado y emplazara, para que, dentro del plazo de cinco días comparecieran ante el personal de ese Juzgado a contestar la demanda instaurada en su contra, apercibiéndolos que, de no hacerlo, se les tendría por perdido su derecho para ello y serían declarados presuntivamente confesos de los hechos de la promoción inicial. II. En cumplimiento a lo ordenado en ese acuerdo, con fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, respecto al aquí quejoso Crescencio Regules Contreras, la ejecutora adscrita al Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 1) Se hizo presente en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca (domicilio señalado como de ese demandado y cuyo dato se advierte de la lectura íntegra de esa diligencia). 2) Se cercioró que era el domicilio buscado, asentado como medios de convicción: - Que ese domicilio está ubicado aproximadamente a una hora con treinta minutos de distancia de dicho órgano judicial. - Tuvo a la vista un letrero en la entrada de esa población que indicaba "Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca". Y estando en ese lugar: 3) Procedió a tocar y buscó al demandado, aquí quejoso Crescencio Regules Contreras, siendo atendido por una persona del sexo masculino, que se encontraba en ese momento en su interior, quien, al ser cuestionado por dicho fedatario público manifestó que era el domicilio correcto en el cual vive y habita, por lo que una vez enterado del motivo de su presencia, bajo protesta de decir verdad, señaló que respondía al nombre de Crescencio Regules Contreras. Asimismo asentó que ese inmueble se trataba de una casa de un nivel, material de concreto revocado, techo de lámina de zinc y puerta de madera. Y en ese acto se requirió a ese demandado para que se identificara con un documento oficial con fotografía, a lo que manifestó que no era su deseo hacerlo, razón por la que el ejecutor tomó su media filiación, a saber: estatura alto, complexión delgado, color de piel moreno, cabello negro, estatura aproximada de un metro con sesenta y cinco centímetros y de cuarenta y dos años de edad. Acto continuo, la persona con quien se entendió la diligencia señaló que era la persona que se buscaba; sin embargo, al no tener esa certeza, por no haberse identificado, la ejecutora del citado órgano judicial procedió a dejar cita de espera para las dieciséis horas del cinco de enero de dos mil dieciocho, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, quien no firmó por ser esa su voluntad. 4) Siendo las dieciséis horas del cinco de enero de dos mil dieciocho, la ejecutora adscrita al Juzgado responsable se hizo presente nuevamente en el domicilio señalado como del demandado Crescencio Regules Contreras, ubicado en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. 5) De nueva cuenta se cercioró que era el domicilio buscado, asentado como medios de convicción: - Que está ubicado aproximadamente a una hora con treinta minutos de distancia de dicho órgano judicial. - Tuvo a la vista un letrero en la entrada de esa población que indicaba "Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca". Y estando presente en ese lugar: Procedió a tocar y buscó al demandado, aquí quejoso Crescencio Regules Contreras, siendo atendido por una persona del sexo masculino que se encontraba en ese momento en su interior, quien, al ser cuestionado por dicho fedatario público, manifestó que era el domicilio correcto, por lo que una vez enterado del motivo de su presencia, bajo protesta de decir verdad, señaló que respondía al nombre de Crescencio Regules Contreras. Asentó que se trataba de una casa de un nivel, material de concreto revocado, techo de lámina de zinc y puerta de madera y en ese acto requirió a ese demandado, para que se identificara con un documento oficial con fotografía, a lo que manifestó que no era su deseo hacerlo; razón por la que el ejecutor tomó nuevamente su media filiación, a saber: estatura alto, complexión delgado, color de piel moreno, cabello negro, estatura aproximada de un metro con sesenta y cinco centímetros y de cuarenta y dos años de edad. 6) Acto continuo, la persona con quien se entendió la diligencia, bajo protesta de decir verdad, señaló que era la persona que se buscaba, a saber, Crescencio Regules Contreras, por lo que la fedataria pública procedió a: a) Notificarle el contenido íntegro del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el juicio civil 141/2017; y b) Le corrió traslado con la copia simple de la demanda y sus anexos, a efecto de que dentro del plazo de cinco días compareciera ante el Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca a contestar la demanda instaurada en