Luis Martín Antonio Cortez

Expediente 1352/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1352/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Martín Antonio Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, que no obra la constancia de notificación de la sentencia terminada de firmar el veintisiete de julio de dos mil veintidós, ordenada al quejoso *************** ***********************. ... en obvio de mayores dilaciones, se comisiona al actuario que por zona corresponda notifique al citado quejoso el presente acuerdo, así como la sentencia definitiva terminada de engrosar el veintisiete de julio de dos mil veintidós, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LUIS MARTÍN ANTONIO CORTÉZ, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y LA SENTENCIA DE VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO ACTUAL.

  3. Principal

    SENTENCIA Relativa al juicio de amparo indirecto 1352/2021 promovido por **********************, por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra. I. ANTECEDENTES CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR ALIMENTOS 1899/2019 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DÉCIMO NOVENO DE LO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve1, *************************, por propio derecho y en representación de sus hijas menores W. Z., F. M. y A. M., de apellidos A. C., presentó controversia del orden familiar alimentos de *********************, en la que solicitó el otorgamiento de una pensión alimenticia, el pago retroactivo por concepto de incumplimiento hacia su obligación de proporcionar alimentos y la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, entre otras prestaciones. 2. Admisión. Por razón de turno, tocó conocer al Juez Décimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México mismo que en proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve2 admitió a trámite la demanda registrada en el expediente 1899/2019, ordenó el emplazamiento a la parte demandada, fijo por concepto de pensión alimenticia provisional el cincuenta por ciento para sus hijas menores W. Z., F. M. y A. M., de apellidos A. C. y la parte actora y en caso de incumplimiento se constituirá al deudor alimentario moroso y se inscribirá en el Registro de Deudore Alimentarios Morosos. 3. Contestación y admite demanda reconvencional. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil 1 Tomo I. Fojas 1 a 7 2 Ibídem. Fojas 11 a 13 diecinueve3, el juez civil tuvo a la parte demandada contestando la demanda y admitió a trámite la demanda reconvencional, ordenando la notificación personal a la contraparte. 4. Requerimiento de oficios. Seguida la secuela procesal, mediante proveído de cinco de febrero de dos mil veinte4, el juez familiar señaló que el demandado solicitó en la reconvención la guarda y custodia de la provisional y la definitiva, lo cual será motivo de estudio en la sentencia definitiva; en relación a la medida provisional de la guarda y custodia dio vista a la actora para que manifestara lo conducente y señaló que las hijas menores de edad debían de permanecer en el lugar en donde se encuentran; por último, ordenó girar oficio a la *******************para que informe el diagnosticó que realizó la Doctora Verónica Corte a la actora hace seis meses, así como al *************************** para que informara el diagnóstico que le realizó a la actora, con apercibimiento ante incumplimiento. 5. Requerimiento de información. Asimismo, mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte5, el juez natural ordenó girar oficio al Juzgado Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de México, sobre el seguimiento y resolución que hubo en la denuncia de hechos consignada con el número de averiguación previa FCY/COY/1T1/01783-11-10, por el delito de robo cometido por ****************************************************************** 6. Audiencia de desahogo de pruebas. Posteriormente, a las diez horas del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno6, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas, en la que se advierte que únicamente compareció la parte demandada y se difirió el desahogo de éstas ante la ausencia de la parte actora, asimismo, la parte demandada solicitó la ampliación del régimen de visitas con sus menores hijas, por lo que se le dio vista a la actora y a fin de decretar la guarda y custodia provisional solicitó la platica con las menores de edad, en los siguientes términos: 3 Ibídem. Fojas 153 y 154 4 Ibídem. Foja 180 5 Ibídem. Foja 215 6 Ibídem. Fojas 275 a 280 "(.) PLATICA CON MENOR Es necesario la plática con menor, para que sean escuchados los menores hijos de las partes en el presente juicio, para efectos de decretar la GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL para ese efecto se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA VIENTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (.)" 7. Audiencia de plática con las menores de edad. A las diez horas del veinte de abril de dos mil veintiuno7, tuvo verificativo la diligencia de platica con las hijas de las partes W. Z., F. M. y A. M., de apellidos A. C., en la que manifestaron el deseo de vivir con su madre y ya no convivir con su padre; por lo que, el juez familiar, determino decretar la guarda y custodia provisional a favor de su progenitora ******************************, entre otras cuestiones. 8. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior determinación, el demandado, aquí quejoso, mediante escrito de veintiocho de abril de dos mil veintiuno8, interpuso recurso de apelación, el cual quedó registrado con el toca 751/2021; y seguida la secuela procesal, el tres de agosto de dos mil veintiuno9, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó resolución interlocutoria en la que confirmó el auto de veinte de abril del citado año (acto reclamado). II. TRÁMITE DEL JUICIO 1. Presentación de la demanda de amparo e incompetencia. