Luis Manuel Wong Badillo
Expediente 366/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Manuel Wong Badillo
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto dictado el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (foja 13) en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado... Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido... Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención formulada en proveido de ocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 6 a 11) en el plazo concedido para tal efecto; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento inserto y se tiene no presentada la demanda de amparo.
- Principal
A fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda, REQUIÉRASE a la parte promovente para que en el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, cumpla lo siguiente: I. Narre de manera enunciativa más no limitativa, la totalidad de los antecedentes que le constan y que dieron origen al acto reclamado. II. Precise el domicilio en el que se pretende ejecutar el embargo que reclama. III. Manifieste si es su deseo designar como autoridad responsable ejecutora, al actuario adscrito al Juzgado Primero Menor Civil de León, Guanajuato, a quien corresponda llevar a cabo la diligencia reclamada, esto es, la orden de embargo dentro del juicio de origen. Lo anterior se considera necesario a fin de centrar la litis constitucional y estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de demanda de amparo; máxime que el señalamiento de las autoridades responsables, son un requisito previsto en las fracciones III y V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por similitud de supuesto, la jurisprudencia 1ª./J. 12/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cuatro de abril de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación. "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE RECLAME LA NOTIFICACIÓN O EL EMPLAZAMIENTO PRACTICADO POR EL ACTUARIO Y EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR A ÉSTE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ESCRITO RELATIVO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE ACLARE DICHA OMISIÓN, ANTES DE ACORDAR SOBRE SU ADMISIÓN. Del artículo 116, en relación con los numerales 145 a 147 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que cuando de la lectura integral de la demanda relativa, el juez de distrito advierta que el acto reclamado consiste en la notificación o el emplazamiento practicado por el actuario, y no se le señale como autoridad responsable en el escrito referido, aquél deberá prevenir al quejoso para que -dentro del término de tres días- aclare si desea designarlo como tal, previamente a la admisión de la demanda, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del proceso. Así, una vez que el promovente desahogue la prevención en la que indique si desea o no señalar como autoridad responsable al actuario ejecutor, u omita desahogar dicha prevención dentro del término referido, el juez estará en aptitud de dictar el auto de admisión, con base en la totalidad de los elementos que tenga a su alcance o, en su caso, tener o no como autoridad responsable a dicho funcionario; pero tal prevención deberá realizarse previo a la admisión de la demanda, toda vez que de los artículos 146 y 147 de referencia, no se advierte que el juzgador esté autorizado a que en el propio auto admisorio pueda prevenir para que se subsane una irregularidad como ésta." IV. Exhiba cuatro copias más de su escrito de demanda, pues, únicamente presentó cinco, y son necesarias nueve, para ser distribuidas de la siguiente manera, tres para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, tres para los terceros interesados y dos para los cuadernos incidentales. En el entendido que de señalar a la autoridad indicada en el punto III, deberá anexar la copia correspondiente. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con lo indicado en los números I y IV y, de no acompañar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada su demanda de amparo conforme a lo establecido en el artículo 114 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Asimismo, de no cumplir con lo requerido en el número III, únicamente se tendrá como autoridades responsables a las indicadas en el escrito de cuenta. Se hace saber al promovente de los delitos en los cuales incurre en caso de afirmar hechos falsos u omitir aquellos que le constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]" Lo anterior tiene su razón de ser en que si el quejoso incurre en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito del quejoso es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010.
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