Luis Manuel Torres Manricker
Expediente 1115/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Manuel Torres Manricker
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que se manifestara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que ésta realizara manifestación alguna. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Mediante sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que el Gobernador del Estado de Michoacán, realizara lo siguiente: "De inmediato dé respuesta de manera congruente y exhaustiva, al escrito de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, o en su caso de estimar que no es legalmente competente para hacerlo deberá así declararlo y notificar dicha determinación.". En cumplimiento a lo anterior, la autoridad Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería del Ejecutivo del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en representación del Gobernador, mediante oficio CJEE/DACL/569/2022, presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ante este Juzgado de Distrito, remitió copia del diverso comunicado CJEE/DACL/630/2022, mediante el cual da contestación al quejoso respecto a su petición que presentó el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, con lo anterior, se estima que quedó cumplida la ejecutoria de amparo, ya que la responsable dio contestación a la parte quejosa. En consecuencia, este juzgado estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en este juicio; motivo por el cual se aprecia colmado el extremo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el goce de la garantía violada y sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta Instancia Constitucional, se declara que el fallo protector quedó cumplido. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio y anexo que remite el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el comunicado de mérito para que dentro del plazo de tres días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que el Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "De inmediato dé respuesta de manera congruente y exhaustiva, al escrito de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, o en su caso de estimar que no es legalmente competente para hacerlo deberá así declararlo y notificar dicha determinación.". Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Comuníquesele, que podrá remitir lo solicitado, por vía postal al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; por vía fax al número 01 44 33 21 54 41 o al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1115/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al encargado del despacho con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El encargado del despacho acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo actualmente en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda. Al respecto el encargado del despacho acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. En relación con lo anterior el encargado del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán y turnado a este órgano jurisdiccional el tres de diciembre de dos mil veintiuno, con residencia en esta ciudad, Luis Manuel Torres Manricker, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el expediente 1115/2021, posteriormente por auto de siete de diciembre del de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, en los términos propuestos por la parte promovente, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, y, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado es una omisión atribuida a una autoridad que tiene su asiento en el lugar en que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa al Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consiste en: La omisión de dar contestación a la petición formulada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y recibida el veintiocho siguiente, dirigida al Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Tercera. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, debe tenerse por cierto debido ya que la parte quejosa desvirtuó dicha negativa y acreditó su existencia. Lo anterior, de conformidad con la tesis VI.2º.A.4K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, de Febrero de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de registro digital 187728, de contenido siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Lo anterior es así, si tomamos en cuenta que la parte quejosa, anexó a su escrito de demanda de amparo adjuntó el acuse de correo certificado del Servicio Postal Mexicano, en el cual se advierte que recibió el escrito de solicitud el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. De igual forma, la responsable sustenta que es inexistente el acto reclamado debido a que aún no han transcurrido los treinta días que establece el artículo 28 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán para dar contestación. Sin embargo, ello es erróneo dado que si el escrito se presentó el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, los treinta días a que hace alusión la responsable comprendieron del veintinueve de octubre al catorce de diciembre de dos mil veintiuno, descontándose los días inhábiles. Por ello, queda en evidencia que no le asiste la razón a la autoridad responsable al referir que no se configura la omisión reclamada, porque se demostró que transcurrió el plazo de treinta días para dar contestación que refiere que establece el artículo 28 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Respecto al oficio señalado, el mismo se considera una probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En ese sentido, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo narrado, queda evidenciada la existencia del acto reclamado, a pesar de la negativa que formuló sobre éste la autoridad responsable. Es aplicable, en sentido contrario y por analogía la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causal de improcedencia ni este juzgador, de oficio, advierte la existencia de alguna; lo conducente es realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en su único concepto de violación, señala que existe una violación a su derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a su escrito de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y recibido el veintiocho siguiente, dirigido al Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad A efecto de estar en posibilidades de saber si asiste razón a la parte quejosa, es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 8° de la Constitución Federal Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Ahora, para considerar que la autoridad cumplió con lo ordenado en el artículo octavo constitucional, lo primordial es que reciba el escrito de petición que le es dirigido de manera escrita, pacífica y respetuosa. Estas formalidades, de ninguna manera obligan a la autoridad para resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso. Por tanto, resulta fundado el concepto de violación. El artículo 8° constitucional establece como garantía individual que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a lo que deberá recaer siempre un acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, quien tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Conocido lo anterior, conviene recordar que, atento el derecho previsto en el artículo 8° constitucional, lo debido era que la autoridad responsable se pronunciara de manera directa y clara sobre la procedencia de la petición formulada por la parte quejosa, lo que a la fecha no ha realizado. Sirve de apoyo a los razonamientos vertidos, la jurisprudencia XXI.1º.P.A. J/27, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, ubicada en el Tomo XXXIII, página 2167, de marzo de 2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 162603, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." En el caso en concreto, se advierte que la parte quejosa presentó su solicitud ante el Gobernador del Estado de Michoacán, de forma pacífica y respetuosa, sin que a la fecha haya dado contestación a la petición formulada. En consecuencia, está demostrada la violación de derechos aducida, por lo cual, atento el principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe resarcirse a la quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, a fin de que sea respetado el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional. En consecuencia, al estar demostrada la violación aducida, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sexto. Efectos de la sentencia de amparo. El artículo 77, fracción II, de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, lo que aquí sucede respecto del acto tildado de inconstitucional y por el que se concede la protección federal, el efecto será obligar a la responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En este caso, el Amparo y Protección de la Justicia deberá restituir a la impetrante en su derecho fundamental, para que la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán realice lo siguiente: De inmediato dé respuesta de manera congruente y exhaustiva, al escrito de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, o en su caso de estimar que no es legalmente competente para hacerlo deberá así declararlo y notificar la determinación que recaiga. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Manuel Torres Manricker, en contra de los actos analizados en el considerando quinto y para los efectos señalados en el diverso sexto de este fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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