Luis Mariano Sánchez Barba

Expediente 679/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
679/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Mariano Sánchez Barba

Actuaciones

  1. Principal

    Se reanudan plazos y términos. Visto el estado de autos, y conforme a las circulares CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021 de ocho, dieciséis y veintitrés de enero, así como seis, trece y veinte de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender los plazos y términos del periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del doce al dieciocho y del diecinueve al veinticinco, todos de enero de dos mil veintiuno, del veintiséis de enero al nueve de febrero, del diez al quince, del dieciséis al veintidós, todos de febrero del año en curso, así como del veintitrés de febrero al uno de marzo de la presente anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero pasado, que establece un breve régimen de transición para los órganos jurisdiccionales ubicados en los Circuitos Judiciales de Guerrero y Guanajuato, consistente en que los días dos y tres de marzo de dos mil veintiuno, será aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I a IV del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. La referida circular SECNO/13/2021 estableció que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia; por tanto, lo procedente es reanudar los plazos y términos en el presente asunto. Se ordena notificación de auto a la parte quejosa. En virtud de lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez notificado el presente proveído, notifique el acuerdo de dieciocho de diciembre del año pasado, en los términos indicados en el mismo, para que las partes tengan conocimiento de dicho proveído.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN CUMPLIMIENTO AL DIVERSO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se reanudan plazos y términos. Visto el estado de autos, y conforme a las circulares CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021 de ocho, dieciséis y veintitrés de enero, así como seis, trece y veinte de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender los plazos y términos del periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del doce al dieciocho y del diecinueve al veinticinco, todos de enero de dos mil veintiuno, del veintiséis de enero al nueve de febrero, del diez al quince, del dieciséis al veintidós, todos de febrero del año en curso, así como del veintitrés de febrero al uno de marzo de la presente anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la circular SECNO/13/2021, de veintisiete de febrero pasado, que establece un breve régimen de transición para los órganos jurisdiccionales ubicados en los Circuitos Judiciales de Guerrero y Guanajuato, consistente en que los días dos y tres de marzo de dos mil veintiuno, será aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I a IV del Acuerdo General 13/2020, periodo durante el cual se suspenden plazos y términos. La referida circular SECNO/13/2021 estableció que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante el Acuerdo General 1/2021, con relación al periodo de vigencia; por tanto, lo procedente es reanudar los plazos y términos en el presente asunto. Se ordena notificación de auto a la parte quejosa. En virtud de lo anterior, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se comisiona al actuario de la adscripción para que una vez notificado el presente proveído, notifique el acuerdo de dieciocho de diciembre del año pasado, en los términos indicados en el mismo, para que las partes tengan conocimiento de dicho proveído. León, Guanajuato; dieciocho de diciembre de dos mil veinte. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado José Antonio Chávez Navarrete, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/3127/2020, de treinta de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa ante el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. León, Guanajuato; veintisiete de noviembre de dos mil veinte. I. Recepción de incompetencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, al cual adjunta la demanda de amparo promovida por Luis Mariano Sánchez Barba, contra actos del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato y otras autoridades, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo y remite el expediente 670/2020-II. Acúsese recibo de estilo. Este juzgado comparte el criterio del Juez Federal declinante, y con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad. II. Parte quejosa. Luis Mariano Sánchez Barba. III. Autoridad responsable. Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad y otras autoridades. IV. Registro. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese bajo el número 679/2020-IV. V. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En la especie, esta juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" La citada porción normativa contempla la improcedencia del juicio constitucional, cuando se promueve contra alguna resolución que haya sido dictada en los juicios de amparo, o bien, en ejecución de un fallo emitido dentro de los mismos. Causal de improcedencia que tiene como objetivo proteger la estabilidad o seguridad jurídica, que no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimiento de éstas, a lo que suma que la cadena de juicios que en tal supuesto pudieran originarse sería interminable, por lo que para evitarlo, la propia ley de la materia ha creado diversos recursos precisamente para impugnar tales resoluciones, tales como el de revisión, queja y el de reclamación, en la inteligencia de que lo que en estos recursos se resuelva será ya inobjetable. Asimismo, conviene acotar que la referida causal no solo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio constitucional, lo cual implica su admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias, mismas que son inatacables mediante la acción constitucional, al igual que las omisiones que sobrevengan en su tramitación, pues las mismas no son autónomas sino vinculadas directamente al trámite del juicio constitucional. Ahora bien, en el caso a estudio el quejoso se duele de la orden contenida en el auto dictado el once de noviembre de dos mil veinte, por la Juez Segundo del Ramo Civil de Partido de esta ciudad, en el juicio número M0065/2010, de restituir a Roberto Padilla Padilla la posesión material del inmueble ubicado en calle Circuito Arrezo número 164, fraccionamiento Real de los Naranjos, lote 15, manzana cluster uno de esta ciudad; respecto del cual, el promovente del amparo aduce ser poseedor, virtud al contrato de arrendamiento que adjunta a su demanda. Luego, del instructivo que contiene el acuerdo combatido allegado por el quejoso, así como de los antecedentes que éste narra bajo protesta de decir verdad, se desprende que dicho auto fue dictado en acatamiento a la suspensión provisional decretada por la Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 633/2020, promovido por Roberto Padilla Padilla. Bajo ese contexto, se estima que se surte la referida causal de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado se emitió con motivo de la tramitación de un juicio de amparo indirecto, en este caso, el 633/2020, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Lo anterior es así, en la medida que el acto aquí reclamado por la parte quejosa fue emitido en cumplimiento a una suspensión provisional decretada en el juicio de amparo 633/2020, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, por lo que la responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados por aquel juzgado, es decir, actuó sin plenitud de jurisdicción, de ahí que resulte incuestionable que la juez de instancia responsable, al emitir la determinación que se reclama, se encontraba vinculada totalmente a acatar los efectos de la medida cautelar concedida en el aludido juicio de amparo; en consecuencia, si dentro de los efectos de la suspensión otorgada se encuentra la restitución de la posesión del inmueble ubicado en calle Circuito Arrezo número 164, fraccionamiento Real de los Naranjos, lote 15, manzana cluster uno de esta ciudad, en favor del quejoso Roberto Padilla Padilla, es incuestionable que la orden de restituir de la posesión reclamada, constituye un acto dictado en acatamiento a una resolución emitida en un juicio de amparo, pues como se precisó en párrafos que anteceden, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no solo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio constitucional, lo cual implica su admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias, tales como el otorgamiento de la suspensión provisional, mismas que son inatacables mediante la acción constitucional, al igual que las omisiones que sobrevengan en su tramitación, pues las mismas no son autónomas sino vinculadas directamente al trámite del juicio constitucional. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), consultable en la página 1391, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, Décima Época, de texto y rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Asimismo, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Sin que el hecho de que el quejoso sea extraño al juicio de origen y se ostente como actual poseedor del inmueble en el que se ordenó la práctica de la diligencia de restitución del bien inmueble torne procedente el juicio de amparo; pues la causal de improcedencia es clara en establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; por lo que se le dejan a salvo sus derechos para que los ejerza en contra de quien le arrendó el inmueble materia de la litis, o bien, se apersone al juicio de amparo 633/2020, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, para hacer valer los recursos que a su interés convenga, en términos del artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del último párrafo del artículo 2° del propio ordenamiento, que proporciona el concepto de interés, como requisito indispensable, tanto para ejercer acciones y contradecirlas, como para hacer valer recursos. Bajo ese contexto, si se parte de la base de que el interés es la relación jurídica entre la situación irregular que se denuncia con la providencia que se pide para subsanar tal irregularidad y se advierte, además, que lo solicitado es el medio idóneo y útil para proporcionar a la esfera jurídica lesionada la protección prevista por el derecho; incuestionable es que de resultar afectados los derechos fundamentales del impetrante derivado de la medida cautelar concedida en el juicio de amparo 633/2020, del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, le asistirá interés para recurrirla; máxime si se toma en cuenta que no tiene a su alcance el juicio de amparo, por impedirlo el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo de actual vigencia, que prevé la improcedencia de ese proceso constitucional contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Apoya lo anterior, por identidad de razón, el criterio sustentado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 7/2018, de texto y rubro: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA AFIANZADORA QUE EXPIDIÓ LA PÓLIZA PARA QUE TUVIERA EFECTIVIDAD DICHA MEDIDA CAUTELAR TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO. Ya sea que se aplique la Ley de Amparo de 1936 o el ordenamiento actual, la afianzadora que expidió la póliza para que tuviera efectividad la suspensión del acto reclamado tiene legitimación para interponer queja contra la resolución que decide el incidente de daños y perjuicios causados con esa medida cautelar, tanto en el caso de que se ostente como persona extraña al procedimiento incidental, como en el que haya actuado como parte en esa incidencia. En los supuestos en que sea aplicable la Ley de Amparo de 1936, el fundamento de la legitimación se encuentra en la parte final del artículo 96, en donde se reconoce esta calidad a quien haya propuesto la fianza o contrafianza; de modo que ante tal expresión de la ley, no hay razón para negar legitimación a la institución de fianzas en cuanto a la interposición de la queja. A igual conclusión se llega en los casos en que sea aplicable solamente la Ley de Amparo de 2 de abril de 2013, porque aun cuando ésta no contiene un precepto similar al artículo 96 de la legislación anterior, el artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del último párrafo del artículo 2° del propio ordenamiento, proporciona el concepto de interés, como requisito indispensable, tanto para ejercer acciones y contradecirlas, como para hacer valer recursos. Si se parte de la base de que el interés es la relación jurídica entre la situación irregular que se denuncia con la providencia que se pide para subsanar tal irregularidad y se advierte, además, que lo solicitado es el medio idóneo y útil para proporcionar a la esfera jurídica lesionada la protección prevista por el derecho, aplicado este concepto a la situación de la afianzadora condenada al pago de las referidas pólizas, se obtiene que le asiste interés para interponer queja contra esa condena, porque ante la ilegalidad atribuida a la resolución recurrida acude al medio idóneo y útil que le proporciona el inciso f) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, para subsanar la infracción aducida. Si se considera que hay interés para interponer la queja y además puede individualizarse en la persona de la institución de fianzas, esto lleva a concluir que también está legitimada para hacer valer el medio de impugnación, al defender un interés propio, pues alguien que fuera completamente ajeno al procedimiento incidental no podría defender el interés individualizado en la afianzadora. Si es patente que la institución de fianzas puede defender ese interés propio a través de la queja si fue parte y tuvo intervención en el procedimiento incidental correspondiente, por mayoría de razón es admisible el recurso, si éste se interpone, sobre la base de que quien lo hace valer es persona extraña a la incidencia, porque a las razones precedentes dadas para apoyar la legitimación se agrega la conculcación al artículo 14 constitucional, tanto por producirse una condena, sin que previamente se le oyera y venciera, como por la inobservancia al principio general de derecho res inter alios acta, conforme al cual, lo decidido en el incidente sólo puede afectar a las partes que intervinieran en él, sin que la decisión pueda alcanzar a una persona extraña. Además, la afianzadora inaudita no tiene a su alcance el juicio de garantías, por impedirlo el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia de ese proceso constitucional contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En esa tesitura, se impone desechar de plano la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. En ese orden de ideas, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis; con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. IV. Domicilio y autorizada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marcela Gutiérrez Zepeda, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. VIII. Notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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