Luis Martin Bazan Acosta
Expediente 30/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Martin Bazan Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Como de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión, en contra del proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías promovido por -, por conducto de su apoderado legal; sin que a la fecha se haya recibido recurso legal alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se asentó el término para que la autoridad señalada como responsable se inconformara con dicho proveído, toda vez que, el sentido del auto que puso fin al presente juicio, en nada afecta el interés legítimo para sostener el acto reclamado por medio del recurso de revisión, que en su caso se interponga, toda vez que en el juicio se sobreseyó y únicamente afecta su sentido a la parte quejosa, de quien ya quedó asentado que no interpuso tal recurso. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción pues se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dispone lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese sus autos el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable en mención, mediante el cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, y adjunta las constancias respectivas, de las que se desprende que el nueve de los actuales, emitió el auto relativo a las pruebas ofrecidas por las partes y señalo fecha para el desahogo de la mismas, dentro del juicio laboral - de su índice. Ahora, como de la constancia secretarial se desprende que medularmente el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de emitir el auto en el que se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de la pruebas ofertadas por las partes y señale fecha para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral -; el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado tales actos, conforme a lo que dispone la fracción y precepto citado. Es preciso establecer que la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Dicho lo anterior, y toda vez que de la constancia secretarial se desprende que de las constancias remitidas por la autoridad responsable de mérito, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que en el presente asunto la parte quejosa, reclama la omisión por parte del Tribunal responsable de emitir el auto en el que se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de la pruebas ofertadas por las partes y señale fecha para el desahogo de las mismas, dentro del juicio laboral -, mientras que el nueve de los actuales, emitió el auto relativo a las pruebas ofrecidas por las partes y señalo fecha para su desahogo, dentro del juicio laboral - de su índice. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil veintitrés, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la fecha referida para el desahogo de tal audiencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Como de la certificación de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, no rindió su informe justificado en el término de ley, no obstante estar notificada como se evidencia de la constancia relativa, y el término que tenía para tal efecto transcurrió del dieciséis de enero al tres de febrero del año en curso; consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas del expediente de donde deriva el acto reclamado, toda vez que resultan necesarias para la debida integración del presente asunto; apercibida que de no hacerlo en el lapso citado, se les impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el pedimento de cuenta, a través del cual se tiene a la Fiscal adscrita por formulados sus alegatos, mismos que se tomaran en cuenta en la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele en su oportunidad las copias que solicita. Notifíquese.
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