LUIS MANUEL QUIROZ CRUZ y Otros.
Expediente 949/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- LUIS MANUEL QUIROZ CRUZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***, quien refiere ser defensor particular de ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuyen a: Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Juventino Rosas. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 949/2023-II. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, emitido mediante videoconferencia, dentro de la causa penal ***, que negó acordar la revisión de medida cautelar. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Extemporaneidad. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado y, no obstante, deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta, en tales circunstancias, presume conformidad con el acto. Por su parte, de los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte como regla general, que el juicio constitucional debe instarse dentro del término de quince días, que se contabilizarán a partir del día siguiente: **** Así, la Ley de Amparo prevé tres formas fundamentales para computar el término de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda, todas con características propias, pues, de acuerdo con el criterio del Alto Tribunal de Justicia, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio constitucional fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de donde se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Análisis del caso concreto. Con base en este marco normativo, el acto reclamado se ubica dentro de la primera regla antes enunciada; ya que el promovente, bajo protesta de decir verdad, a las que se les otorga valor pleno como confesión, manifestó que el auto se emitió mediante videoconferencia el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, fecha que se toma como base, a razón de lo que se obtiene sobre lo referido por la parte quejosa. Por tanto, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto. Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto reclamado ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación, esto es, el dos de octubre del año en curso y feneció el seis de noviembre siguiente. Descontándose los días treinta de septiembre; uno, siete, ocho, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiocho y veintinueve de octubre; uno, dos, tres, cuatro y cinco de noviembre, todos del año actual, por ser inhábiles conforme al ordinal 19 de la legislación en consulta. Por tanto, debió promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surtió efectos la notificación del acto reclamado -veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés- y la demanda de amparo fue ingresada al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Guanajuato, con sede en Celaya, el diecisiete de noviembre del año en curso, tal como se corrobora de la evidencia criptográfica. Lo anterior evidencia que, la presentación sucedió de manera extemporánea conforme al siguiente calendario:**** En ese orden, cuando la parte quejosa tiene conocimiento del acto reclamado, al no estar en alguno de los casos de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, su presentación deviene extemporánea. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. **** Protesta de ley. **** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se le autoriza para acceder vía Internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, y, con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario ****. Instrucción al Oficial Judicial «A». Se instruye a la Oficial Judicial «A», adscrita a este órgano jurisdiccional, realice la habilitación electrónica correspondiente. Notificaciones a los quejosos privados de su libertad. No ha lugar a notificar las determinaciones a los quejosos privados de su libertad; ello, en atención a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de criterios 266/2021 dispuso que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción «o» tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Así, si en el presente asunto la parte quejosa cuenta con defensor, este juzgado cumple el mandato constitucional de acceso efectivo a la justicia, con notificar a aquél.
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