Luis Manuel Ramírez Marmolejo

Expediente 657/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
657/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Manuel Ramírez Marmolejo
  • José Jaime Rangel Briano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado...Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo... Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes... Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por su similar 09/2021. Así lo acordó y firmado electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario Juan Manuel Hernández Esparza quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 657/2021-V.

  2. Principal

    Visto el oficio que remite la Jueza de Primera Instancia en Materia Mixta con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho 22/2021, número de orden del índice de este juzgado, toda vez que no fue posible emplazar a los terceros interesados a Mauro Ibarra Rangel y Ma. De Jesús Rangel Silva en términos del auto dictado el uno de julio de dos mil veintiuno; por las razones que expone en el mismo; por tanto, acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponde. -SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOSAhora bien, del estado que guardan los autos, así como del contenido de las constancias que remitió en copia certificada la Jueza de Primera Instancia en Materia Mixta con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, se advierte lo siguiente: a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, se recibió la demanda de amparo promovida por Ángel Ciénega Ramírez, quien se ostentó como defensor particular de los quejosos Luis Manuel Ramírez Marmolejo, José Jaime Rangel Briano, Juan Carlos Rangel Ramos, Ricardo Zapata Ramos y Mario Rodríguez Hernández, contra actos de la Jueza de Primera Instancia en Materia Mixta con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Los actos reclamados se hicieron consistir en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro de la causa penal número 27/2010 del índice del juzgado responsable, por el delito de lesiones dolosas en riña. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se solicitó el informe justificado de ley. c) De las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, el uno de julio de dos mil veintiuno dictó la sentencia definitiva en los autos de la causa penal 27/2010. Dicho documento tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. De los anteriores antecedentes se obtiene que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es para el efecto de que fuera revisado el procedimiento en términos legales a la queja iniciada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se afirma que en el presenta asunto cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que el uno de julio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó sentencia dentro del proceso penal de su índice, actuación de la cual precisamente la parte quejosa reclamaba la omisión de dictarla. De tal manera, el presente juicio, ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad; es decir, la emisión de la sentencia correspondiente en el proceso penal de origen. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en razón de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas del dos de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos a los quejosos en términos del proveído de veinte de agosto de dos mil veintiuno que dice: Visto el oficio que remite la Jueza de Primera Instancia en Materia Mixta con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho 22/2021, número de orden del índice de este juzgado, toda vez que no fue posible emplazar a los terceros interesados a Mauro Ibarra Rangel y Ma. De Jesús Rangel Silva en términos del auto dictado el uno de julio de dos mil veintiuno; por las razones que expone en el mismo; por tanto, acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponde. -SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOSAhora bien, del estado que guardan los autos, así como del contenido de las constancias que remitió en copia certificada la Jueza de Primera Instancia en Materia Mixta con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, se advierte lo siguiente: a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, se recibió la demanda de amparo promovida por Ángel Ciénega Ramírez, quien se ostentó como defensor particular de los quejosos Luis Manuel Ramírez Marmolejo, José Jaime Rangel Briano, Juan Carlos Rangel Ramos, Ricardo Zapata Ramos y Mario Rodríguez Hernández, contra actos de la Jueza de Primera Instancia en Materia Mixta con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Los actos reclamados se hicieron consistir en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro de la causa penal número .... del índice del juzgado responsable, por el delito de lesiones dolosas en riña. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se solicitó el informe justificado de ley. c) De las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, el uno de julio de dos mil veintiuno dictó la sentencia definitiva en los autos de la causa penal .... Dicho documento tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. De los anteriores antecedentes se obtiene que en este juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es para el efecto de que fuera revisado el procedimiento en términos legales a la queja iniciada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL...." Se afirma que en el presenta asunto cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que el uno de julio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó sentencia dentro del proceso penal de su índice, actuación de la cual precisamente la parte quejosa reclamaba la omisión de dictarla. De tal manera, el presente juicio, ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad; es decir, la emisión de la sentencia correspondiente en el proceso penal de origen. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ..." Finalmente, en razón de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas del dos de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    -AUTORIDAD INFORMA - Visto el oficio suscrito por la Jueza de Primera Instancia en Materia Mixta con sede en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta de julio de dos mil veintiuno, informa que el despacho número 22/2021 y numero de orden 59/2021 de índice de este juzgado, se radicó bajo el diverso 41/2021, mismo que se encuentra pendiente de ser diligenciado, refiriendo que, en cuanto se logre la diligencia solicitada remitirá las constancias que lo integran. Notifíquese por lista a las partes que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 5/2021.

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