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Quinta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, remitido el veintisiete de octubre siguiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito; remitido posteriormente el veintiocho siguiente al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a quien tocó conocer del asunto. Sin embargo, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, el órgano jurisdiccional formó el expediente respectivo, lo registró con el número D.C. 533/2021, se declaró incompetente 7 Ibídem. Fojas 299 a 303 8 Ibídem. Fojas 307 a 309 9 Ibídem. Fojas 339 a 351 para conocer del asunto y lo remitió a un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. En consecuencia, por oficio recibido el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado al día siguiente a este órgano federal, Luis Martín Antonio Cortez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra, en los siguientes términos: "III. La autoridad responsable; MAGISTRADOS DE LA QUINTA SALA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y JUEZ DÉCIMO NOVENO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. IV. El acto reclamado. ? Sentencia de fecha TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, PUBLICADA EN FECHA cuatro de noviembre del año en curso, emitida dentro del Toca número 751/2021 radicado ante la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ? Audiencia (platica con menor) de fecha veinte de abril de dos mi veintiuno, emitido en el juicio Controversias del Orden Familiar, con número de expediente 1899/2019, por el C. Juez Décimo Noveno Familiar de la Ciudad de México." 2. Admisión. Previa prevención, mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; sin que hubiera lugar a requerir a las autoridades responsables su informe justificado, en razón de que ya obra en constancias; ordenó notificar a la tercero interesada; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Emplazamiento a la tercera interesada. El seis de octubre de dos mil veintiuno, se realizó el emplazamiento a la tercera interesada ************************************. 4. Suspensión de plazos y términos procesales. A través de la circular CAP/CRyCE/02/2021 se comunicó que en sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal determinó que este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 por el periodo comprendido del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno y hasta el once de enero de dos mil veintidós, periodo en el cual se suspendieron los plazos y términos procesales. 5. Audiencia constitucional. A las diez horas con veintidós minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional al tenor de lo asentado en el acta que antecede a esta resolución. III. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque la parte quejosa reclama una actuación derivada de un procedimiento jurisdiccional tramitado ante una autoridad especializada en materia familiar, con residencia en la circunscripción territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar el acto reclamado que se deduce del estudio integral de la demanda, así como de las constancias de origen. En este sentido, este juzgador advierte que la quejosa reclama la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el recurso de apelación número 751/2021, en la que confirmó el auto dictado en la audiencia de veinte de abril del citado año, emitido por el Juez Décimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; mientras que el Juez Décimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, se adhirió al informe rendido por la sala familiar. Certeza que se corrobora con las documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente de origen, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir reproducciones de actuaciones judiciales expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones legales. VI. OPORTUNIDAD En el caso, se advierte que el acto reclamado consistente en la interlocutoria de tres de agosto de dos mil veintiuno, la cual se notificó por boletín judicial a la parte quejosa el cuatro de agosto posterior. En tal virtud, el plazo para la presentación de la demanda trascurrió del diez de agosto al veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, sin contabilizar los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de agosto, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por tratarse de días inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De igual modo, el cinco, nueve, once, trece, diecisiete, diecinueve, veintitrés, veinticinco, veintisiete y treinta y uno de agosto, dos, seis, ocho, diez, catorce y veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por corresponder a días en que la autoridad laboró a puerta cerrada; así como del quince al diecisiete de septiembre del año citado, al considerarse como inhábiles por el órgano civil. Por consiguiente, si la demanda de amparo se presentó el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se concluye que resulta oportuna, ya que se hizo dentro del término previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. VII. