Luis Manuel Rodriguez Bernabe
Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Manuel Rodriguez Bernabe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 842/2023-II, promovido por ********************, por conducto de su apoderada legal Anahí Trinidad Rojas, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su apoderada legal Anahí Trinidad Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS,. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS,.". ACTO RECLAMADO "Lo constituye de la primera la omisión de la responsable al negarse a observar lo que dispone los artículos 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil de Morelos del Estado de Morelos, así como los artículos 685, 686, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la materia, pues al día de hoy no ha podido desahogar la audiencia de ley. De la segunda la omisión dar contestación al oficio ******************** de fecha 21 de junio de 2022, así como el similar ******************** de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante los cuales se le solicita informe el tratamiento que le dio a las pruebas y/o documentales exhibidas dentro del expediente radicado ante ellos con el número ******************** de la parte demandada, mismas que son indispensables para continuar con el procedimiento, impidiendo con ello la celebración de la audiencia de ley contemplada en los artículos 115 al 117 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en relación a los principios procesales contemplada a los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo.". SEGUNDO. Admisión y audiencia constitucional. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 842/2023-II, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que, previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y actos que se les reclama son los siguientes: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se reclama la omisión de desahogar la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dentro del juicio laboral ********************. De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se reclama la omisión de contestar los oficios ******************** y ********************, de veintiuno de junio y doce de diciembre, ambos de dos mil veintidós, por los que se le solicitó se remitieran las pruebas exhibidas dentro del expediente laboral ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previamente al estudio de la inexistencia del acto reclamado, es pertinente destacar el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que estipulan: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ." "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. .". El artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el objetivo del juicio de amparo es resolver toda controversia que se origine por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, al analizar el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º, fracción I, y 75, se advierte, sin lugar a dudas, que los actos reclamados deben estudiarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis 133, con registro 1002199, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, de la octava época, materia común, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, pagina 156, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja.". Ahora bien, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de contestar el oficio ********************, de veintiuno de junio de dos mil veintidós, por el que se le solicitó se remitieran las pruebas exhibidas dentro del expediente laboral ********************. Sin embargo dicha certeza se desvirtúa pues de las copias certificadas que remitió la diversa autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistentes en las actuaciones del juicio laboral ********************, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la Junta responsable dio contestación a dicho oficio, el cual fue acordado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 137 y 138 del anexo). Documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias expedidas por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones legales. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, si de las constancias que integran los autos del juicio laboral ******************** y la copia certificada remitida por la propia Junta responsable junto con su informe justificado (foja 23), se advierte que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya dio contestación al oficio ********************, de veintiuno de junio de dos mil veintidós, fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo origen de este juicio -veintidós de junio de dos mil veintitrés- es evidente la inexistencia de la omisión que se reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En consecuencia, dado la inexistencia del acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se impone sobreseer en el juicio respecto del acto que se le atribuye, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. De la interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, 74, fracción I, y 117 de la Ley de Amparo, se advierten tres vías para acreditar la existencia de los actos reclamados, a saber: a) La prueba directa; b) La presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, salvo que exista prueba en contrario; y, c) El reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. La Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que la parte quejosa les reclamó, por lo que se tiene por ciertos lo actos consistentes en: A) Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de desahogar la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dentro del juicio laboral ********************. B) De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de contestar el oficio ********************, de doce de diciembre de dos mil veintidós, por el que se le solicitó se remitieran las pruebas exhibidas dentro del expediente laboral ********************. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se robustece con las copias certificadas relativas al juicio laboral ********************, que remitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos como justificante de su informe, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Ahora, previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse en virtud de que al quejoso no le asiste agravio personal y directo. La causa de inejercitabilidad es infundada, pues de las constancias de autos se advierte que ******************** es la parte actora en el juicio laboral ********************, por lo que contrario a lo manifestado por la citada autoridad, al quejoso sí le asiste un agravio personal y directo para promover este juicio de amparo, pues al ser parte procesal en el mencionado juicio tiene interés en que en este se respeten los plazos establecidos en la ley de la materia; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia aducida. En cambio, de oficio se advierte que respecto el acto reclamado consistente en la omisión de contestar el oficio ********************, de doce de diciembre de dos mil veintidós, por el que se le solicitó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitiera las pruebas exhibidas dentro del expediente laboral ********************, este amparo es improcedente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito indispensable que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora, de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al momento de rendir su informe, se advierte que adjuntó el acuse de recibo del oficio por el que dio contestación al diverso comunicado ********************, de doce de diciembre de dos mil veintidós, por el que se le solicitó se remitieran las pruebas exhibidas dentro del expediente laboral ******************** (foja 22 del juicio de amparo). Documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se advierte que ya se contestó el oficio cuya omisión reclamó la parte quejosa. Por tanto, si la parte quejosa reclamó la omisión de acordar el oficio ********************, de doce de diciembre de dos mil veintidós, por el que se le solicitó se remitieran las pruebas exhibidas dentro del expediente laboral ******************** y ya se proveyó sobre su contenido, entonces se concluye que ha cesado la omisión del acto reclamado. En consecuencia, no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto controvertido de la autoridad responsable, al no existir derecho humano que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se impone sobreseer en el juicio de amparo. Al no advertirse diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes o de oficio, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". En ese sentido, resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce, sustancialmente, que se transgrede en su perjuicio el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, en virtud de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ha omitido desahogar la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dentro del juicio laboral ********************, en los plazos a que se refiere el diverso numeral 117, debido, entre otras cosas, a que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos no ha remitido las pruebas exhibidas dentro del expediente radicado bajo el número ********************. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que en ellos se consagra el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. El derecho humano en comento, conforme al criterio del Alto Tribunal, posibilita que toda persona, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceda de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos, a saber: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo lo antes citado, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2015591, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, Página 151, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS, Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.". Ahora bien, resulta conveniente destacar a la literalidad el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El precepto constitucional antes transcrito establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que al momento de promoverse este juicio de amparo (veintidós de junio de dos mil veintitrés), la autoridad responsable aún no ha celebrado la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo anterior debido a que, entre otras cosas, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos no ha remitido las pruebas ofrecidas ante ella con motivo de la presentación, de manera inicial, de la demanda laboral promovida por el aquí quejoso, lo que originó la formación del juicio laboral ********************. Pruebas que fueron relacionadas en el acuerdo admisorio de prevención de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, tal como se advierte a foja 7 del anexo remitido por el Tribunal responsable como justificante de su informe, documentales previamente valoradas. Probanzas que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no adjuntó a su oficio ********************, de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, en virtud de haberse declarado legalmente incompetente para conocer del juicio laboral ********************, tal como se observa del acuse de recibo del oficio que remitió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (foja 58 del anexo), en donde se observa que únicamente adjuntó el expediente laboral en mención sin que se advierta haber adjuntado las pruebas que reseñó el Secretario General en la cuenta del mencionado proveído de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (foja 7 del anexo de pruebas), lo que también hizo constar el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve, al precisar que no se adjuntó el sobre de pruebas (foja 59 del anexo). Circunstancia que ha implicado que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sea omiso en desahogar la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En efecto, el artículo 117 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, señala que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. "Artículo 117.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas.". Ahora bien, en relación a las dilaciones presuntamente excesivas dentro de los procedimientos jurisdiccionales en la etapa previa al dictado de la resolución definitiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), señaló que, en materia laboral, para estimar actualizada la dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia por parte de las juntas, debe considerarse si han transcurrido cuarenta y días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, ya que, precisó, que ese periodo es el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, pues dicho numeral refiere el tiempo en el que la inactividad procesal por parte del trabajador provocaría la caducidad del procedimiento. La jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable en la Décima Época, Gaceta del Seminario de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Con base en el criterio transcrito y las constancias de autos citadas, se impone precisar si en el caso existe una dilación, la cual se advierte está acreditada en virtud de que desde el once de julio de dos mil diecinueve (fojas 85 y 86), fecha en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se avocó al conocimiento de la