Luis Mario Espinoza González

Expediente 579/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
579/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Luis Mario Espinoza González

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio STCCNO/250/2018 de dos de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que en sesión celebrada en dicha fecha, entre otras cuestiones, cesaron los efectos del punto de acuerdo C. CAR 11/2018-111 y, en consecuencia, se determinó que el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio y apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, pronuncie las sentencias definitivas dentro de los juicios de amparo de la estadística de este órgano jurisdiccional, los cuales le serán remitidos de manera mensual. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y de conformidad con el "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares", el presente asunto fue seleccionado para ser remitido al órgano jurisdiccional auxiliar referido, cuyo titular es el licenciado José Dekar de Jesús Arreola; por tanto, con fundamento en la fracción I del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, remítase a dicho juzgado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Cuarto Circuito, el expediente en que se actúa, así como sus anexos (en caso de que obren por separado), para que proceda a dictar la sentencia correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito signado por ******, en su carácter de autorizado del quejoso ****************, a través del cual, en atención al requerimiento efectuado al directo agraviado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, informa que desconoce la ubicación del mismo, debido a que desde hace cinco meses dejó de ser su abogado por falta de pago, motivo por el cual, solicita se le tenga renunciando al nombramiento con el que se ostenta; en consecuencia, por los motivos que expone, téngasele renunciando a dicho cargo. Por otra parte, toda vez que el domicilio procesal señalado en autos por el agraviado mediante escrito recibido el once de octubre de dos ml diecisiete (foja 116 del tomo IV), es el mismo lugar en el que presta sus servicios profesionales el promovente, se le tiene por revocada dicha residencia para tales efectos al solicitante del amparo. En este orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo vigente, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y con la finalidad de no retardar la secuela de este juicio, practíquese la notificación de referencia al quejoso, así como las diversa de veintisiete de abril del año en curso, por lista que se publicará en los estrados de este Juzgado Federal, para lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia de que las subsecuentes notificaciones incluso las de carácter personal, se realizarán al quejoso por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal en este ciudad de Tepic, Nayarit.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito y anexo de cuenta, suscrito por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo informa que se ha tomado nota de los considerandos vertidos en ésta; consecuentemente, téngase a la autoridad de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector concedido en el presente sumario; en la inteligencia de que se estará a la espera del cumplimiento total de dicha resolución por parte de las diversas responsables.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de marzo del año que transcurre (foja 93), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa el veintitrés de marzo del año actual (fojas 94 a 96), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintisiete de marzo al tres de abril de dos mil dieciocho, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el uno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 59 a 72), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $** respecto de la cantidad De $**, por concepto de "INSCR. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO"; (fojas 12 y 57), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, B). Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $**, relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número **; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentados por la autoridad responsable (fojas 91 y 92), informó a este Juzgado Federal la forma en que dió cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el ocho de marzo de dos mil dieciocho, por la cantidad de $**, cantidad debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que al monto de $**, se le resta la cuota mínima a pagar de $**, nos da como resultado la cantidad de $**, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de diciembre de dos mil diecisiete y en el mes de marzo de dos mil dieciocho, se efectuó la devolución mediante trasferencia electrónica a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de noviembre del año pasado a febrero del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de noviembre del año pasado (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre del año pasado fue 130.044; y para el mes de febrero de dos mil dieciocho 131.508. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.01125. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $**; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $**. En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $**. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

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