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse invocado diversa causa de improcedencia y no advertirse la actualización de alguna por parte de este juzgador, lo procedente es analizar el fondo del asunto. VIII. ESTUDIO DE FONDO SÍNTESIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN El quejoso manifiesta en sus conceptos de violación que el acto reclamado viola los artículos 1º, 4, 14, 16 y 17 constitucionales, al no encontrarse debidamente fundada ni motivada, no respetando las formalidades esenciales del procedimiento, ni los principios de congruencia, seguridad jurídica, ni debido proceso; al haberle negado la guarda y custodia de sus menores hijas, toda vez que manifiesta que *****************************, no es apta para tener la guarda y custodia de sus hijas al padecer depresión grave e intentos suicidas. Argumenta que la responsable decidió y determinó inobservar las constancias médicas y psiquiátricas que obran en el expediente de origen, en materia de psiquiatría y psicología realizadas a la tercera interesada, por el ************************************************************** de las que se desprende que no es apta para la guarda y custodia de sus hijas menores de edad, al padecer depresión grave y haber realizado intentos suicidas. Alega que aun y cuando las menores de edad manifestaron su deseo de querer seguir viviendo y permaneciendo con su mamá, éstas no pueden ser tomadas en consideración cuando existen constancias graves como el estado psiquiátrico de la madre de las hijas, las cuales pueden ser manipuladas por ella misma. Manifiesta que es incongruente que la tercera interesada tenga la guarda y custodia de las menores de edad cuando anteriormente cometió el delito de robo, lo que se puede advertir de las constancias que sin embargo no han sido enviadas al Juzgado Cuadragésimo Noveno Penal de la Ciudad de México, que sustituyó al Juzgado Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de Médico, éste último, ante quien se llevó la causal penal en contra de la madre de sus hijas. Aduce que es incorrecto el desahogo de la audiencia toda vez que la responsable llevó a cabo la entrevista con las menores de edad, sin presencia de un psicólogo o asistente del menor; aunado al hecho de que la sala familiar no realizó las diligencias necesarias como girar los oficios a las autoridades correspondientes a fin de que acudieran al desahogo de la audiencia respectiva. CUESTIÓN A RESOLVER La síntesis realizada permite advertir que el solicitante del amparo aduce la transgresión al interés superior del niño a sus menores hijas de edad, por lo que en esta sentencia se deberá analizar si el acto reclamado atenta contra dicho derecho fundamental. En el presente asunto se resolverá si fue correcto que la sala responsable, en la resolución reclamada de tres de agosto de dos mil veintiuno, haya confirmado el auto dictado en la audiencia de veinte de abril del citado año, emitido por el Juez Décimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, en el que, entre otras cuestiones decretó la guarda y custodia provisional a favor de la tercera interesada *************************, de sus menores hijas de edad. ESTUDIO Ahora, en el caso, es necesario citar los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan cualquier actuación de las autoridades y que disponen: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)". El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos fundamentales de seguridad jurídica, dentro de los que se encuentran inmersos los de audiencia, el de juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho de que se trate. En relación con el derecho de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el punto medular de este derecho se encuentra en las formalidades esenciales del procedimiento tal como se desprende de la tesis de Jurisprudencia número P./J. 47/95 del Pleno, publicada en el tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, página ciento treinta y tres, cuyo texto es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." En términos de la jurisprudencia transcrita, los requisitos de la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, la posibilidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, constituyen en sí mismos, parte del derecho de audiencia y no se pueden dar uno aislado del otro porque son los elementos esenciales que conforman el marco de actuación de las autoridades, motivo por el cual, cuando cualquiera de ellos se ve afectado o se omite, se transgrede el derecho fundamental de audiencia tutelado por la Constitución. Por ello, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal GILBERTO PUENTE ORTIZ suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa. Por otra parte, el artículo 16 constitucional contiene, esencialmente, el reconocimiento del derecho fundamental a la Seguridad Jurídica. Al respecto, se puede considerar que la seguridad jurídica se expresa en mandatos formales dirigidos fundamentalmente a la actuación del Estado y de los órganos que lo integran, que implican la sujeción de éstos a determinadas reglas, con el fin de preservar la libertad de los ciudadanos. Es importante destacar conforme a lo apuntado, que el principio de seguridad jurídica se da principalmente en dos dimensiones: a) En la que tiene que ver con la previsibilidad de nuestra conducta respecto a las consecuencias jurídicas que produce; esto es, por una parte la seguridad jurídica nos garantiza el derecho que tenemos de conocer previamente la consecuencia jurídica que tendrá nuestra actuación a fin de asumirla, partiendo de la premisa del establecimiento claro e inequívoco de esa consecuencia en la propia ley. b) En la referida al funcionamiento de los poderes públicos; en este aspecto, la seguridad jurídica permite la exigencia del cumplimiento generalizado de las reglas establecidas, tanto en la función de los propios órganos estatales, como en las relaciones que tiene con los particulares, a fin de que se respeten y se hagan valer, traducido en un principio general de legalidad. El principio de legalidad general constituye un mandamiento supremo para que toda autoridad, al emitir los actos que trasciendan a la esfera jurídica de las personas, los funde y motive. