Luis Martin Soto Yañez
Expediente 1167/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2017
Partes del expediente
- Luis Martin Soto Yañez
Actuaciones
- Principal
VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, Torreón Coahuila, a través del cual comunica la determinación de veintiocho de julio de este año, donde dicho Tribunal de Alzada asumió el conocimiento de la demanda promovida por Luis Martín Soto Yañez. Atento a lo anterior, al no haber promoción pendiente de acordar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto (punto vigésimo, fracciónI, párrafo primero y segundo). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo de referencia. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, se encuentra señalada para celebrarse a esta fecha; sin embargo, no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades responsables Secretario de Comunicaciones y Transportes, Director General de Planeación, Director General de Carreteras y Subsecretaría de Infraestructura todos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del auto de once de julio pasado, en el que se les dio vista a fin de que manifiesten lo que a su derecho respecto de la prueba pericial ofertada por la parte quejosa. Por tanto, para dar margen a lo anterior, lo procedente es difierir la audiencia incidental que debería tener verificativo el día de hoy, señalando como nueva fecha para su celebración las doce horas del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VIII. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio enviado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por Luis Martin Soto Yáñez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS Durango" y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1167/2017-VIII. ACTO RECLAMADO. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso lo constituye la negativa de brindarle atención médica a su padecimiento mental y la suspensión de medicamento psiquiátrico. En ese orden, este órgano jurisdiccional determina que no obstante el quejoso refiera que los actos reclamados violan el artículo 22 constitucional, no puede concederse la suspensión de oficio y de plano, pues los actos no encuadran en alguno de los supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para sustentar tal determinación se aplica la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951 del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1989, Tomo III, Segunda Parte - 2, Octava Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no esta en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." INCOMPETENCIA. En otro orden de ideas, cabe precisar que la competencia del Juez de Distrito para avocarse al conocimiento del asunto, se finca principalmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable; por tanto, para establecer la competencia el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Bajo esa tesitura, apreciada íntegramente la demanda de amparo de que se trata, se advierte que los actos reclamados en esta vía se están ejecutando o se van ejecutar en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS, ubicado en Carretera Jiménez Chihuahua, Ejido 6 de Octubre, predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, cabe precisar que el promovente del amparo actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", carretera Jiménez Chihuahua, Ejido 6 de octubre, predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango, 35109. Asimismo, señaló como autoridades responsables, al Director General, Titular y Segundo a cargo del Área Médica, todos del Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", así como al Médico Psiquiatra adscrito al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. De lo transcrito, se obtiene que los actos reclamados se están ejecutando o se ejecutará en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 CPS, carretera Jiménez Chihuahua, Ejido 6 de octubre, predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango, pues es el lugar en el que el quejoso se encuentra recluido sin recibir la atención médica, que refiere y en el que se le suspendió el medicamento psiquiátrico. De ahí que, en conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados se ejecutan o se ejecutaran en dicho lugar, debe conocer de dicha demanda el Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, y por ende, a criterio de este órgano jurisdiccional la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sobre lo expuesto, por las razones que la informan, sirve de apoyo la tesis II.1o.P.152 P, publicada en la página 1925 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, Tomo XXXII, Materia Penal, Noventa Época, número de registro 164371, que establece: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CRITERIOS PARA DETERMINARLA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. Para establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, una vez que se sustanció un juicio de garantías promovido contra una orden de aprehensión, en términos del artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, debe atenderse, en principio, como dato determinante, a la aceptación que realice la autoridad ejecutora acerca de que tratará de cumplir la orden en una localidad concreta y si la competencia territorial corresponde a un solo Distrito Judicial del Poder Judicial de la Federación, con absoluta independencia del sitio donde la ejecutora tenga su residencia oficial, caso en el cual, corresponderá conocer del amparo a un Juez de Distrito de esa localidad. Sin embargo, cuando no se cuente con ese dato deberá obtenerse de los indicios que se deduzcan de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo, incluidas, desde luego, las correspondientes a la averiguación previa o al proceso penal instruido contra el quejoso, y que sean indicativos del lugar donde, objetiva y lógicamente, puede ejecutarse la orden de aprehensión, pues si ésta consiste en la privación de la libertad deambulatoria del probable responsable, resulta inconcuso que deben considerarse los datos que permitan establecer su ubicación personal, por ejemplo, su domicilio actual o más reciente, el lugar de trabajo, el principal asiento de sus negocios, entre otros. Sin que este criterio riña con la jurisprudencia 1a./J. 12/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA.", toda vez que en ésta se establece que para fijar la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, no debe atenderse al domicilio que hubiese señalado el quejoso en su demanda de garantías, pues ello equivaldría a dejar a su arbitrio la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar el domicilio donde quisiera promover; lo anterior es así, toda vez que dicho criterio no impide que para conocer el lugar donde tratará de ejecutarse la orden de aprehensión, pueda tomarse en consideración el domicilio que realmente aparezca probado en autos, una vez sustanciado el juicio de garantías y obtenido mediante la valoración de los indicios que deriven de la totalidad de las constancias existentes en él, incluidas claro está, aquellas que hubiese allegado la autoridad o autoridades que hayan aceptado la existencia de ese acto en concreto." Por lo que, lo procedente es declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de este juicio, declinándola en favor del Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, para lo cual remítase el juicio de amparo, a fin de que dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se plantea. Ante lo expuesto, con fundamento en los ordinales 38 de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito, comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, a fin de acordar lo que en derecho corresponda. Por tanto, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto; solicítese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, realícensele las anotaciones correspondientes. EXHORTO. Ahora bien, ante la eventualidad que el Centro Federal de Readaptación Social, Número Catorce CPS, carretera Jiménez Chihuahua, Ejido 6 de octubre, predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango, lugar donde se encuentra recluido el agraviado se encuentran fuera de la residencia y jurisdicción de este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo establecido en los artículos 282 y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique el presente proveído al quejoso Luis Martin Soto Yáñez, en el lugar en que se encuentra recluido, es decir, en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Catorce CPS, carretera Jiménez Chihuahua, Ejido 6 de octubre, predio Santa Clara, Gómez Palacio, Durango. Asimismo, se faculta al órgano jurisdiccional citado para que realice la diligencia encomendada en días y horas inhábiles de conformidad en el artículo 21 de la Ley de Amparo y, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como el proveído a notificar, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que deberá firmar electrónicamente el Secretario encargado. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por exhorto al quejoso en términos del presente auto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Sabrina Melissa Bernal Rosales que autoriza, firma y da fe.
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