Luis Martín Nuñez Torres
Expediente 832/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Martín Nuñez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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CUMPLASE
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Agréguese a los autos el oficio enviado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que admitió la competencia planteada, avocándose al conocimiento de la misma, registrándola bajo el número 949/2021-VI. Toda vez que no hay pendiente diligencia que desahogar, archívese el presente cuadernillo por encontrarse concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente auxiliar es destruible.
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SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA...; Notifíquese personalmente y cúmplase. Vista el acta de cuenta, se tiene al quejoso ratificando la firma que calza la promoción recibida el veintidós de octubre anterior, por lo que se acuerda: CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN FORMULADA EN EL AUTO ACLARATORIO. En la promoción mencionada en el párrafo anterior el amparista precisó a las autoridades que desea señalar como responsables, por lo que se le tiene cumpliendo con el requerimiento que se formuló en el auto aclaratorio. INCOMPETENCIA. El numeral 37 de la Ley de Amparo contempla tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior resulta que para fijar la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, es menester, en principio, determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, después, en caso de que si la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué lugar tiene o tendrá lugar dicha ejecución. En relación con el tema de la competencia para conocer de un juicio de derechos fundamentales en contra de actos como los que en esta instancia se reclaman, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que corresponde al juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde el quejoso, bajo protesta de decir verdad, asegura que trata de ejecutarse, siempre y cuando señale alguna autoridad ejecutora con residencia en la misma circunscripción territorial, pues la regla competencial respectiva requiere el señalamiento de alguna autoridad ejecutora en el domicilio respectivo para dotar de competencia del juez, en el entendido de que, de lo contrario, el solo domicilio indicado por el amparista es insuficiente para justificar la competencia. En este orden de ideas, cuando se reclamen actos que afecten la libertad personal del quejoso, si este no señala alguna autoridad ejecutora que resida en el domicilio en el que ejerza jurisdicción el juez de distrito ante el que presentó la demanda, el juzgador competente para conocer del proceso de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el sitio en el que residen las autoridades señaladas como responsables, con independencia del domicilio en el que el amparista afirme que se pretenden ejecutar. Lo anterior encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." [Época: Décima Época; Registro: 2004166; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.); Página: 383] En la especie, en la demanda de amparo el quejoso reclamó la orden que implique una molestia a su libertad personal y su ejecución, mismos que atribuyó al Juez de Control, a la Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres, al Director General de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Justicia y al Comandante General de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Justicia, los dos últimos del Estado de Guanajuato, todos los anteriores con sede en Irapuato, Guanajuato. Sin embargo, no señaló autoridad responsable ejecutora alguna que resida en esta ciudad. Por ello, en el proveído aclaratorio se le requirió para que manifestara si deseaba señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad residente en esta ciudad y, en caso de que la respuesta fuera afirmativa, lo hiciera. No obstante, en el ocurso aclaratorio señaló al Fiscal General de Justicia del Estado de Guanajuato y los Agentes a su cargo, quienes tienen su residencia en Guanajuato, Capital. En mérito de lo que precede, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, surtiéndose la competencia a favor del Juez de Distrito en turno, con sede en Irapuato, Guanajuato, pues de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos jurisdiccionales con sede en Irapuato, son los que ejercen jurisdicción en dicho municipio. En consecuencia, se ordena remitir el expediente en que se actúa al Juez de Distrito en turno, con sede en Irapuato, Guanajuato, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y solicitar el acuse de recibo de estilo.
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COMPARECENCIA
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