Luis Mario Vázquez Domínguez

Expediente 600/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
600/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Luis Mario Vázquez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la que se dictó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, promovido por ***. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes ni tomos que devolver, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Visto, el oficio signado por el Presidente y Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, adjuntando copias certificadas del acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los autos del juicio laboral J/O/78/2019, de su índice. Al efecto se acuerda: Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable las cuales merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se evidenciará a continuación: El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del juicio laboral J/O/78/2019. Por su parte, con las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que con data diez de mayo de dos mil diecinueve, emitió auto en el cual señaló las catorce horas del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral J/O/78/2019; es evidente entonces, que dichos elementos de prueba ponen de manifiesto que el acto reclamado en el presente juicio ha dejado de surtir sus efectos. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 77, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, conforme a lo dispuesto en la fracción V, del numeral 63, de la misma ley invocada. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con quince minutos del doce de junio de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 600/2019-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO Del análisis de la demanda de amparo se advierte que se reclama: La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del juicio laboral J/O/78/2019. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión relativo, por no haberlo solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dése la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117, de la ley normativa del juicio de garantías, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibida que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se le impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1, de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Por otro lado, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener como tercero interesado al *** y/o quien o quienes resulten responsables de la fuente de trabajo, toda vez que de la lectura que se hace al escrito de demanda se advierte que dicha persona no ha sido emplazada al juicio de origen y por ende no se ha constituido la relación procesal en el mismo. Por el contenido jurídico que la orienta apoya a la anterior la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. PRUEBAS Del escrito de demanda, no se advierte probanza alguna. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en los términos que indica a las personas que señala en el mismo, por tanto, no es necesario que las cédulas estén insertas en el Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que se trata de la parte trabajadora. De igual forma, como lo solicita el promovente, se autoriza el uso de los medios electrónicos que menciona para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la tesis, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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