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma reiterada que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general, es decir, que se cite la ley que prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad. En cambio, la motivación debe entenderse en el sentido de exponer las razones de hecho que actualizan la hipótesis normativa; de tal suerte que la motivación implica que se citen las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente. Entonces, para que una autoridad cumpla con el principio de legalidad a que se refiere el artículo 16 constitucional precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1. Que se exprese por escrito; 2. Que se trate de una autoridad competente; y, 3. Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo anterior, con la finalidad de que el afectado pueda conocer con precisión de que autoridad proviene, así como el contenido y las consecuencias; que esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de las atribuciones conferidas por las normas la facultad de emitirlo, en el que se expresen los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, así como de las razones por las cuáles considera que los hechos encuadran en ese supuesto. Es aplicable también al respecto, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 36 del tomo tercera parte, XLVIII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Por otra parte, es preciso traer a cuenta la doctrina que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido en torno al INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. A) Doctrina en relación con el interés superior del menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior del menor, es un principio de rango constitucional, que obliga a las autoridades del Estado, a los ascendientes, tutores y custodios, e incluso a toda la sociedad a vigilar, preservar y exigir que cualquier decisión que se tome en torno a un menor, sea acorde a lo que más le convenga, propiciando de esa manera no sólo el respeto a su dignidad, sino además el ejercicio pleno de sus derechos. En efecto, desde la reforma realizada al artículo de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once asumió la obligación de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, comprometiéndose a realizar lo que resultase necesario para tal efecto. En relación con esa reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que su propósito se sustentó en el hecho de que al reconocer que se trata de un grupo vulnerable, es necesario hacer respetar su dignidad, dándole una protección legal reforzada, a fin de asegurarle el pleno ejercicio de sus derechos, incluidos los reconocidos a nivel internacional, a fin de que pueda desarrollarse plenamente en todos los ámbitos posibles. De ese modo, al reconocer que el interés superior del menor tiene sustento en la propia dignidad de niñez, el legislador buscó ampliar, profundizar y fortalecer las garantías constitucionales de los niños, así como reconocer los ideales que en materia de los derechos de los niños han sido reconocidos a nivel internacional, para de esta forma cristalizar la obligación asumida por el Estado mexicano al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se comprometió a dar prioridad a los derechos del menor, a fin de asegurar que tales derechos no fueran atropellados. Incluso, reconoce y extiende la obligación a los ascendientes, tutores y custodios, pues lo que antes era un deber de preservar tales derechos, ahora se convierte en una obligación que no sólo los conmina a preservarlos, sino a exigir el cumplimiento de los derechos y principios reconocidos en favor de la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Partiendo de dichas consideraciones, es evidente que el interés superior de la niñez es un principio de rango constitucional, respecto del cual, las autoridades -entre otras las jurisdiccionales están obligadas a velar y cumplir, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional, entre ellos, los contenidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, párrafo 1; obligación que se robustece si se tiene en consideración que el artículo 1 constitucional, actualmente establece que en Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. El criterio anterior, se encuentra recogido en la jurisprudencia 1a./J. 18/20149 y en las tesis aisladas XLVII/2011, 10 de rubros: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL" e "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL", respectivamente. Las consideraciones apuntadas, ponen de manifiesto que para resolver cualquier controversia en la que se ve involucrado un menor de edad, el juzgador en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, debe tomar conciencia de que el menor, debido a su falta de madurez, es un ser vulnerable que requiere de una protección legal reforzada, a fin de hacer que alcance su mayor y mejor desarrollo a través del respeto de sus derechos; y por ende, de su dignidad, ya que ésta es la base de ellos. Establecido lo anterior, este juzgado de Distrito, declara infundados los conceptos de violación del quejoso, en razón que la resolución de la sala responsable no vulnera el interés superior de las menores de edad, en atención a las siguientes consideraciones. De autos se advierte que a las diez horas del veinte de abril de dos mil veintiuno, el juez natural tuvo verificativo la diligencia de plática con las hijas menores de edad de las partes. El juez familiar realizó la plática de forma privada con las menores W. Z., F. M. y A. M., de apellidos A. C., de conformidad con el artículo 417 del código civil, se llevaría sin asistente de menores, en interés superior del niño, al ser factible una comunicación libre y espontánea con las niñas. Siguiendo los parámetros del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten niñas, niños y adolescentes, las que en síntesis manifestaron su deseo de vivir con su mamá y no con su papá, como a continuación se