Luis Manzo Alarcon

Expediente 1769/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1769/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Manzo Alarcon

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    VI. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****** , contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Metepec, Estado de México y otra autoridad; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1769/2022-VI. En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son: Del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Metepec, Estado de México, el auto de trece de julio de este año dictado en la carpeta de investigación NUC: **** , que recayó a su escrito de once de ese mes, en el que solicitó se pusieran a la vista las constancias médicas, facturas y diversos documentos que obran en ésta, que se tomaron en cuenta para el dictamen de psicodiagnóstico, así como la presentación de los testigos *******, lo que se acordó improcedente, en razón que dichos actos de investigación se consideraron impertinentes por no encontrarse fundados, documentos de los que no se le corrió traslado. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la afectación a su derecho de defensa derivado del citatorio a la audiencia inicial para formulación de imputación si detenido, a las dieciocho horas del diecisiete de noviembre de este año. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del citado ordenamiento, y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto identificado con el número 1. 2. NO EXISTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO (RESPECTO DEL ACTO IDENTICADO CON EL NÚMERO 2). Es improcedente al advertirse que se actualiza de manera notoria y manifiesta, la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Precepto legal que guarda vinculación con el diverso numeral 5º, de la propia Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, así como los diversos 5º y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral (sea de naturaleza jurídica o patrimonial) siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. En el caso, el quejoso aduce que con la citación para la audiencia inicial de formulación de imputación, se le deja en estado de indefensión en razón que no se le corrió traslado con los documentos que obran en la carpeta de investigación, a fin de ofertar medios de prueba para destruir la acusación en su contra; sin embargo, dicho acto, contrario a lo que sostiene el quejoso, no le genera afectación y, por tanto, de ningún modo produce un interés jurídico o legítimo para asistir al juicio de amparo en reclamo de éste. Para arribar a tal conclusión, conviene tener presente que, la citación a la audiencia inicial, no constituye un acto emitido dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que, no puede considerarse como un acto emitido dentro del proceso o juicio penal. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende tres etapas, a decir: La de investigación, que a su vez, se compone de las fases de: investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II-La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III-La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por lo que, en la especie, la etapa que interesa destacar, es la de investigación inicial, que es la que comprende al auto que cita al investigado para celebrar la audiencia inicial, en la cual, se formulará imputación. Así, del contenido de los diversos artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial, con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente, en caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Por su parte, el numeral 141, fracción I, de la aludida codificación, prevé, entre otras, como una forma de conducción al proceso, el citatorio para la audiencia inicial. Ahora, conforme al diverso 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: I Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación. De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención. Se formulará la imputación. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares. Se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese sentido, aun y cuando el acto reclamado consiste en la citación a la audiencia inicial para formulación de imputación, constituye el vínculo para que se lleve a cabo dicha formulación, lo cierto es que dicha citación no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del aquí quejoso, ya que tanto el trámite, como el auto que ordena su citación, no han ocasionado alguna afectación en sus prerrogativas, como es el derecho a la libertad, a su defensa o algún otro Lo anterior es así, pues la facultad que ejerce el juez de control al emitir el citatorio reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al investigado (aquí quejoso), aunque le causa una molestia comparecer ante el juez de control señalado como responsable, en realidad no se le causa un perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se le conculca derecho alguno, pues en todo caso, éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta de investigación determine si resulta procedente o no librar alguna orden, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular, al de la sociedad. Máxime que, en el caso, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no sería posible emitir de manera directa una orden de aprehensión ante la incomparecencia del investigado, pues para ello se requeriría de previa petición del Ministerio Público y de que el juez de control accediera a su emisión; circunstancia que depende de acontecimientos futuros de realización incierta. Así pues, a través del señalado acto no se surte el interés jurídico o legítimo del quejoso para combatir el acto en cuestión por medio del juicio de amparo; de ahí que se concluya en que se debe desechar la demanda al actualizarse la aludida causa de improcedencia, con apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Amparo. ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Rubén Salgado Suárez y Jaime Aarón Vázquez Luz, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral al Katia Iliana Cruz Domínguez, pues no cuenta con registro de su cédula en referido sistema, limitación que subsiste hasta en tanto cuenten con el registro necesario, lo cual se deberá comunicar mediante nueva promoción.

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