su contra, apercibiéndolo que, de no hacerlo se le tendría por perdido su derecho para ello y sería declarado presuntivamente confeso de los hechos de la promoción inicial. Sin que el demandado firmara esa diligencia por ser esa su voluntad. III. Por auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho se tuvo por precluido el derecho del aquí quejoso Crescencio Regules Contreras para contestar la demanda y se le tuvo por confeso de los hechos señalados en ese ocurso; de igual forma, en dicho acuerdo se ordenó abrir el juicio a prueba por el plazo de veinte días. IV. Previo los trámites, el trece de agosto de dos mil diecinueve se dictó la sentencia en el citado expediente, absolviéndose a los demandados de las prestaciones reclamadas por la parte actora. V. El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve se tuvo a Pedro Regules Contreras interponiendo recurso de apelación contra esa resolución. Toca civil 312/2019: Mediante resolución de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el toca civil 312/2019, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Pedro Regules Contreras (actor) y Gilberto Regules Contreras (apelante adhesivo) contra la sentencia de trece de agosto de dos mil diecinueve, pronunciada en el expediente civil 141/2017, por el juez Segundo de lo Civil de Tuxtepec, Oaxaca. En esa determinación, el Tribunal de Alzada revocó la sentencia apelada y condenó a la parte demandada a otorgar y firmar ante notario y en escritura pública el contrato de donación que celebraron el dieciocho de agosto de dos mil quince con Pedro Regules Contreras, así como a desocupar y entregar al actor la porción de un bien inmueble. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sustancial, establece lo siguiente: "Artículo 14. [...] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." De ese numeral se destaca el derecho fundamental de audiencia previa, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. Una de esas formalidades se constituye por el emplazamiento, que es un acto procesal en virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o en un procedimiento seguido en forma de juicio cumplan con la garantía de audiencia de que se trata. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo ese orden, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas que integran el derecho fundamental de audiencia a favor de los gobernados, como lo es que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite; también, que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria, y tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." [Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133, Diciembre de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta]. El artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca señala: "Artículo 112.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I.- El Ejecutor se cerciorará de que la persona física habita o trabaja en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; (F. DE E., P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2001) Tratándose de menores y sucesiones, el Ejecutor se cerciorará que el representante legal habita o trabaja en la casa o local señalado. Si se trata de una persona moral se cerciorará de que tiene sus oficinas sociales en el lugar designado. (F. DE E., P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2001) II.- Si está presente el interesado, el Ejecutor le notificará, previa identificación que haga con cualquier medio fehaciente, asentándose razón detallada del mismo. (F. DE E., P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2001) Enseguida entregará copia de la resolución objeto de la notificación; (F. DE E., P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2001) III.- Si se trata de una persona moral, el Ejecutor se asegurará que la persona con quien se entiende la diligencia es el representante legal de aquélla, agregando copia del documento que le sirva de base para ello previa identificación, asentándose razón en los mismos términos consignados en la fracción anterior. IV.- Si no está presente el interesado o el representante legal, se le dejará citatorio para que lo espere en hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes y agregará copia del mismo a los autos; V.- Si no obstante el citatorio, el interesado o el representante legal no esperan al Ejecutor, la notificación se hará por medio de cédula a cualquier persona que viva o trabaje en la casa o local señalado, debiendo asentarse esta circunstancia, y el nombre de dicha persona; y VI.