Luis Mario Almaguer Bong
Expediente 1276/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1276/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luis Mario Almaguer Bong
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el dieciséis de agosto del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Luis Mario Almaguer Bong, transcurrió del veintitrés al veintinueve de agosto del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
mesa 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; la constancia suscrita por la Actuaria Judicial de este órgano de control constitucional, de la cual se desprende que no fue posible llevar a cabo la notificación del acuerdo de dieciséis de agosto del presente año, al quejoso Luis Mario Almaguer Bong, en virtud de que éste ya no se encuentra alojado en la Estación Migratoria de esta ciudad. Por lo anterior, se ordena notificar por lista de acuerdos, el auto en comento al referido quejoso, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. ACUERDO. MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que en proveído de cuatro de agosto del año en curso, se previno al quejoso Luis Mario Almaguer Bong, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, aclare el acto que le reclama a las autoridades domiciliadas fuera de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual transcurrió del nueve al quince de agosto de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa hiciera lo propio; asimismo, que mediante notificación personal de cinco del presente mes y año, el quejoso Luis Mario Almaguer Bong, ratificó el escrito de demanda de amparo promovida en su favor, por lo que se provee lo conducente. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: La incomunicación, privación de la libertad y/o detención y/o retención fuera de procedimiento judicial, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza la causa prevista en la fracción X, del artículo 61, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" El artículo antes citado, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Para que tenga actualización la improcedencia referida relativa a la litispendencia, se necesitan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso en la demanda de amparo impugne el mismo acto reclamado con anterioridad; b) Contra las mismas autoridades responsables; y c) Que el otro juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. En la especie, la parte promovente en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. Por su parte como actos reclamados expresó los siguientes: "La incomunicación, privación de la libertad y/o detención y/o retención fuera de procedimiento judicial, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional." Ahora bien, constituye un hecho notorio para este Juzgador el juicio de amparo 1252/2022-4, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Osmar Constantino Denis Morales, en favor de Luis Mario Almaguer Bong; del cual se advierte lo siguiente: El tres de agosto de dos mil veintidós, Osmar Constantino Denis Morales, en representación de Luis Mario Almaguer Bong, se presentó demanda de amparo recibida en esa propia fecha, que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, en la que reclamó: " a) La Detención y/o Retención y/o Presentación y/o Privación de la libertad. b) Deportación. c) Incomunicación." Y señaló como autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. Mediante acuerdo de tres de los actuales, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y se ordenó al actuario dar fe del estado físico, asimismo para que manifestara si deseaba ratificar el escrito de demanda promovido en su favor por Luis Mario Almaguer Bong, el cual manifestó su deseo de ratificar la demanda instada a su favor. Por lo tanto, téngase a la vista el citado juicio como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por lo anteriormente narrado, esta juzgadora estima que se actualizan lo supuestos expresados con anterioridad, en relación al juicio de amparo 1252/2022-4, del índice de este juzgado. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que ambos juicios de amparo (1252/2022-4 y este 1276/2022-10) se promovieron por la misma parte, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados. Por lo expuesto, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, con apoyo en el ordinal 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Osmar Constantino Denis Morales, en favor de Luis Mario Almaguer Bong. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que en proveído de cuatro de agosto del año en curso, se previno al quejoso Luis Mario Almaguer Bong, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, aclare el acto que le reclama a las autoridades domiciliadas fuera de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual transcurrió del nueve al quince de agosto de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa hiciera lo propio; asimismo, que mediante notificación personal de cinco del presente mes y año, el quejoso Luis Mario Almaguer Bong, ratificó el escrito de demanda de amparo promovida en su favor, por lo que se provee lo conducente. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: La incomunicación, privación de la libertad y/o detención y/o retención fuera de procedimiento judicial, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza la causa prevista en la fracción X, del artículo 61, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" El artículo antes citado, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Para que tenga actualización la improcedencia referida relativa a la litispendencia, se necesitan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso en la demanda de amparo impugne el mismo acto reclamado con anterioridad; b) Contra las mismas autoridades responsables; y c) Que el otro juicio de amparo se encuentre pendiente de resolución. En la especie, la parte promovente en su escrito de demanda señaló como autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. Por su parte como actos reclamados expresó los siguientes: "La incomunicación, privación de la libertad y/o detención y/o retención fuera de procedimiento judicial, y cualquier otro que ponga en peligro la vida o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional." Ahora bien, constituye un hecho notorio para este Juzgador el juicio de amparo 1252/2022-4, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Osmar Constantino Denis Morales, en favor de Luis Mario Almaguer Bong; del cual se advierte lo siguiente: El tres de agosto de dos mil veintidós, Osmar Constantino Denis Morales, en representación de Luis Mario Almaguer Bong, se presentó demanda de amparo recibida en esa propia fecha, que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, en la que reclamó: " a) La Detención y/o Retención y/o Presentación y/o Privación de la libertad. b) Deportación. c) Incomunicación." Y señaló como autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. Mediante acuerdo de tres de los actuales, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y se ordenó al actuario dar fe del estado físico, asimismo para que manifestara si deseaba ratificar el escrito de demanda promovido en su favor por Luis Mario Almaguer Bong, el cual manifestó su deseo de ratificar la demanda instada a su favor. Por lo tanto, téngase a la vista el citado juicio como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por lo anteriormente narrado, esta juzgadora estima que se actualizan lo supuestos expresados con anterioridad, en relación al juicio de amparo 1252/2022-4, del índice de este juzgado. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que ambos juicios de amparo (1252/2022-4 y este 1276/2022-10) se promovieron por la misma parte, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados. Por lo expuesto, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, con apoyo en el ordinal 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Osmar Constantino Denis Morales, en favor de Luis Mario Almaguer Bong. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos el escrito recepcionados vía sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), signado electrónicamente por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de tres de los actuales, emitido en el recurso de inconformidad 22/2022 de su índice, del que se advierte que admitió a trámite dicho medio de impugnación, promovido por la parte quejosa; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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