Luis Manuel Pérez López

Expediente 483/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
483/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Manuel Pérez López
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México
  • Luis Manuel Pérez López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que el quejoso y la Agente del Ministerio Público adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintidós de septiembre de este año; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación que negó el amparo solicitado en este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, mediante lista a los terceros interesados y por oficio a las autoridades tercero interesada y responsables. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia en el juicio de amparo 483/2021-II, promovido por ********, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este periodo, con fundamento en el artículo 119 de la legislación de amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas del quejoso la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana y de la juez responsable los tres discos compactos en formato DVD que adjunto a su informe con justificación. Acto el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin más pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que el quejoso, los vertió mediante escrito con registro 5796; asimismo, que los terceros interesados no hicieron uso de ese derecho y que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita los formuló a través del pedimento 8/2021. Se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 483/2021-II promovido por *********; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado el día siguiente hábil, *********, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. II. Por acuerdo del treinta y uno de mayo de dos del dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 483/2021-II; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; tuvo por emplazados a Los terceros interesados Cadena Comercial Oxxo, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada licenciada ********, así como a ********, ******** y a la Agente del Ministerio Público encargada de la causa de control 41/2021, licenciada ********; finalmente, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad jurisdiccional que radica dentro de la jurisdicción que corresponde a este órgano. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: a) La negativa de la Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México de admitir la solicitud del quejoso para el otorgamiento de amnistía. b) La omisión de aplicar el principio pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó parcialmente los actos reclamados. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. No habiendo causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertida por el suscrito, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. La parte quejosa refiere de manera sustancial en sus conceptos de violación que en la determinación reclamada: - La juez responsable vulnera el derecho fundamental consagrado en el primer párrafo del artículo 14 Constitucional interpretado a contrario sensu, al no aplicar la ley que más beneficie al gobernado, dado que negó su petición de otorgarle la amnistía, por considerar que la Ley de Amnistía, sólo es aplicable a los delitos cometidos hasta su entrada en vigor, sin considerar que la aplicación de esa ley le resulta más benéfica, violentando con ello el principio de aplicación de la norma de manera retroactiva en beneficio del reo (ultractividad). - La juez debió considerar que la ley de amnistía es la que más le beneficia aplicando el principio pro persona por lo que no debe existir una restricción para aplicar reglas posteriores o anteriores que se consideren más benéficas. - Que los actos reclamados violan en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 1o. Constitucional, en virtud de que las autoridades del Estado Mexicano al momento de aplicar las disposiciones en materia penal, están obligadas a interpretarlas de acuerdo a los preceptos constitucionales y para el caso de que existan varias posibilidades de interpretación deberán elegir aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución, lo que en el caso no acontece dado que el juez responsable sólo se limitó a hacer una exacta aplicación de la ley de amnistía dejando de velar por los derechos humanos y la ley que más le favorezca, al no realizar un análisis para aplicarle la ley que más le beneficie por tratarse del derecho humano a la libertad. En relación con tales planteamientos, importa tener en cuenta la determinación que constituye el acto reclamado, consiste en el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, en el expediente relativo a la solicitud de amnistía 10/2021, relativo a la causa de control 41/2021, instruida al quejoso por la comisión del delito de robo con modificativa agravante de cometerse con violencia. En dicho auto, la juez de control precisó que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley de Amnistía para el Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno de dicha entidad federativa, el cinco de enero de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente, esta sólo es aplicable a los delitos cometidos hasta la entrada en vigor de dicha ley; de modo que si los hechos por los que se instruyó la causa penal al aquí quejoso ocurrieron el siete de abril de dos mil veintiuno, esto es, posterior a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía del Estado de México, no le resulta aplicable. Por tanto, la Juez de Control responsable atento a la temporalidad de aplicación de la Ley de Amnistía, desechó por improcedente la solicitud para el otorgamiento de amnistía, sin que pudiera promover nuevamente su solicitud, con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo, de