Luis Martín Martínez García
Expediente 821/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Martín Martínez García
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda promovida...se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. ...archívese este asunto como totalmente concluido....se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental...este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese....
- Principal
....para conocimiento del quejoso...Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Luis Martín Martínez García; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 821/2021-1, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y fórmese expediente. En principio, es oportuno mencionar que se da trámite a la demanda, conforme a los Acuerdos Generales 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforman y adicionan el primeramente citado, así como la Circular SECNO/4/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Propio Consejo, éste último publicado el dieciséis de julio de dos mil veinte. Ahora bien, se advierte que la demanda de amparo de cuenta no cumple con las formalidades establecidas con la Ley aplicable, toda vez que si bien fue remitida de manera electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la misma carece de la firma electrónica del promovente, pues la que porta es de persona distinta y por tanto es insuficiente. En ese contexto, cabe hacer mención el contenido del cuarto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." Asimismo, el numeral 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, que a la letra establece: "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." De lo expuesto, se tiene que el artículo 3 de la Ley de Amparo permite la presentación de escritos en forma electrónica, esto se condiciona al empleo de la firma electrónica del promovente y conforme a la regulación que al efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Esto, pues la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia, entre otros, de los Juzgados de Distrito, la cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por tanto, todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo deben ir firmados mediante el uso de la FIREL, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 del Acuerdo General Conjunto 1/2013. En consecuencia, si la demanda electrónica no fue firmada mediante el uso de la FIREL, es inconcuso que no puede considerarse que externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe desecharse la demanda, con fundamento en los artículos 6, 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo I, correspondiente al mes de abril de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación (registro 2019715), que es del tenor: "SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. - El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Juan del Río número 14, planta alta, de la colonia Jarachina Norte, código postal 88730, en esta ciudad. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Luis Martín Martínez García; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 821/2021-1, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y fórmese expediente. En principio, es oportuno mencionar que se da trámite a la demanda, conforme a los Acuerdos Generales 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforman y adicionan el primeramente citado, así como la Circular SECNO/4/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Propio Consejo, éste último publicado el dieciséis de julio de dos mil veinte. Ahora bien, se advierte que la demanda de amparo de cuenta no cumple con las formalidades establecidas con la Ley aplicable, toda vez que si bien fue remitida de manera electrónica a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la misma carece de la firma electrónica del promovente, pues la que porta es de persona distinta y por tanto es insuficiente. En ese contexto, cabe hacer mención el contenido del cuarto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." Asimismo, el numeral 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, que a la letra establece: "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." De lo expuesto, se tiene que el artículo 3 de la Ley de Amparo permite la presentación de escritos en forma electrónica, esto se condiciona al empleo de la firma electrónica del promovente y conforme a la regulación que al efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Esto, pues la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) es el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia, entre otros, de los Juzgados de Distrito, la cual produce los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por tanto, todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo deben ir firmados mediante el uso de la FIREL, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 del Acuerdo General Conjunto 1/2013. En consecuencia, si la demanda electrónica no fue firmada mediante el uso de la FIREL, es inconcuso que no puede considerarse que externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe desecharse la demanda, con fundamento en los artículos 6, 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del Tomo I, correspondiente al mes de abril de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación (registro 2019715), que es del tenor: "SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. - El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San Juan del Río número 14, planta alta, de la colonia Jarachina Norte, código postal 88730, en esta ciudad. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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