advierte: "(.) PLATICA CON EL ADOLESCENTE HIJO DE LAS PARTES Señalan en específico W. Z. A. C., que tiene diecisiete años, que les angustia lo que puede pasar con ellas, que viven con su mamá que solo las niñas F. M. A. C. y A. M. A. C. con su papa, W. Z. A. C. señaló que ella no convive con su papá porque un día le grito y le digo que no era su hija, que antes si había buena relación su papá iba por ellas salían y las regresaba a su casa, su mamá le dijo a su papá que le avisara cuando salieran y fueran verlas, porque ella es su tutora, que su mamá le dijo que salieran a saludar a su papá, pero que le dijeran a su papá que tenía que avisarle a su mamá, cuando fuera, su papá se enojó y entonces él le grito en la calle que no era su hija, que ella no lo sintió mucho porque siempre ha estado con su mamá, que su mamá dijo que eso se lo iban a decir juntas, que no sabe porque lo hizo así y paso un año que no fue su papá, que quiere seguir viviendo con su mamá y no quiere ver a su papá, que si lleva sus apellidos. Que su papá regreso en noviembre del año pasado aproximadamente a convivir por las convivencias que se decretaron, que ella no convivió con su papá las vacaciones porque no quiso. A. M. A. C. ella manifiesta que vivió con su mama y se siente bien con ella, que no quiere ver a su papá, que la dejó de ver un año y después regresó y no se siente bien, viendo a su papá, cuando estaba en casa de su papá casi no lo veía porque trabajaba. F. M. A. C. que se siente bien viviendo con su mamá, que quiere seguir viviendo con ella, que ya no quiere convivir con su papá, que antes si lo veía pero se fue un año y ya no se siente bien, que durante todo el tiempo nunca convivieron con su papá, él siempre se iba a trabajar y no lo veían mucho, no convivían mucho y siempre se acostumbraron a no verlo, por eso ahora no quiere verlo, no quiere quedarse a dormir con su papá, que no le gusta ir a su casa, que siempre fue serio, que su papá trabaja los fines de semana, que las regresa a su casa el fin de semana, en la casa de su papá, esta él y su novia, que en las vacaciones les toco irse con su papá y no le gustaron, no las disfrutaron, su papá las llevo al parque, que trabajaba de las nueve de la mañana a ocho de la noche y no convivió mucho con él, que ella ya le dijo a su papá que no quiere convivir y su papá le dijo que ella tenía que convivir con él y que se enoja cuando le dice, que antes ellas vivían en Veracruz y las iba a visitar cada quince días, llegaba el sábado y se regresaba el domingo. Que casi nunca convivían con él. Que la última vez que vio a su papá, las regañó porque apareció una pulsera de su novia en sus maletas, su novia le dijo a su papá que le faltaban unas cosas y este busco en sus maletas y su papá se enojó muchísimo y por eso no quiere ir con su papá. A continuación, se sostuvo una plática con las partes para efecto de exhortarlos a resolver la problemática que tienen en el presente juicio y se les propuso alternativas de solución, quienes manifestaron que por el momento no es posibles (.)" Realizadas las manifestaciones, la agente del Ministerio Público de la adscripción de ese juzgado familiar, solicitó que fueran tomadas en consideración sus manifestaciones dada la edad y madurez psicológica de las menores; asimismo, solicitó se decretará la guarda y custodia a favor de su madre; se continuara con el régimen de visitas y convivencias previamente establecido con el padre; aunado a que se practiquen los estudios clínicos psicológicas correspondientes a las partes y a las menores de edad y llevar terapia psicológica para una mejor integridad física y psicológica. Por lo que el juez de origen tomando en consideración las manifestaciones del agente del Ministerio Público, así como la plática con las niñas, determinó conceder la guardia y custodia de manera provisional de las menores a cargo de ************************. Asimismo, señaló que a fin de tener mayores elementos para resolver el asunto de fondo, ordenó girar oficio a la Dirección de Evaluación Psicológica y Apoyo Judicial del Tribunal de la Ciudad de México, a fin de practicar a las partes y sus hijas estudios psicológicos y rasgos de su personalidad, a fin de determinar si han sufrido algún tipo de violencia familiar previsto en el artículo 323 Quater del código civil, en su carácter de receptor o generador de la misma y determinar quién es el más adecuado para la guarda y custodia En contra de la anterior determinación, el demandado, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, el cual quedó registrado con el toca 751/2021; y seguida la secuela procesal, el tres de agosto de dos mil veintiuno, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dictó resolución interlocutoria en la que confirmó el auto de veinte de abril del citado año, bajo las siguientes consideraciones: ? Declaró fundados los argumentos del aquí quejoso, toda vez que de las constancias se advierte que el juez familiar al otorgar la guarda y custodia no tomó en consideración las constancias emitidas por el *****************************, en las que se certificó que la tercera interesada padecía depresión grave y había tenido intentos de suicido. ? Sin embargo no era procedente la revocación y modificación del proveído apelado, en los términos solicitados, toda vez que si bien en el escrito de contestación a la demanda, el quejoso manifestó que la contraparte padecía depresión grave con intentos suicidas, al no tomarse su medicamente de la enfermedad que padecía de diabetes y por inyectarse un medicamento el cual no era recetado por ningún médico, poniendo en riesgo su vida, por lo que solicitó se expidieran diversos oficios a *************************, para que informaran lo conducente. ? Del estudio y análisis realizado por la autoridad responsable en las constancias arriba