- Si no se encontrare a persona alguna en la casa o local designado, la notificación se hará por medio de cédula al vecino más inmediato, fijándose además copia de la resolución en la puerta de entrada de la casa o local señalado como del demandado. (F. DE E., P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2001) El Ejecutor asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye para determinar al vecino más inmediato. La cédula de notificación a que se refiere este precepto deberá contener: a) Lugar, día y hora en que se practique la notificación; b) El número de expediente; c) El nombre de las partes; d) El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; e) Fecha de la resolución, y f) El Juzgado que la dictó. (F. DE E., P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2001) En la primera notificación personal, el Ejecutor entregará copia de la resolución que notifica o la fijará en la puerta de la casa o local correspondiente". Del precepto transcrito se advierte que, en lo que respecta a personas físicas y en lo que aquí interesa, la primera notificación personal se hará de la siguiente manera: ? El ejecutor se cerciorará de que la persona habita o trabaja en la casa o local señalado para hacer la notificación; ? Si está presente el interesado, le notificará, previa identificación que haga con cualquier medio fehaciente, asentando razón detallada del mismo, enseguida, entregará copia de la resolución objeto de la notificación; ? Si no está presente el interesado o su representante legal, le dejará citatorio para que lo espere en hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes y agregará copia del mismo a los autos; ? Si no obstante el citatorio, el interesado o su representante legal no esperan al diligenciario, la notificación se hará por medio de cédula a cualquier persona que viva o trabaje en la casa o local señalado, debiendo asentarse esta circunstancia, y el nombre de dicha persona; y ? Si no se encontrare a persona alguna en la casa o local designado, la notificación se hará por medio de cédula al vecino más inmediato, fijándose además copia de la resolución, en la puerta de entrada de la casa o local señalado como del demandado, para ello se asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye para determinar al vecino más inmediato. Asimismo, que la cédula de notificación deberá contener: 1. Lugar, día y hora en que se practique la notificación; 2. El número de expediente; 3. El nombre de las partes; 4. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; 5. Fecha de la resolución, y 6. El Juzgado que la dictó. De igual forma, deberá entregarse copia de la resolución que se notifica y asentar razón detallada de lo anterior. De donde se desprende que, únicamente cuando el actuario se hace presente en el domicilio señalado en autos para emplazar al interesado y éste no se encuentra, debe cerciorarse que la persona buscada vive en aquél y que, además, quien lo atiende y recibe la cédula respectiva, vive o trabaja en el citado domicilio, a fin de salvaguardar la garantía de audiencia, que tiene como objetivo principal el conocimiento cierto y preciso del demandado del llamamiento a juicio. En principio, debe tenerse en consideración que la parte actora señaló como domicilio para emplazar al demandado, aquí quejoso Crescencio Regules Contreras, el bien conocido en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Ahora, la expresión "domicilio conocido" es el término con el que coloquialmente se conoce a las comunidades o asentamientos que carecen de una organización y planeación en cuanto a calles, nombres y números oficiales, porque son poblaciones rurales pertenecientes a zonas ejidales o rancherías donde existen varias viviendas e inmuebles pertenecientes a diversas personas; y lo que identifica a la comunidad es precisamente su denominación. Así, el hecho de que el actuario se haga presente en una localidad de esta naturaleza no significa la imposibilidad para asentar los medios a través de los cuales podía cerciorarse de que, efectivamente, era el domicilio en cual debería realizar el emplazamiento, ya que, por el contrario, por tratarse de un domicilio conocido, se parte de la base de que pueden existir varias viviendas con diferentes moradores, lo que implica que no basta que el actuario asiente que se hizo presente en la comunidad indicada, sino que debe realizar una búsqueda cuidadosa del lugar preciso donde vive la persona a quien debe notificar, ante lo cual es necesario que indique en forma circunstanciada cómo llegó a la certeza de que el lugar específico donde dejó el citatorio era el domicilio perteneciente a la persona buscada, ya sea porque haya indagado previamente con personas de la localidad, o bien, porque