Luis Manuel Picazo Montes

Expediente 1415/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1415/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Manuel Picazo Montes
  • LUIS MANUEL PICAZO MONTES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos el sobre de cuenta que devuelve el Administrador de Correos, con sede en Tepic, Nayarit, mismo que contiene el oficio 2943-V de veintidós de agosto de dos mil veintitrés dirigido al Titular de Estación Bucerías de Seguridad a Vías de Comunicación Nayarit de la Guardia Nacional, con sede en La Cruz de Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por los motivos que en el mismo se exponen; sin que sea el caso ordenar la reexpedición de dicha comunicación, toda vez que por auto de dieciocho de septiembre último se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos el ocurso de cuenta firmado por María del Carmen Vega Vega, en su carácter de autorizada del quejoso LUIS MANUEL PICAZO MONTES, por medio del cual exhibe documental; sin embargo, dígasele a la promovente que se deberá estar al estado procesal que guardan los presentes autos, toda vez que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, por los motivos que en dicha determinación se expusieron, mismo que se encuentra notificado a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio GN/UAJT/DGAC/11013/2013 signado por el Director de Área, adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós el quejoso LUIS MANUEL PICAZO MONTES, presentó su renuncia voluntaria como miembro de esa corporación policiaca. Ahora, en el presente caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, la que se aborda a su estudio en este momento procesal, por ser manifiesta e indudable, en atención a lo que dispone la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a/J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, de rubro que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Dicho precepto legal y fracción invocada, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En efecto, el quejoso LUIS MANUEL PICAZO MONTES, reclama el oficio GN/UOEC/DGSCI/9890/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, y el diverso oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, por medio de los cuales se le informa su cambio de adscripción a la UNIDAD DE APOYO AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL DENOMINDA, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES, con sede en la Ciudad de México. Lo anterior, ya que a pesar de que siguen subsistiendo, su objeto o materia dejó de existir. Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el pleno goce de su derechos vulnerados, se han establecidos diversos requisitos de procedencia en el juicio de amparo que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, antes referida, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. En el presente caso, de las constancias que allegó el Director de Área, adscrito a la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, con sede en Ciudad de México, a su oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º, se aprecia el acuerdo de conclusión de servicio de doce de enero de dos mil veintitrés, que celebró, por una parte, el Órgano Administrativo Desconcentrado Guardia Nacional, representado por su Titular de la Coordinación de Administración y Finanzas, y por otra, el Suboficial Luis Manuel Picazo Montes, aquí quejoso, con lo cual se dio por terminada la relación jurídica que los unía. Por consiguiente, los actos reclamados motivo de este análisis, aun cuando subsistan en la esfera jurídica de la parte quejosa, el objeto o materia de éstos ha dejado de existir, pues al presentar su renuncia voluntaria, los efectos y consecuencias del oficio GN/UOEC/DGSCI/9890/2022, de veinticinco de julio de dos mil veintidós, y del diverso GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, por medio de los cuales se le informaba su cambio de adscripción a la UNIDAD DE APOYO AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL DENOMINDA, DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ESPECIALES, con sede en la Ciudad de México, su objeto o materia dejaron de existir debido a su renuncia voluntaria. Al respecto, cabe citar la tesis 52, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, tomo VI, Común, P.R. SCJN, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, página 189, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese sentido, con fundamento en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; pues no obstante de que los actos reclamados subsisten en el mundo jurídico, su objeto o materia ya dejó de existir. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de trece de julio del presente año se tuvo a María del Carmen Vega Vega, autorizada de la parte quejosa, manifestando que la autoridad responsable que estaba señalada como Titular de la Estación Bucerias, dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de Nayarit, tiene como denominación correcta la de Titular de Estación Bucerias de Seguridad a Vias de Comunicación Nayarit de la Guardia Nacional, misma que tiene su sede en La Cruz de Huanacaxtle, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. En consecuencia, con esa designación, mediante atento oficio y con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, las cuales deben remitirse debidamente legibles y completas; al efecto, de conformidad con el citado artículo, se hace saber y se exhorta a la autoridad responsable para que de ser posible, remita tales constancias en forma digital y a través de medios magnéticos, indicándole que si la exhibición fuera en formato electrónico o digital, esas constancias deberán estar debidamente autenticadas por la autoridad responsable, con lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga procesal que les impone el artículo 117 de la ley de la materia. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFIQUESE.

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