Luis María Godinez Villalobos
Expediente 1302/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis María Godinez Villalobos
Actuaciones
- Principal
MESA V A Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA V A Vista la demanda de amparo presentada por Luz María Godínez Villalobos, contra actos de los Magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales; fórmese expediente y regístrese su ingreso bajo el número 1302/2015 en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que se reclama la resolución de catorce de agosto de dos mil quince, dictada en el incidente de reposición de actuaciones del toca civil 306/2006, que declaró procedente dicha reposición. De los antecedentes de acto reclamado se aprecia que: La Institución de Crédito Banco de Oriente S.A. Grupo financiero Margen Institución de Banca Múltiple, demandó en la vía ejecutiva mercantil a la ahora quejosa Luz María Godinez Villalobos, quedando registrada la demanda bajo el expediente 436/2001, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. Que con motivo de la sentencia emitida en el citado juicio ejecutivo mercantil, la quejosa interpuso el recurso de apelación, motivo por el cual, se remitieron los autos a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, registrándose bajo el toca civil 306/2006. Que con motivo de los movimientos sociales ocurridos en el año dos mil seis, que provocaron el incendio del edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los autos del expediente natural y del toca civil fueron destruidos en su totalidad y antes de que se resolviera la apelación en contra de la sentencia de primera instancia; por ello, la parte actora promovió incidente de reposición de autos dentro del toca 306/2006, el cual se resolvió y motivó el acto del cual se duele la parte quejosa. Ahora bien, contra el acto antes precisado, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, en relación con la fracción VIII, del primer ordenamiento citado: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Del contenido de los dos últimos artículos transcritos, interpretados en sentido contrario, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación y que tienen la característica de actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de catorce de agosto de dos mil quince, dictada en el incidente de reposición de actuaciones del toca civil 306/2006, que declaró procedente dicha reposición. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, este juzgador estima que en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la determinación de la Sala responsable; en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que con la resolución reclamada no se afecta materialmente un derecho sustantivo de la parte quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos. En efecto, el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicha resolución reclamada no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la ley de la materia, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que sólo se declaró procedente la reposición de autos, y en su momento se emitirá una resolución que resuelva el fondo de la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva. Por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga en la apelación resolución favorable a sus intereses, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa, y en caso contrario, podrá reclamar en el amparo directo que contra la sentencia de segunda instancia interponga, la violación procesal que aquí alega, de conformidad además, con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, en relación con la VIII, del primer ordenamiento citado, toda vez que el acto aquí reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa; motivo por el que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo y por autorizadas para tal efecto a las personas que precisa, en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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