demanda laboral con motivo del conflicto competencial resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, no ha podido desahogar, dentro de los quince días siguientes, la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debido a que, entre otras cosas, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ha manifestado que no cuenta con ninguna prueba ofrecida en su juicio ********************. De lo anterior es posible concluir que el términos de quince días para celebrar la audiencia de ley a que se refiere el artículo 117 de la Ley del Servicio Civil, transcurrió a partir del día siguiente al once de julio de dos mil diecinueve (fojas 85 y 86), fecha en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos se avocó al conocimiento de la demanda laboral, el cual concluyó el quince de agosto de dos mil diecinueve, mientras que el plazo de cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), transcurrió el dieciséis de agosto al veintinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, la omisión de desahogar la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, denota que el citado Tribunal responsable ha omitido tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, lo cual a su vez ha retardado el procedimiento e impedido que el juicio sea substanciado dentro de los términos previstos en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Se reitera, que una de las razones por las cuales no se ha logrado el desahogo de la audiencia de ley, y la que aquí interesa, es que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos manifestó no contar con las pruebas exhibidas por la parte actora; sin embargo, contario a dicha afirmación se advierte que tanto en la primera hoja de la demanda laboral como en la certificación asentada por el Secretario General en el acuerdo de prevención de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 1 y 7 del anexo), la citada Junta sí precisó las pruebas que recibió junto con la demanda laboral, lo cual hace evidente que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos violó el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción en perjuicio de la parte quejosa, ya que desde el año dos mil diecinueve no ha logrado que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos realice las gestiones necesarias para buscar y remitir las pruebas ofrecidas junto con la demanda laboral y, hecho lo anterior, celebre la audiencia de ley. En esa tesitura, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta, como se adelantó, fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la violación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción de la quejosa, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tesitura, se concluye que la autoridad responsable excedió del plazo establecido en la ley para desahogar la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Motivo por el cual es evidente que la autoridad responsable infringió el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción del quejoso, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando sexto. Así, se otorga el amparo a la quejosa en contra del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de que, una vez que cause estado esta sentencia: 1. Realice todas las gestiones necesarias a efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, informe y remita las pruebas exhibidas por la parte actora, las cuales hizo constar en la primera hoja de la demanda laboral que registró bajo el número ********************, como en la certificación asentada por el Secretario General en el acuerdo de prevención de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 1 y 7 del anexo). 2. Hecho lo anterior, señale fecha para el desahogo de la audiencia de ley a que se refiere el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dentro de los quince días siguientes. Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes determinado, lo establecido por la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, Página 732, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que aún no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes con las constancias remitidas y la de celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual remite copias certificadas de todo lo actuado dentro del expediente ******, de su índice, por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de referencia para que se impongan de sus contenidos y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otro lado, para un mejor manejo de las constancias remitidas por la autoridad responsable, fórmese un anexo de pruebas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguense los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por conducto del Presidente y Tercer Árbitro y Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado de Morelos, por conducto de su Presidenta; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con los informes de referencia para que se impongan de sus contenidos y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con apoyo en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a los profesionistas que designan, y conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, del mismo ordenamiento legal, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, téngase al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, adjuntando copia certificada de la constancia en la cual se advierte que ******, cuenta con la personalidad de apoderada legal de *************, por lo que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, es admitida dicha personalidad en el presente juicio de amparo. En consecuencia, dado que en el auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto a las personas que se autorizan en términos amplios hasta en tanto fuera reconocida la personalidad con que se ostentaba la promovente de amparo, circunstancia que ya aconteció; por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas en términos amplios a las personas que refiere la promovente de amparo en el escrito inicial de demanda, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Además, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el ordinal 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, remita copias certificadas, completas, legibles y cronológicamente ordenadas de todo lo actuado en el expediente ********************, de su índice. Se apercibe a ********************Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos que de no hacer lo aquí requerido o de no manifestar la imposibilidad material o jurídica que tenga para dar cumplimiento a lo solicitado se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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