la mencionada ley, con relación al numeral 10, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por el que se establecen los Lineamientos que Norman el Procedimiento en los Órganos Jurisdiccionales en Materia Penal, a fin de sustanciar las solicitudes de amnistía conforme a la ley de amnistía estatal. Destacó la juez responsable, que no era óbice a esa determinación, los argumentos formulados por el solicitante de amnistía relativo a la aplicación de la norma que mayor le beneficio le acarrea, como lo es la Ley de Amnistía, pues no resultan aplicables al caso, habida cuenta que como quedó argumentado dicha ley sólo es aplicable a conductas delictivas cometidas previo a su entrada en vigor. De la confrontación de los conceptos de violación que el ahora quejoso expone, en relación con las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, ponen de manifiesto lo infundado de concepto de violación. En efecto, de la exposición de motivos de la Ley de Amnistía, se advierte lo siguiente: "La amnistía es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos comenzados o que han de comenzarse. Figura en la que esencialmente deben definirse los delitos en los que se podrá aplicar, las atribuciones y alcances de las autoridades que intervienen, los procedimientos a desarrollar, la legitimidad para presentar la solicitud, los tiempos de respuesta, entre otros. (.) A pesar de ello, nuestro sistema de corte acusatorio no ha dejado de generar una cantidad considerable de víctimas de violaciones de derechos humanos y a garantías en los procesos, destacando violaciones al debido proceso, a la libertad, igualdad e integridad de las personas, que en la gran mayoría de las ocasiones se cometen en contra de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del año 2016, realizada con el propósito de generar información sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población de 18 años en adelante, privada legalmente de la libertad como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de un delito, señala que el 36.9% de la población compartió o comparte celda con más de 15 personas, y que el 97.4% de la población reclusa trabajaba previo a su privación de la libertad y tenían dependientes económicos. Otro de los datos duros es el hecho de que del 100% de la población privada de la libertad, tan solo el 17% delinquió previamente y admitió haber estado en una cárcel, siendo el delito de robo el de mayor comisión con el 65.9%, lo que nos permite concluir que el 83% de la población privada de la libertad son delincuentes primarios recluidos por delitos patrimoniales como el robo. (.) De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México, no se puede hablar de una verdadera reinserción social cuando hay poco más de treinta mil personas privadas de su libertad en veintidós penales estatales, cuya capacidad está dispuesta para trece mil reos. Por ello, surge la necesidad de una despresurización de estos centros, basada en figuras como la amnistía y no en construcción de más penales. ." De conformidad con la exposición de motivos de la Ley de Amnistía, esta es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos comenzados o que han de comenzarse. Figura en la que esencialmente deben definirse los delitos en los que se podrá aplicar, las atribuciones y alcances de las autoridades que intervienen, los procedimientos a desarrollar, la legitimidad para presentar la solicitud, los tiempos de respuesta, entre otros; y su expedición obedeció al hecho de que conforme a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año dos mil dieciséis, entre otros datos se obtuvo que el delito de robo es el de mayor comisión con el 65.9%, lo que permitía concluir que el 83% de la población privada de la libertad son delincuentes primarios recluidos por delitos patrimoniales como el robo. Por ello surgió la necesidad de despresurizar los centros preventivos de readaptación social, basada en figuras como la amnistía y no en construcción de más penales, con lo que se buscó beneficiar a los grupos poblacionales más vulnerables; sin embargo, bajo ninguna circunstancia se otorgaría amnistía a quienes hubieran cometido algún delito mayor o grave, fueran reincidentes o delinquieran con habitualidad, porque existía el compromiso con la protección a las víctimas y evitar a toda costa la revictimización. En ese contexto, podemos considerar que la expedición de la Ley de Amnistía obedeció a una cuestión de política criminal, esto es, a mitigar la sobrepoblación de los penales, dado el alto índice de personas presas por diversos delitos que no se consideran de alto impacto, como aborto, robo simple y con violencia, en este último caso siempre que concurrieran una seria de circunstancias. De lo anterior, se colige que la amnistía, como acto del poder social, tiene por resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han pasado antes de ella, suprime la infracción, la persecución del delito, la formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se detiene delante de la imposibilidad de los hechos. De ese modo, las normas que contemplen la amnistía, como lo es Ley de Amnistía para el Estado de México, su naturaleza radica en regular hechos que ocurrieron en el pasado, como es el caso pues uno de los motivos fue la sobrepoblación en los centros preventivos de readaptación social, de modo que no es posible aplicarlo a hechos surgidos con posterioridad a su entrada en vigor, sobre todo sí es el legislador quien impone esa restricción. Sostener lo contrario, esto es, que se aplique hacia hechos posteriores a la vigencia de la Ley de Amnistía, implicaría fomentar la comisión de los delitos contemplados en esa ley, a sabiendas de que en un momento dado el sujeto activo del delito se puede ver favorecido en con dicho beneficio. En ese orden de ideas, el artículo 1o. de la Ley de Amnistía del Estado