citadas, resolvió que los elementos que versan sobre las impresiones diagnosticas son percepciones del médico entrevistador, las cuales no corresponden con exactitud al padecimiento en concreto y definido de la persona, por lo que no acreditaban que la aquí tercero interesada no era apta para la guarda y custodia o constituía un riesgo su compañía con sus hijas menores de edad; pues en el juicio de origen tampoco se demostró que hayan sufrido violencia familiar. ? Que en relación al argumento de que la señora *******************************, había sido condenada por el delito de robo, la responsable determinó que no podía ser valorado toda vez que no existían constancias que acreditaran tal situación; al ser únicamente apreciaciones subjetivas, al no especificar el motivo por el cual causaba daño o perjuicio a las menores la conducta que se le atribuye a la progenitora, conducta que se realizó cuando la menor A. M. A.C. aún no había nacido y F. M. A. C. tenía menos de un año de edad aproximadamente; cuestión que en definitiva no les causaba perjuicio. ? Que de la plática realizada a las tres menores de edad, manifestaron que era su deseo vivir con su progenitora y no con su padre, aunado a las manifestaciones que también realizó la Agente del Ministerio Público, las cuales consistían en tomar en consideración lo dicho por las hijas y decretar la guarda y custodia a favor de la madre de las niñas. ? La responsable observo del auto reclamado que el juzgador determinó que a fin de tener más elementos para decretar la guarda y custodia definitiva, ordenó se realizaran estudios y terapias psicológicas a las partes (padres e hijas), ordenando girar oficio a la Dirección de Evaluación Psicológica del Tribunal de la Ciudad de México. ? La Sala familiar, señala que la determinación combatida es meramente provisional, la cual puede ser modificada al momento de dictarse sentencia definitiva, de conformidad con el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. ? Por último, la responsable declaró infundado el agravio del recurrente en el que manifiesta que le causa agravio el hecho de que la platica con las menores de edad se haya llevado sin la intervención o presencia de un psicólogo o asistente del menor; toda vez que fue correcto que el juez familiar determinó se podía establecer la comunicación con las tres menores de edad de forma libre y espontanea, de conformidad con lo establecido en los artículos 417 y 417 bis del código civil; aunado a que el operador jurídico se encuentra facultado para determinar lo conducente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 941 bis del Código de Procedimientos Civiles de la ahora Ciudad de México; por lo que tal cuestión no causaba perjuicio. Explicado lo anterior, este Juzgado de Distrito, declara infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, relativos a que la responsable determinó inobservar las constancias médicas y psiquiátricas que obran en el expediente de origen, en materia de psiquiatría y psicología realizadas a la tercera interesada, por el ***************************************, de las que se desprendía que no es apta para la guarda y custodia de sus hijas menores de edad, al padecer depresión grave y haber realizado intentos suicidas. Este órgano de control de la constitucionalidad, advierte que la autoridad responsable al dictar el acto reclamado, declaró fundado su agravio del recurrente, aquí quejoso, consistente en que el juez de origen omitió pronunciarse respecto de las documentales que exhibió; sin embargo, tomó jurisdicción para su estudio y análisis, en la que determinó que únicamente eran percepciones del entrevistador, por lo que no podían considerarse que correspondían con exactitud al padecimiento en concreto y definido de la persona. Asimismo, determinó que no existían indicios de que las menores de edad hayan sufrido algún tipo de violencia familiar. Asimismo, se advierte que en relación a la documental emitida por el ****************************, señaló que no se contaba con expediente clínico de la madre de las hijas y únicamente había una valoración de nueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que se decía que la persona tenía un trastorno depresivo recurrente con intentos suicidas; por lo que se presume, no puede ser tomada en consideración, al ser únicamente una valoración, es decir, no hay un diagnostico emitido por un profesional en la materia que efectivamente, derivado de un estudio, haya determinado que la persona padecía dicho trastorno. Aunado al hecho de que tanto el juez familiar como la sala, determinaron girar oficio a la Dirección de Evaluación Psicológica del Tribunal de la Ciudad de México, para que se les realizaran estudios y terapias psicológicas a las partes (padres e hijas) y en sentencia definitiva con pruebas contundentes e idóneas determinar quién era la persona más pertinente para ejercer la guarda y custodia de forma definitiva de sus hijas menores de edad. A juicio de este órgano jurisdiccional, es correcto el estudio que la responsable realizó en relación a las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, toda vez que el interés superior de los menores, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia de menores de edad; en razón de que el juez habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física; lo que aconteció a criterio de este juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2014 (10a.)10, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. El interés superior de los menores, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de 10 Jurisprudencia 1a./J. 23/2014 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, Décima Época, con Registro digital 2006226, emitida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 