directamente hubiera llegado a una casa donde alguna persona que allí viva le haya informado que ahí es el lugar donde radica la persona a notificar. El examen realizado a la diligencia de emplazamiento, en términos del contenido del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, permite establecer que, en el caso, se cumple con los requisitos de formalidad que exige la ley, en atención a las consideraciones que enseguida se precisan. El primer requisito previsto en ese numeral, consistente en que el ejecutor se cerciore de que la persona habita o trabaja en la casa o local señalado para efectuar el emplazamiento queda debidamente satisfecho, pues de la lectura íntegra de la diligencia desahogada el cinco de enero de dos mil dieciocho, se advierte que la actuaria responsable se hizo presente en el domicilio señalado por la parte actora en el escrito de demanda como de Crescencio Regules Contreras (quejoso), ubicado en el bien conocido en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca; cerciorándose que era el domicilio buscado, pues asentó como medios de convicción: - Que ese domicilio está ubicado aproximadamente a una hora con treinta minutos de distancia del órgano judicial de su adscripción. - Tuvo a la vista un letrero en la entrada de esa población que indicaba "Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca". Además, estando presente en ese lugar procedió a tocar y buscó al demandado, aquí quejoso Crescencio Regules Contreras, siendo atendido por una persona del sexo masculino, que se encontraba en ese momento en su interior, quien, al ser cuestionado por dicho fedatario público, manifestó que era el domicilio correcto en el cual vive y habita; una vez enterado del motivo de su presencia, bajo protesta de decir verdad, señaló que respondía al nombre de Crescencio Regules Contreras. Asentó que ese inmueble se trataba de una casa de un nivel, material de concreto revocado, techo de lámina de zinc y puerta de madera y ante la negativa del demandado en identificarse con un documento oficial con fotografía, la ejecutora asentó su media filiación; de ahí que esa funcionaria se cercioró con el propio dicho de la persona que la atendió, que era el demandado que buscaba y que habitaba en el inmueble señalado para llevar a cabo el emplazamiento. Por cuanto hace al segundo requisito, concerniente a que si está presente el interesado, se le notifique, previa identificación que haga con cualquier medio fehaciente, asentando razón detallada del mismo, para enseguida entregarle copia de la resolución objeto de la notificación; al respecto, la ejecutora responsable: - Se cercioró de que el demandado, aquí quejoso, habitaba en ese inmueble, con el propio dicho de la persona que lo atendió, quien al ser cuestionado por la ejecutora pública manifestó que era el domicilio correcto en el cual vive y habita, quien, una vez enterado del motivo de su presencia, bajo protesta de decir verdad señaló que respondía al nombre de Crescencio Regules Contreras. Sin embargo, ante su negativa para identificarse con un documento oficial, lo describió físicamente, asentando su media filiación. Incluso, de la diligencia desahogada el cinco de enero de dos mil dieciocho se aprecia que, por no haberse identificado la persona con la que se entendió la diligencia, esa funcionario judicial procedió a dejar al demandado, aquí quejoso, cita de espera para las dieciséis horas de esa misma fecha, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, quien no firmó el citatorio por ser esa su voluntad. - Llegada esa hora, se hizo presente nuevamente en el domicilio señalado como del demandado Crescencio Regules Contreras, ubicado en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca; fijando nuevamente las razones por las que consideró que así lo era, y estando presente en ese lugar procedió a buscar al demandado, aquí agraviado, siendo atendido por una persona del sexo masculino que se encontraba en ese momento en su interior, quien, al ser cuestionado por dicho fedatario público, manifestó que era el domicilio correcto y una vez enterado del motivo de su presencia, bajo protesta de decir verdad, señaló que respondía al nombre de Crescencio Regules Contreras. En ese acto se requirió a este último, para que se identificara con documento oficial con fotografía, a lo que manifestó que no era su deseo identificarse, razón por la que la ejecutora tomó su media filiación y, en virtud que la persona con quien se entendió la diligencia, bajo protesta de decir verdad, señaló que era la persona que se buscaba, a saber, Crescencio Regules Contreras, la fedataria pública procedió a: a) Notificarle el