Luis Manuel Pulido García

Expediente 1162/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1162/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Manuel Pulido García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente de suspensión respectivo; por su parte, toda vez que se estima innecesaria la retención del cuaderno de pruebas remitido por el Juez responsable, se ordena su devolución. En otro aspecto, vistos los autos de incidente de suspensión derivado del presente asunto, se advierte que en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, se giró el despacho 682/2022 (348/2022-D) al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Zamora, Michoacán; atento a lo acordado previamente, se ordena dar de baja dicha comunicación oficial y asentar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Asimismo, como en los autos del incidente de suspensión se declaró sin materia la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General que regula este proceder administrativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la demanda que dio origen al presente asunto, se obtiene que Luis Manuel Pulido García, por propio derecho, reclamó del Juez y Actuario del Juzgado Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, actos emitidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 302/2022, consistentes en lo siguiente: "(.) De la Autoridad Ordenadora, se reclama: Que haya ordenado supuesta orden de embargo de bienes de mi patrimonio dentro de un juicio en el que no he sido vencido y en el que se me emplazó de forma ilegal sin que se me haya dado oportunidad de un defensa adecuada en la que pueda aportar mis pruebas. De la Autoridad Ejecutora. El ilegal, ventajoso y simulado emplazamiento del que fui objeto, del que puede derivar la pérdida de bienes de mi patrimonio mediante embargo sin que yo haya sido debidamente emplazado y vencido en juicio toda vez que se me ha negado la oportunidad de contestar en tiempo y forma la demanda y ofrecer pruebas de mi parte (.)". Ahora, en las constancias remitidas por las autoridades responsables como sustento de su informe justificado, se obtiene que por escrito presentado el treinta y uno de octubre del año en curso, el apoderado de la actora Caja Morelia Valladolid, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, aquí tercera interesada, desistió de la acción que originó el referido controvertido mercantil, al haberse dado por pagada de las prestaciones reclamadas; petición a la que recayó el proveído de cuatro de los actuales del tenor siguiente: "(.) con fundamento en el numeral 280 y 373 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en Materia Federal, y como lo solicita resulta procedente tenerle dándose por pagado de las prestaciones reclamadas en autos y desistiéndose de la acción, por lo que se autoriza devolver el documento base de la acción al propio demandado, previo recibo y constancia legal que se deje en autos; consecuentemente y llegado el momento, archívese el expediente como asunto concluido. Levántese embargo. (...)". Bajo esa óptica, quien suscribe estima actualizada la casual de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" De acuerdo con el numeral transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando hubiere operado un cambio de situación jurídica por el que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, la causal invocada se actualiza cuando por actos posteriores dentro del procedimiento natural, hubiera cambiado la situación jurídica del quejoso, de tal manera que los actos y las violaciones impugnadas deben considerarse irreparablemente consumadas, ya que de emitirse el pronunciamiento dentro del juicio de amparo se afectaría esa nueva situación. Los elementos que determinan el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación de jurídica, son: a) Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial, administrativo o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado; c) Que en el mismo procedimiento, sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; d) Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y, e) Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. Como se indicó previamente, en el presente asunto se reclama la orden de embargo -ejecutado el veinticinco de octubre pasado-, así como el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 302/2022; empero, como se hizo relación, previa solicitud de la institución de crédito, por conducto de su representante, en proveído de cuatro de noviembre actual se le tuvo desistida de la acción, se dejó el documento base de la acción a disposición del demandado y se dejó sin efectos el embargo; por tanto, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los actos de molestia, al haberse producido nuevos actos que agotan los efectos de tales actuaciones. Lo anterior habida cuenta que se ha creado un nuevo estatus jurídico en el juicio de origen, que antes no se encontraba actualizada, por lo que es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica de los quejosos. Por las razones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 9/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 265, con registro digital 172714, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, haciéndose innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la demanda que dio origen al presente asunto, se obtiene que Luis Manuel Pulido García, por propio derecho, reclamó del Juez y Actuario del Juzgado Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, actos emitidos dentro del juicio ejecutivo mercantil 302/2022, consistentes en lo siguiente: "(.) De la Autoridad Ordenadora, se reclama: Que haya ordenado supuesta orden de embargo de bienes de mi patrimonio dentro de un juicio en el que no he sido vencido y en el que se me emplazó de forma ilegal sin que se me haya dado oportunidad de un defensa adecuada en la que pueda aportar mis pruebas. De la Autoridad Ejecutora. El ilegal, ventajoso y simulado emplazamiento del que fui objeto, del que puede derivar la pérdida de bienes de mi patrimonio mediante embargo sin que yo haya sido debidamente emplazado y vencido en juicio toda vez que se me ha negado la oportunidad de contestar en tiempo y forma la demanda y ofrecer pruebas de mi parte (.)". Ahora, en las constancias remitidas por las autoridades responsables como sustento de su informe justificado, se obtiene que por escrito presentado el treinta y uno de octubre del año en curso, el apoderado de la actora Caja Morelia Valladolid, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, aquí tercera interesada, desistió de la acción que originó el referido controvertido mercantil, al haberse dado por pagada de las prestaciones reclamadas; petición a la que recayó el proveído de cuatro de los actuales del tenor siguiente: "(.) con fundamento en el numeral 280 y 373 fracción II del Código de Procedimientos Civiles en Materia Federal, y como lo solicita resulta procedente tenerle dándose por pagado de las prestaciones reclamadas en autos y desistiéndose de la acción, por lo que se autoriza devolver el documento base de la acción al propio demandado, previo recibo y constancia legal que se deje en autos; consecuentemente y llegado el momento, archívese el expediente como asunto concluido. Levántese embargo. (...)". Bajo esa óptica, quien suscribe estima actualizada la casual de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" De acuerdo con el numeral transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando hubiere operado un cambio de situación jurídica por el que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, la causal invocada se actualiza cuando por actos posteriores dentro del procedimiento natural, hubiera cambiado la situación jurídica del quejoso, de tal manera que los actos y las violaciones impugnadas deben considerarse irreparablemente consumadas, ya que de emitirse el pronunciamiento dentro del juicio de amparo se afectaría esa nueva situación. Los elementos que determinan el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación de jurídica, son: a) Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial, administrativo o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado; c) Que en el mismo procedimiento, sobrevenga otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; d) Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y, e) Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. Como se indicó previamente, en el presente asunto se reclama la orden de embargo -ejecutado el veinticinco de octubre pasado-, así como el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 302/2022; empero, como se hizo relación, previa solicitud de la institución de crédito, por conducto de su representante, en proveído de cuatro de noviembre actual se le tuvo desistida de la acción, se dejó el documento base de la acción a disposición del demandado y se dejó sin efectos el embargo; por tanto, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los actos de molestia, al haberse producido nuevos actos que agotan los efectos de tales actuaciones. Lo anterior habida cuenta que se ha creado un nuevo estatus jurídico en el juicio de origen, que antes no se encontraba actualizada, por lo que es incuestionable que se generó un cambio en la situación jurídica de los quejosos. Por las razones que contiene, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 9/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 265, con registro digital 172714, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, haciéndose innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    *****RESUELVE:****************************************ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de suspensión promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de esta interlocutoria.****************************************Notifíquese.

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