Luis Martin Alonzo Morales
Expediente 194/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Martin Alonzo Morales
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Es importante precisar que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias respectivas, los artículos 27, fracción XI y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, así como sus efectos, consecuencias y ejecución. Al estimarse fundados los conceptos de violación expuestos, en sentencia firmada el dieciséis de junio de dos mil catorce, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en su único resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Para el efecto de que no se aplicara al quejoso lo previsto en el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se le permitiera la deducción en su totalidad de los conceptos que en el mismo se contenían, no obstante que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, o previsión social. En contra de dicha determinación el Presidente de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. En sesión de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida y por una parte negó el amparo y la protección al quejoso, contra el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil catorce, y por la otra concedió el amparo y protección al quejoso, únicamente contra el artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, para los efectos precisados en el último considerando de esa ejecutoria. En fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a la Administración Central de Amparos e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, cumpliera con la ejecutoria de mérito. En el entendido que las diversas autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México, no tenían que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público de carácter general e impersonal. Seguidamente, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos dos oficios signados por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, uno firmado por sí, y el otro en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Comunicando en el primero de estos que no era la autoridad competente para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este asunto; y en el segundo, que firma en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de observar lo previsto en el artículo 27 fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil catorce, para que no se le aplique en lo presente y futuro mientras esté vigente. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que éstos consistían en que no se aplicara al quejoso lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hacía al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social; lo que así quedó debidamente acreditado en autos. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE once de septiembre de dos mil diecisiete, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Es importante precisar que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias respectivas, los artículos 27, fracción XI y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, así como sus efectos, consecuencias y ejecución. Al estimarse fundados los conceptos de violación expuestos, en sentencia firmada el dieciséis de junio de dos mil catorce, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en su único resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Para el efecto de que no se aplicara al quejoso lo previsto en el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se le permitiera la deducción en su totalidad de los conceptos que en el mismo se contenían, no obstante que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, o previsión social. En contra de dicha determinación el Presidente de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. En sesión de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida y por una parte negó el amparo y la protección al quejoso, contra el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil catorce, y por la otra concedió el amparo y protección al quejoso, únicamente contra el artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, para los efectos precisados en el último considerando de esa ejecutoria. En fecha catorce de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a la Administración Central de Amparos e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, cumpliera con la ejecutoria de mérito. En el entendido que las diversas autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México, no tenían que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la ley reclamada, la cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público de carácter general e impersonal. Seguidamente, por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos dos oficios signados por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, uno firmado por sí, y el otro en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. Comunicando en el primero de estos que no era la autoridad competente para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este asunto; y en el segundo, que firma en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, la obligación de observar lo previsto en el artículo 27 fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del uno de enero de dos mil catorce, para que no se le aplique en lo presente y futuro mientras esté vigente. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que éstos consistían en que no se aplicara al quejoso lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hacía al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social; lo que así quedó debidamente acreditado en autos. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios de cuenta, que el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de catorce de julio del en curso. En el oficio con número de registro 14398, manifiesta que no es la autoridad competente para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este asunto. Sin embargo, el último de los oficios, que firma en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, lo remite en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Se apercibe al quejoso que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase. se notifica a la parte quejosa de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, los oficios de cuenta, que el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, remite en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de catorce de julio del en curso. En el oficio con número de registro 14398, manifiesta que no es la autoridad competente para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en este asunto. Sin embargo, el último de los oficios, que firma en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, lo remite en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Se apercibe al quejoso que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase.
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