contenido íntegro del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el juicio civil 141/2017; y b) Le corrió traslado con la copia simple de la demanda y sus anexos, a efecto de que dentro del plazo de cinco días compareciera ante el Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca a contestar la demanda instaurada en su contra, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se le tendría por perdido su derecho para ello y sería declarado presuntivamente confeso de los hechos de la promoción inicial. Sin que el demandado firmara esa diligencia por ser esa su voluntad. Lo expuesto conduce a determinar que se emplazó al demandado, aquí quejoso, quien aun cuando no se identificó, la fedataria asentó su media filiación y le entregó copia de la resolución objeto de la notificación. Con relación a los demás requisitos que prevé el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, relativos a la forma en que el actuario deberá efectuar la notificación en caso de que no esté presente el interesado, su representante legal o cualquier persona que viva o trabaje en la casa o local señalado, no resulta indispensable analizarlos, toda vez que, en el asunto de que se trata, se entendió personalmente la diligencia de emplazamiento con el demandado. Primer concepto de violación. Por lo descrito en párrafos anteriores se advierte que es infundado lo que alega el quejoso en el primer concepto de violación, relativo a que la ejecutora del Juzgado Segundo de lo Civil del San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca se hizo presente en un domicilio diverso al señalado en la demanda origen del juicio sumario 141/2017 y en el auto de inicio dictado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete; toda vez que, contrario a lo que aduce, de la lectura íntegra de las diligencias desahogadas el cinco de enero de dos mil dieciocho, se advierte que esa fedataria pública se hizo presente en el domicilio señalado por la parte actora en el escrito de demanda como de Crescencio Regules Contreras (quejoso) y en el indicado en el auto de radicación, a saber, en el inmueble conocido en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Segundo concepto de violación. De igual forma, deviene infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, relativo a que no se hizo constar el domicilio fijo en que fue efectuado el emplazamiento. Lo anterior es así, en virtud que, en el caso, debe tenerse en consideración que se señaló como domicilio para emplazar al demandado, aquí quejoso, el que se identifica como el bien inmueble conocido en La Congregación de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. Y atendiendo a que, como se adujo en párrafos anteriores, la expresión "domicilio conocido" es el término con el que coloquialmente se conoce en las comunidades o asentamientos que carecen de una organización y planeación en cuanto a calles, nombres y números oficiales, porque son poblaciones rurales pertenecientes a zonas ejidales o rancherías donde existen varias viviendas e inmuebles pertenecientes a diversas personas; y lo que identifica a la comunidad es, precisamente, su denominación; por ello, no era posible que la ejecutora adscrita al Juzgado responsable asentara un domicilio fijo en que fue efectuado el emplazamiento, indicando la calle, nombre y número oficial, ante lo ambiguo de ese señalamiento, pues, como se dijo, se trata de un domicilio conocido. Máxime si se considera que dicha fedataria indicó que el lugar donde efectuó el emplazamiento era el domicilio perteneciente a la persona buscada, por el propio dicho de quien la atendió, quien, al ser cuestionada, manifestó que era el domicilio correcto en el cual vive y habita; además, bajo protesta de decir verdad, señaló que era la persona buscada y que respondía al nombre de Crescencio Regules Contreras; en la medida que esa referencia aporta certeza y fiabilidad a lo actuado. Tercer concepto de violación. El quejoso refiere que no lo emplazaron en el domicilio correcto, toda vez que la fecha en que se desahogó esa formalidad procesal no se encontraba en su domicilio ni en la población de la que es originario, dado que se encontraba en el Estado de Sonora realizando trabajos de campo en la zafra de espárragos. Es infundado ese concepto de violación, por lo siguiente: Se estima oportuno destacar que el emplazamiento se entendió personalmente con el demandado, aquí agraviado Crescencio Regules Contreras, según las diligencias actuariales desahogadas el cinco de enero de dos mil dieciocho, por lo que al tratarse de una funcionaria con fe pública, tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de tal manera que lo asentado en ella requiere de prueba fehaciente que la desvirtué; máxime si se considera que, ante su negativa para identificarse y firmar el acta correspondiente, la actuaria se cercioró de la identidad del interesado, señalando su media filiación, lo que conlleva a establecer que, en ese aspecto, se trata de una actuación judicial con eficacia plena, salvo prueba en contrario. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1875, tomo CIV, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIOS, VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE NOTIFICACIÓNES ASENTADAS POR LOS. Las razones de notificaciones asentadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, si no son desvirtuadas por prueba en contrario". A ese respecto, se establece que sobre el hecho de que se trata, al quejoso le corresponde la carga de la prueba; como así lo ilustra la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 84, diciembre de 1994, Octava Época, página 57, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO, LUGAR DEL. Si el quejoso en el amparo, se funda especialmente, en que no fue emplazado en el lugar de su domicilio, debe comprobarse cuál era éste, en el momento en que se dice fue emplazado." Pruebas ofrecidas por el quejoso. I. Testimonial. Con el propósito de acreditar lo aseverado en la demanda de amparo, el quejoso ofreció la prueba testimonial a cargo de Catalina Regules Contreras y Vidal Negrete Antonio, la que se desahogó el dos de marzo de dos mil veintidós, por la secretaria de Acuerdos encargada por ministerio de ley del Juzgado Segundo Civil del distrito judicial de Tuxtepec y Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del circuito judicial de la Cuenca. El análisis de los referidos interrogatorios pone de manifiesto que los testigos fueron ofrecidos, en esencia, para declarar sobre los hechos relativos al conocimiento que tienen del aquí quejoso Crescencio Regules Contreras, a las actividades a las que se dedica y el lugar en que se encontraba este último el cinco de enero de dos mil dieciocho, fecha en que se practicó el emplazamiento. Sobre la circunstancia relativa a si conocen al quejoso, los testigos fueron coincidentes en señalarlo en sentido afirmativo; respecto a las actividades a la que se dedica el promovente, señalaron que es campesino y que, además, se dedica al corte de espárragos; por cuanto hace a la época o período en que desarrolla esta última actividad, la primera testigo dijo que cada año, en tanto que el ateste restante refirió que los fines de año. De ahí que si bien esa prueba testimonial es justipreciada de forma indiciaria, en términos del numeral 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo, es insuficiente para acreditar que el cinco de enero de dos mil dieciocho, fecha en que se practicó el emplazamiento, el aquí quejoso se encontraba en un lugar diverso al en que se desahogó esa formalidad, dado que únicamente precisan que el promovente desarrolla una diversa actividad cada año y cada fin de año, respectivamente, pero no en la data indicada. Por tanto, no existe dato o elemento de prueba fehaciente de que no pudiera estar presente en el domicilio en que se llevó a cabo el emplazamiento judicial reclamado, como lo asentó la ejecutora responsable en la diligencia correspondiente, según quedó señalado en líneas precedentes; máxime que dicha fedataria asentó que esa diligencia se desahogó personalmente con el demandado, aquí agraviado. En consecuencia, ante la insuficiencia de elementos de convicción en ese sentido, como ya se precisó, deviene infundado del concepto de violación analizado en último término. II. Certificaciones y fotografías contenidas en un dispositivo usb. Asimismo, para demostrar sus aseveraciones, el quejoso ofreció como pruebas: a) La diligencia de inspección ocular de dos de julio de dos mil veintiuno, realizada por el juez Único Municipal del Ayuntamiento de San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, Oaxaca. b) Constancia de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, expedida por el agente de Policía Municipal de la Raya Soyaltepec, San Lucas Ojitlan, Tuxtepec, Oaxaca; y, c) Diversas fotografías contenidas en un dispositivo usb. Con las que pretende demostrar que al domicilio en que se efectuó el emplazamiento no se llega en transporte carretero, como lo aseveró la ejecutora responsable en la diligencia respectiva, pues, dice, es una congregación formada por una isla de la presa Miguel Alemán, por lo que se trasborda en lancha o cayuco. Al respecto, esos medios de convicción, conforme a la facultad establecida por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, carecen