Luis Manuel Uc Hernandez

Expediente 1106/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1106/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Manuel Uc Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interponga recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, transcurre del once al dieciocho del mismo mes y año, con exclusión de los días doce, catorce y quince del mismo mes y año en curso, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Amparo, así como el día quince de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con Circular 12/2023 de ocho de marzo del presente año, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, agréguese a los autos el escrito firmado por *********, mediante el cual expresa su renuncia al recurso ordinario que procede contra el auto de seis de octubre de dos mil veintitrés y solicita la devolución de los documentos que acompañó a su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, dígase al promovente que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad su petición, por lo que deberá esperar a que transcurra el plazo con el que cuenta para interponer el recurso de queja y, en su caso, se declare firme el acuerdo de mérito, para que se dejen a su disposición los documentos que solicita. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ****** con el expediente 1106/2023-III, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema. DESECHAMIENTO Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y con base en presunciones. Sentado lo anterior, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a saber: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, concretamente cuando la improcedencia deriva del hecho de que el acto u omisión que se atribuye a la autoridad distinta de un tribunal, puede ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o procede en su contra juicio, recurso o medio de defensa legal, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos con los mismos alcances 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de Amparo 1106/2023-III que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los ahí consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Entonces, para acceder al juicio de amparo indirecto a fin de reclamar actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, será necesario agotar el principio de definitividad, siempre que: a) Conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. b) Con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. c) Sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva. d) Ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En el caso que nos ocupa, la quejosa reclama la boleta de infracción ****** impuesta por el Instituto Estatal de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de Campechede veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; así como el decomiso, puesta a disposición, aseguramiento y/o levantamiento del "pochimovil", el cual fue remitido al Depósito Vehicular Municipal de Carmen. Por consiguiente, la parte quejosa en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo contra el cobro de la 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis multa, debió agotar previamente el juicio contencioso administrativo estatal, competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, de conformidad con el artículo 4, fracción IV, de su la Ley Orgánica que establece: "ARTÍCULO 4. El Tribunal tendrá competencia y jurisdicción en todo el Estado de Campeche; residirá en la capital de la Entidad y conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas del Estado o de los Municipios". De esta manera, si del precepto transcrito, se colige que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche es competente para conocer de los juicios de nulidad promovidos contra actos que impongan multas por infracción a normas administrativas estatales, es factible concluir que en acatamiento al principio de definitividad, debió agotar previamente el juicio contencioso administrativo contra el cobro de la multa impuesta por el Instituto Estatal de Transporte de Campeche. Apoya a lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 22/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible libro 18, mayo de 2015, tomo II , página 1545, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS FEDERALES. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, INCLUSO SI SE CONTIENE EN ORDENAMIENTOS LABORALES Y LA IMPONE UNA AUTORIDAD LOCAL. De los artículos 123, apartado A, fracción XXXI y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que la aplicación de normas laborales corresponde a las autoridades de las entidades federativas, así como que la competencia de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo para dirimir controversias se acota a las suscitadas entre los gobernados y la administración pública estatal, con motivo de la aplicación de las leyes que rijan la actuación de sus dependencias; hipótesis que no se surte respecto de multas materialmente administrativas impuestas por 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de Amparo 1106/2023-III autoridades locales con motivo de infracciones a normas federales, en tanto que, respecto de ellas, existe disposición expresa en los artículos 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que reservan a ese órgano la competencia para conocer de estos asuntos. De esta manera, si la multa no se origina con motivo de una controversia entre la administración pública local y el gobernado, sino por infracción a disposiciones administrativas federales, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando se contenga en ordenamientos laborales y la imponga una autoridad local." Se expone lo anterior, ya que si el juicio de nulidad es un medio ordinario de defensa al alcance de la parte quejosa, mediante el cual puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; por tanto el quejoso debió agotarlo, previo a promover la instancia constitucional, máxime que la Ley Estatal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos a los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor al que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 28, marzo de dos mil dieciséis, tomo II, página mil ciento noventa y cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Asimismo, es de indicarse que este órgano jurisdiccional estima que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo ni en la tesis 2a. LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 191539, Novena Época, Materias(s): Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Julio de 2000, página 156, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de Amparo 1106/2023-III que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Se afirma lo anterior, por las consideraciones siguientes: 1) No se está en alguno de los casos que imponen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. 2) El acto reclamado no es del orden penal. 3) No se está en presencia de juicio o procedimiento alguno. 4) La quejosa no es tercero extraño, puesto que el acto reclamado no deriva de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio o iniciado de manera oficiosa. 5) Tampoco se advierte que se esté en el supuesto de actos que carezcan de fundamentación y motivación ya que dicho principio parte de la premisa que como el acto reclamado no tiene sustento alguno (ausencia total de fundamentación legal), no se le puede obligar al gobernado a tener que acudir a los medios ordinarios respectivos, pues desconoce las disposiciones legales en las que están previstos; supuesto en el que no se ubica la quejosa, pues en 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis el oficio reclamado se invocan los preceptos en los que se apoyó la autoridad para emitirlo. 6) De igual forma, no se advierte que se actualice la excepción consistente en que únicamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ******. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en su escrito de cuenta. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.d4.cc Carlos Eder Juarez Solis Juicio de Amparo 1106/2023-III usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar las notificaciones en el presente expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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