Luis Manuel Serrano González
Expediente 391/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Manuel Serrano González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la determinación de trece de junio del año en curso en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida determinación HA CAUSADO EJECUTORIA.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas constancias, entre otras, del auto de uno de los actuales, donde se advierte que declaró cerrada la instrucción en el procedimiento laboral de donde deriva el acto reclamado. Documental que por ser pública, en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, merece valor probatorio pleno. Ahora, en el presente asunto el quejoso reclamó la omisión de la junta responsable en dar contestación al escrito presentado el once de enero de dos mil dieciocho, en el que solicitó el cierre de instrucción en el juicio laboral 10-2148/2013, acto respecto del cual se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer fuera de audiencia. Conforme a lo dispuesto en el arábigo indicado, el juicio de amparo es improcedente cuando el efecto del acto reclamado haya cesado antes del dictado de la sentencia. La hipótesis normativa prevista en el citado precepto legal se actualiza cuando el efecto del acto reclamado desaparezca o se destruya inmediata, total, incondicional y materialmente, supuesto en el que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial. Sobre esa hipótesis resulta ilustrativa por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, es dable precisar que, en el caso, se actualiza la hipótesis referida, pues en el caso concreto, la parte quejosa reclamó la omisión de declarar cerrada la instrucción en el juicio laboral 10-2148/2013. Sin embargo, esa omisión de la autoridad responsable cesó puesto que el uno de junio del presente año declaró cerrada la instrucción en el citado juicio. En ese sentido, con el dictado de dicha determinación cesaron los efectos de la omisión reclamada a la autoridad responsable, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales de la parte impetrante, ya fue reparada. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y procede decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, al ser clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, por lo que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de junio del año en curso.
- Principal
Vista la razón actuarial de este día de la que se advierte que no fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada Carnicería y Derivados Julián, virtud que el domicilio señalado para tal fin resultó incorrecto para ello. En esas condiciones, resérvese de proveer respeto de ese emplazamiento hasta en tanto la Junta responsable remita las constancias fuente del acto reclamado en apoyo a su informe de ser cierto el acto reclamado.
- Principal
Vista la razón actuarial de esta fecha de la que se advierte que no fue posible emplazar a juicio a la tercera interesada Carnicería y Derivados Julián, por las razones ahí expuestas. En torno a lo anterior, toda vez que de la lectura integral a la demanda de amparo se advierte un diverso domicilio de la tercera interesada en comento sito en avenida Patriotismo número 1319, colonia Huizaches de esta ciudad; en consecuencia, con copia simple de la demanda y del auto admisorio, proceda el Actuario a emplazarla a juicio, por conducto de quien legalmente la represente, debiéndola requerir para que en un término de tres días computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio procesal en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las subsiguientes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos.
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