de valor probatorio, dado que, respecto a los medios señalados con los incisos a) y b), las referidas autoridades municipales no están facultades para realizar esas certificaciones, por ser ajeno a sus facultades ; y por cuanto hace a c) diversas fotografías contenidas en un dispositivo usb, porque no se aprecia la hora y fecha en que fueron capturadas, ni contienen certificación que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como qué corresponden a lo presentado en ellas . Por lo expuesto y ante la legalidad del emplazamiento efectuado, es infundado también el cuarto concepto de violación, concerniente a que el juez responsable, previo a tramitar el juicio, no se cercioró de su falta de notificación o notificación defectuosa, porque, se reitera, la diligencia de emplazamiento reclamada, cumplió con las formalidades exigidas por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. En conclusión, en atención a que la actuaria que practicó la diligencia de emplazamiento a) lo efectuó en el domicilio señalado por la parte actora, b) se cercioró de su autenticidad, conforme a los medios de convicción que señaló y c) corroboró que en dicho domicilio habitaba el demandado (aquí quejoso), con el propio dicho de la persona que la atendió, quien, bajo protesta de decir verdad, señaló que respondía al nombre de Crescencio Regules Contreras, es suficiente para establecer la existencia de las exigencias de ley; máxime que se estableció que tal diligencia se entendió personalmente con el interesado, sin que se hubiere desvirtuado con prueba fehaciente la fe pública de la actuaria responsable, como quedó indicado en líneas precedentes, a las cuales se hace expresa remisión en obvio de innecesarias repeticiones. Por lo expuesto, se concluye que en la diligencia de emplazamiento reclamada se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento que, al respecto, exige la legislación procesal civil aplicable. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa del amparo, respecto de diversos actos reclamados. Se hace extensiva la negativa de la protección constitucional, respecto de los diversos actos reclamados por el quejoso, consistentes en: a) El procedimiento seguido en el expediente 141/2017, relativo al juicio sumario sobre otorgamiento y firma de escritura pública promovido por Pedro Regules Contreras. b) Consecuencia de este último acto, que se traduce en la privación de su derecho de copropiedad. Que atribuye al juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. c) Consecuencia de la falta de emplazamiento en el referido juicio, que se traduce en la privación de su derecho de defensa. Que reclama de la actuaria que lleva el trámite del expediente 141/2017 adscrita al citado órgano judicial; y, d) Resolución de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 312/2019. Que combate de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Lo anterior, en virtud que no se atacan por vicios propios, pues se hacen depender de la ilegalidad del emplazamiento reclamado, la que, como quedó precisado, no se demostró; de ahí que tales actos de autoridades sólo son una consecuencia de su incomparecencia en el juicio natural. Es de señalarse que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Crescencio Regules Contreras contra los actos reclamados, consistentes en: -El procedimiento seguido en el expediente 141/2017, relativo al juicio sumario sobre otorgamiento y firma de escritura pública promovido por Pedro Regules Contreras y sus consecuencias. Que atribuye al juez Segundo de lo Civil del distrito judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. - Falta de emplazamiento al referido juicio sumario y sus consecuencias. Que reclama de la actuaria que lleva el trámite del expediente 141/2017 adscrita al citado órgano judicial. - Resolución de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca 312/2019. Que combate de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Por las razones y fundamentos expresados en el considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    PRAL. 439/2022 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio FGEO/DAJ/D.A./1445/2022, del fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del director de Asuntos Jurídicos, con residencia en Reyes Mantecón, Oaxaca, recibido vía correo electrónico institucional, mediante el cual rinde informe justificado; con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. 2. Delegados. Con fundamento en el numeral 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que nombra en su informe de cuenta. Notifíquese.

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