Luis Martín Félix Zamudio

Expediente 901/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
901/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Martín Félix Zamudio
  • Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en el Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito firmado por Carlos David Armenta Montaño, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución del billete de depósito N 893751, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional), con el cual garantizó la suspensión definitiva, concedida en el presente cuaderno incidental. Además que en auto de veintinueve de noviembre, quedó firme el auto que sobreseyó fuera de audiencia dictado en el presente juicio de amparo. Por tanto, devuélvase personalmente a la parte quejosa el billete de depósito antes descrito, previa firma que de recibido quede asentada en autos. En el entendido de que, para la devolución y endoso, deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional con credencial oficial que ostente su respectiva fotografía, en días hábiles dentro del horario de nueve a catorce horas. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida determinación HA CAUSADO ESTADO; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Finalmente, remítanse a su lugar de origen las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comunicación del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en esta ciudad, mediante la cual informa que en veinticinco de los cuales se dictó auto de vinculación al quejoso en autos de la causa penal ****y remite copia certificada del referido auto. Documentales las anterior que por ser públicas, en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, merecen valor probatorio pleno. Ahora, en la demanda de amparo el quejoso reclamada del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Por tanto, si se considera que en presente asunto se reclamó la orden de aprehensión y de la documental allegada se advierte que en veinticinco de los cuales se dictó auto de vinculación al quejoso en autos de la causa penal *****, es claro que en el caso existe cambio de situación jurídica, lo cual hace que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sobre ellas, sin afectar la nueva situación jurídica. Por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, Décima Época, que dispone: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Se hace extensivo el sobreseimiento por lo que hace al acto de ejecución reclamado a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no impugnarse por vicios propios, conforme a la jurisprudencia 1812, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2912, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllas, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XVII, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    en virtud de no haberse presentado el tercero interesado a notificarse personalmente previo citatorio que se dejó, con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso b), y 29, ambos de la Ley de Amparo se notifica por lista que se fija en los estrados de este Juzgado y en la pagina electrónica la siguiente determinación: Culiacán, Sinaloa, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la comunicación del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, con residencia en esta ciudad, mediante la cual informa que en veinticinco de los cuales se dictó auto de vinculación al quejoso en autos de la causa penal ****y remite copia certificada del referido auto. Documentales las anterior que por ser públicas, en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, merecen valor probatorio pleno. Ahora, en la demanda de amparo el quejoso reclamada del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Por tanto, si se considera que en presente asunto se reclamó la orden de aprehensión y de la documental allegada se advierte que en veinticinco de los cuales se dictó auto de vinculación al quejoso en autos de la causa penal *****, es claro que en el caso existe cambio de situación jurídica, lo cual hace que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sobre ellas, sin afectar la nueva situación jurídica. Por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, Décima Época, que dispone: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Se hace extensivo el sobreseimiento por lo que hace al acto de ejecución reclamado a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no impugnarse por vicios propios, conforme a la jurisprudencia 1812, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2912, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllas, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XVII, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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