Luis Manuel Vargas Castillo

Expediente 137/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
137/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Luis Manuel Vargas Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se desprende que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el 2° precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución CAUSA EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, y en términos de lo dispuesto por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que el juicio de amparo es susceptible de ser depurado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), del artículo 21, de dicho acuerdo; dado que se concedió la suspensión de plano, por lo que, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del expediente principal, dentro de los treinta días siguientes deberá ser destruido por este órgano jurisdiccional y deberá enviarse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, atendiendo al prudente arbitrio del suscrito juzgador, este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora del Centro Preventivo y de Reinserción Social "licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con el cual en cumplimiento a lo requerido en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, informa que el quejoso, fue excarcelado el dos de septiembre de dos mil veinte, con motivo de la libertad condicional bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo, concedida por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tlalnepantla. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo requerido en el auto en cita, dejando sin efectos el apercibimiento decretado en su contra en el mismo. En consecuencia de lo expuesto por la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista al quejoso, la sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, así como las subsecuentes, inclusive las que sean de carácter personal. "SENTENCIA DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. V I S T O, para resolver el juicio de amparo 137/2020-VIII, promovido por Luis Manuel Vargas Castillo, por propio derecho, contra actos del Subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en su denominación correcta y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. En demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitida a este órgano de control constitucional, el quejoso Luis Manuel Vargas Castillo, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos reclamados al Subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en su denominación correcta y otras autoridades. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y relató bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de los mismos, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Previa aclaración, mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda el cual quedó registrada con el número 137/2020-VIII; se requirió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en esta fecha al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El suscrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la orden de traslado a diverso centro penitenciario, tendría ejecución material en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, territorio en el cual este resolutor ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y en observancia al criterio establecido en la Jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (abril de dos mil), Novena Época, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y de las demás constancias que obran en el expediente, el acto reclamado en el presente juicio de garantías es el siguiente: La orden de traslado a diverso centro preventivo y su ejecución, así como el cambio de dormitorio y celda. Como consecuencia, la cancelación de la visita íntima semanal. En tales condiciones, esos serán los actos que constituyan la materia de análisis de este juicio. En apoyo a lo considerado, por no contravenir lo dispuesto en la nueva ley de la materia, se cita la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX (abril de dos mil cuatro), Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de los actos combatidos. Son inexistentes los actos atribuidos a las autoridades responsables 1. Secretario de Control Penitenciario del Estado de México, 2. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, 3. Director de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, 4. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 5. Directora del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, "Licenciado Juan Fernández Albarrán", 6. Jefe de Vigilancia de los Tres Turnos del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, México, "Licenciado Juan Fernández Albarrán", 7. Jefe de Vigilancia del Primer Turno, 8. Jefe de Vigilancia del Segundo Turno 9. Jefe de Vigilancia del Tercer Turno, todos adscritos al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México, "Licenciado Juan Fernández Albarrán". Consistentes en la orden de traslado a diverso centro preventivo y su ejecución, así como el cambio de dormitorio y celda, pues de esa forma lo refieren dichas responsables al rendir su informe justificado. Informes, que dado su carácter de público por haber sido emitido por autoridad en el ejercicio de sus funciones, merece valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. A esa convicción se arriba, pues en el caso el promovente ninguna prueba allegó con la cual acreditara la certeza de aquellos y desvirtuaran su inexistencia. Por tanto, lo que procede es tener por inexistentes dichos actos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de los actos atribuidos a las citadas autoridades. Al caso se invoca, por identidad de razón, la jurisprudencia identificada con el número 284, sustentada por una anterior integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo II (septiembre dos mil once), Sexta Época, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto reclamado consistente en la cancelación de la visita íntima semanal, ya que no la reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la ejecución de la orden de traslado a un diverso centro penitenciario. En las relatadas condiciones, atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, el suscrito juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los motivos de disenso planteados por el quejoso con relación a la inconstitucionalidad que aduce de los actos combatidos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia VI, 1o.J/23 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII-XXIV (octubre-diciembre de 1989), Octava Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Conviene precisar que los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; empero, al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio."

  3. Principal

    Agréguese a los autos la razón actual de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario de la adscripción para notificar al quejoso Luis Manuel Vargas Castillo, en el Centro Preventivo y de Reinserción Social "licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, por las razones que expone. Atento a lo manifestado por el fedatario de la adscripción, requiérase a la Directora del Centro Preventivo y de Reinserción Social "licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifieste el motivo por el cual dicho quejoso ya no se encuentra interno en ese centro carcelario y, de ser el caso de que hubiese sido trasladado a diverso centro penitenciario, indique a cual fue trasladado. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o en caso de omitir manifestar la imposibilidad legal que tuviere para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero del dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

  4. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.

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