450. su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación; la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto." Asimismo, es infundado su concepto de violación en el que aduce que la madre de sus hijas cometió el delito de robo, toda vez que como él mismo quejoso lo manifestó, la autoridad responsable no contaba con las constancias emitidas por el Juzgado Cuadragésimo Noveno Penal de la Ciudad de México, que sustituyó al Juzgado Vigésimo Cuarto Penal de la Ciudad de Médico, éste último, ante quien se llevó supuestamente la causa penal en contra de la aquí tercera interesada. Aunado al hecho de que la responsable correctamente determinó que el aquí quejoso no especifico los motivos por los cuales causaba daño o perjuicio a las hijas menores la conducta que se le atribuye a la progenitora, conducta que se realizó cuando la menor A. M. A.C. aún no había nacido y F. M. A. C. tenía menos de un año de edad aproximadamente. Por otra parte, en relación a sus manifestaciones relativas a que es incorrecto el desahogo de la audiencia toda vez que la responsable llevó a cabo la entrevista con las menores de edad, sin presencia de un psicólogo o asistente del menor, son infundados toda vez que como bien lo determinó la responsable, el juez familiar podía establecer la comunicación con las tres menores de edad de forma libre y espontánea, de conformidad con lo establecido en los artículos 417 y 417 bis del código civil; aunado a que el operador jurídico se encuentra facultado para determinar lo conducente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 941 bis del Código de Procedimientos Civiles de la ahora Ciudad de México; por lo que tal cuestión no causaba perjuicio. "ARTÍCULO 417.- En caso de desacuerdo sobre las convivencias o cambio de guarda y custodia, en la controversia o en el incidente respectivo deberá oírse a los menores. A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de su edad, deberá ser asistido en la misma por el asistente de menores que para tal efecto designe el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. En caso de que a la audiencia no se presentare el asistente de los menores, atendiendo al interés superior de estos, será potestativo para el Juez celebrar o no la audiencia una vez que verifique si es ***************************factible la comunicación libre y espontánea con el menor." "Artículo 417 Bis. Se entenderá por asistente de menores al profesional en psicología, trabajo social o pedagogía exclusivamente, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal u otra institución avalada por éste, que asista al menor, sólo para efecto de facilitar su comunicación libre y espontánea y darle protección psicológica y emocional en las sesiones donde éste sea oído por el juez en privado, sin la presencia de los progenitores, y sin que ello implique su intervención en la audiencia. Dicho asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo obligatorio para el progenitor que tenga la guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a los requerimientos del asistente del menor." "Artículo 941.- El Juez de lo familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros (.)" Los citados preceptos señalan que el juzgador se encuentra facultado para intervenir de oficio en los asuntos familiares, especialmente tratándose de menores de edad, asimismo, prevén que cuando por alguna circunstancia a la audiencia no se presente el asistente del menor, esta podrá llevarse a cabo siempre que se pueda desarrollar con comunicación libre y espontánea. Toda vez que los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 31/2014 (10a.)11, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada 11 Jurisprudencia 1a./J. 31/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital 2006227, emitida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 451. en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Asimismo, también es infundado su concepto del quejoso en relación a que era incorrecto que la responsable para decretar la guarda y custodia haya tomado en consideración las manifestaciones realizadas por las niñas menores de edad; toda vez que los niños tienen el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten; de manera que es necesario que su opinión sea escuchada libremente a fin de que el juzgador tenga bases para determinar si la convivencia del niño o niña con determinada persona puede lesionar su interés superior. El derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos que afecten su esfera jurídica, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no es irrestricto, pues el juzgador de manera fundada y motivada puede determinar una excepción a su ejercicio; por lo que su opinión debe expresarse en una diligencia desarrollada a manera de entrevista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 68/2022 (11a.)12,de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. DEBE EJERCERSE DE MANERA DIRECTA ANTE EL JUZGADOR, POR LO QUE NO PUEDE CONSIDERARSE SATISFECHO CUANDO OCURRA DE FORMA INDIRECTA. Hechos: Un señor demandó por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad, entre otras prestaciones, su guarda y custodia; por su parte, la madre reconvino la misma prestación. El Juez de primera instancia declaró que el actor principal no probó los elementos constitutivos de su acción, y la demandada principal y actora reconvencional sí probó sus excepciones, así como los elementos constitutivos de su acción reconvencional; por tanto, concedió a ésta la guarda y custodia definitiva de la menor de edad; inconforme el actor 12 Jurisprudencia 1a./J. 68/2022 (11a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con registro digital 2024783, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. principal interpuso recurso de apelación y el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia recurrida; determinación que fue señalada como acto reclamado en el amparo directo promovido por el padre de la menor de edad, por derecho propio y en representación de la misma; juicio en el cual le fue negada la protección constitucional. Resolución que fue impugnada en revisión, aduciendo esencialmente que no fue respetado el derecho de la menor de edad a ser escuchada y que indebidamente el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que ello había ocurrido de manera indirecta, y quedaba satisfecho a través del reporte que de las convivencias celebradas entre la menor de edad y su madre, presentó la psicóloga encargada de supervisarlas. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos judiciales que afecten su esfera jurídica, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no puede estimarse satisfecho de manera indirecta, específicamente a través de un informe rendido por el profesional en psicología que supervisó las convivencias con alguno de los progenitores, sino que debe ejercerse en forma directa ante el juzgador, pero adoptando los ajustes necesarios y acordes a la edad y madurez del menor de edad. Justificación: El derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procedimientos que afecten su esfera jurídica, consagrado en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, no es irrestricto, pues el juzgador de manera fundada y motivada puede determinar una excepción a su ejercicio. Sin embargo, para satisfacer esa prerrogativa deben atenderse los parámetros y lineamientos que en aras del respeto de su interés superior ha establecido esta Suprema Corte en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, conforme al cual los menores de edad deben ser informados sobre su participación, externar su voluntad de hacerlo, encontrarse asistidos por un especialista en temas de infancia, así como por un representante que no constituya un conflicto de intereses, e incluso por una persona de su confianza. Además, su opinión debe expresarse en una diligencia desarrollada a manera de entrevista, en la que se utilice material de apoyo que facilite su expresión, tomando en cuenta la existencia de formas verbales y no verbales de comunicación; debiendo registrarse la entrevista por algún medio, a fin de que puedan acceder a ella los tribunales de apelación y de amparo, con el objeto de evitar la revictimización de los infantes. Lo anterior, en el entendido de que el juzgador además de ordenar el respeto a ese derecho de la forma indicada, se encuentra en aptitud de desahogar, de oficio, los medios de convicción que estime pertinentes a efecto de contar con elementos suficientes que le permitan emitir una determinación que procure el menor riesgo para el menor de edad. Así como la tesis II.3o.C.55 C13, de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto siguiente: "MENORES, TESTIMONIO DE LOS, EN LOS JUICIOS DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR. SU RECEPCIÓN Y DESAHOGO NO ESTÁN SUJETOS A LAS FORMALIDADES QUE RIGEN LA PRUEBA TESTIMONIAL, PORQUE SE TRATA DE UN ELEMENTO DE CONVICCIÓN QUE DEBE SER APRECIADO LIBREMENTE PARA DECIDIR CON BASE EN EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. En los juicios de controversia del orden familiar en los que interviene un niño o niña no es prudente someterlo a responder un interrogatorio de prueba testimonial con las formalidades estrictas que dicha prueba requiere, pues precisamente por su corta edad, no está en condiciones de expresar sus conocimientos en relación con las cuestiones debatidas, atendiendo al principio contenido en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño que establece que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten; de manera que es necesario que su opinión sea escuchada libremente a fin de que el juzgador tenga bases para determinar si la convivencia del niño o niña con determinada persona puede lesionar su interés superior; de ahí que será el prudente arbitrio del director del 13 Tesis II.3o.C.55 C, de Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 183787, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 1153. **************************************************************************** proceso el que sirva de guía para establecer el mecanismo del interrogatorio y su contenido, para lograr que se cumpla cabalmente y de modo objetivo con la tutela especial del infante y el compromiso de dirimir la contienda relativa bajo el principio rector del interés superior del niño, pues las partes deben sujetar sus propios derechos procesales a la observancia de este alto principio, máxime que éste cobra mayor relevancia en el sentido de que no sería deseable someter al infante a una estructura formal o rígida de un interrogatorio que pudiera ocasionarle perturbación." En conclusión, son infundados los conceptos de violación de la parte quejosa, toda vez que contrario a lo manifestado es correcto que la autoridad responsable en la resolución reclamada haya confirmado el auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, al resultar sus agravios del recurso de apelación insuficientes para modificar y confirmar el auto recurrido. IX. DECISIÓN Al resultar infundados sus conceptos de violación y no advertirse violación a los derechos fundamentales, ni motivo para suplir la deficiencia de la queja, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 74, 75 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************************************, por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra, por los motivos precisados en el considerando VIII de esta sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso, por lista a la tercera interesada y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Se celebra audiencia constitucional

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