de México, establece: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en el Estado de México, y tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en ésta Ley, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará." Del numeral transcrito, se advierte que dicha legislación tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en la propia norma, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre que no sean reincidentes por el delito que se beneficiará. Con lo anterior, se corrobora la naturaleza de las normas que regulan la figura de la amnistía, sus efectos radican hacia al pasado y en el caso no fue la excepción, pues resulta evidente que la intención del legislador no es otra sino la de favorecer a todas las personas que satisfaciendo los demás requisitos señalados por dicha ley, hubiesen cometido el hecho delictuoso con anterioridad a la vigencia de la misma. En ese contexto, se estima que el acuerdo que constituye el acto reclamado, se emitió con apego a derecho, pues como bien lo sostuvo la juez responsable, acorde con el artículo 1o. de la Ley de Amnistía del Estado de México, esta sólo es aplicable a los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, pues no podemos soslayar que dicha legislación surgió a raíz de la necesidad de mitigar la sobrepoblación en los centros penitenciarios, sobre todo respecto de aquellas personas que cometieron delitos de bajo impacto, de ahí la restricción de limitar su aplicación a hechos delictivos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. Por tanto, si los hechos atribuidos al ahora quejoso ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía del Estado de México, es claro que no puede verse beneficiado con dicha legislación, ni aun acudiendo a la aplicación retroactiva en su beneficio en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que una norma debe aplicarse retroactivamente a un particular cuando tal circunstancia le beneficie, este principio, que se deduce de la interpretación lógica del primer párrafo del artículo 14 constitucional, no opera cuando es la propia norma la que establece que los supuestos que regula sólo serán aplicables a partir de su entrada en vigor, excluyendo expresamente todas aquellas situaciones que se generaron con anterioridad a ella. No aceptar tal interpretación equivaldría a desconocer el principio de legalidad que también emana de la Constitución Federal, pues así, bajo el supuesto de una aplicación retroactiva en beneficio de un particular, se desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador quien, por las razones que haya estimado convenientes, dispuso con toda precisión que el nuevo régimen sólo opere hacia el futuro, vedando así cualquier aplicación retroactiva a sus postulados. Congruente con lo anterior, no escapa a la atención del suscrito la existencia del principio "pro homine o pro persona" que invoca el quejoso como una regla de interpretación y aplicación de normas de derechos humanos, consistente en acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trate de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites a su ejercicio (vertientes de preferencia normativa o interpretativa). En el caso, dicho mandamiento constitucional no tiene aplicabilidad, porque no estamos en presencia de dos normas o interpretaciones que nos exijan estar a lo que más beneficia o menos perjudica al sentenciado, sino frente a un único dispositivo que no exige ninguna interpretación, porque su simple lectura permite advertir que el legislador fue el que restringió su aplicación a hechos ocurridos hasta antes de su entrada en vigor, de modo que el principio pro persona de éste no deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 906, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2004748, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Así al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, no se formula mayor pronunciamiento respecto de los alegatos expuestos por la parte quejosa, pues los mismos no forman parte de la litis en este juicio; esto con fundamento en la jurisprudencia P./J. 27/94, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, contra actos reclamados a la Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, por las razones establecidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, mediante lista a los terceros interesados y por oficio a las autoridades tercero interesada y responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez Estado de México veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, del que se advierte que el dieciocho de agosto del año en curso, se dio vista a la parte tercero interesada con el informe justificado que obra en autos y con las constancias que lo apoyan, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo Notifíquese; vía electrónica al quejoso y mediante lista electrónica a los terceros interesados. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que feneció el plazo de tres días concedido a la moral tercero interesada para que señalara domicilio dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y háganse las notificaciones por lista electrónica de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Téngase al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, devolviendo parcialmente diligenciado el exhorto 232/2021-II (orden 232/2021-II) derivado del juicio de amparo en que se actúa. Ahora, visto el contenido de los oficios de cuenta, se advierte que se emplazó a juicio a la moral *******************, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderada *******************. Con el informe que obra en autos y anexos, dése vista a dicha parte para que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese vía electrónica al quejoso y mediante lista electrónica a los terceros interesados. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano